El juicio por el caso Puerto Calanda, en el que un proyecto para crear una industria de hortalizas precocinadas recibió 2,6 millones de euros de ayudas públicas sin que la planta llegara siquiera a construirse, se celebró este martes en la Audiencia de Teruel sin el principal acusado, José Luis G. P., el promotor de la iniciativa. El empresario, de Lérida, ha perdido la razón y está en tratamiento psiquiátrico, un motivo que ya obligó a aplazar la vista en 3 ocasiones y que impide que sea juzgado.
El proceso sigue, sin embargo, contra otros cinco acusados que este martes comparecieron en la sala. Son Diana S. y Luis G., expareja sentimental e hijo del empresario, respectivamente; el matrimonio amigo del industrial formado por Leonor G. y Fermín B.; y la hija de estos, Dolores. Todos ellos firmaron como socios, apoderados, administradores o tesoreros en documentos de algunas de las diez empresas que creó el principal acusado y que, según la Fiscalía de Teruel y el Abogado del Estado, no eran sino sociedades instrumentales que permitieron destinar el dinero de la subvención al «enriquecimiento personal» de los implicados y a proyectos, también fallidos, en Lérida.
Los acusados coincidieron en que era José Luis G. P. quien controlaba las empresas y que firmaron en los documentos sin conocer el contenido de estos. Negaron, además, haberse beneficiado en lo más mínimo del dinero de la subvención, que acabó, según el seguimiento realizado por la Policía, no en el desarrollo empresarial de Calanda, sino en la compra de un chalé en Lérida, dos coches de alta gama, diversas extracciones bancarias y otros negocios también en la provincia leridana.
Los policías que realizaron la investigación y que este martes comparecieron por videoconferencia, afirmaron que el empresario puso al frente de su entramado societario ficticio a personas que, en el caso de Leonor G. y Fermín B., carecían de la formación y cultura necesarias para desempeñar esa responsabilidad. El propio Fermín B., que aparece como secretario consejero de varias empresas vinculadas a Puerto Calanda, subrayó en su declaración que no sabe «leer ni escribir».
Tras la práctica de las pruebas, el fiscal mantuvo que Diana S. es responsable de un delito de fraude de subvenciones y otro de blanqueo de dinero por los que pide para ella 5 años de prisión, una multa de 10,2 millones de euros y la devolución de los 2,6 millones de fondos públicos. El Abogado del Estado retiró la acusación contra Luis G., Fermín B. y Dolores, y pidió 10 años y medio de cárcel, multa de 5,2 millones de euros y la devolución de la subvención para Diana S., y un año y medio de cárcel para Leonor G. como cómplice en el fraude.
2,6 millones de euros pagados por la administración sin empezar las obras?
Igual alguien más tendría que estar siendo juzgado.