IU presenta una PNL en las Cortes de Aragón que propone criterios de concurrencia competitiva para recibir ayudas
La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, denunció ayer haberse sentido «discriminada» por parte del Gobierno de Aragón durante el proceso de presentación de los proyectos municipales que optan a las ayudas destinadas a infraestructuras del Plan del Carbón 2013-2018. «La gran mayoría de los alcaldes vinieron al Pignatelli a explicar a técnicos de las Mesa de la Minería sus proyectos. A mí ni siquera me llamaron», destacó la primer edil que subrayó que ha solicitado varios encuentros y que no ha recibido respuesta. Ciércoles celebró que la Mesa de la Minería esté revisando los criterios de reparto, tal y como publicó este medio el martes, y reiteró que IU siempre ha defendido un proceso de «concurrencia competitiva» en el caso de las infraestructuras municipales.
La acaldesa realizó estas declaraciones ayer en Zaragoza, durante una rueda de prensa en las Cortes de Aragón junto a la diputada de IU, Patricia Luquin. Ambas citaron a los medios para presentar una Proposición no de Ley que han registrado en el parlamento autonómico y que tiene que ver con la gestión, destino y reparto de los fondos mineros.
El texto de la PNL expone el malestar que manifestaron agentes sociales y empresariales de la cuenca minera tras conocer la lista de priorización de proyectos que obtarán a las ayudas a grandes y pequeñas iniciativas empresariales. A excepción de Mequinenza, los proyectos se ubicarán en municipios que nada tienen que ver con la actividad minera como Fraga, Torrente de Cinca, Muniesa y Alcañiz. Ante esta situación, IU insta al Gobierno de España ha modificar con urgencia las bases reguladoras para la concesión de ayudas. IU propone priorizar las ayudas en los «municipios muy afectados» por el proceso de cierre, flexibilizando los procedimientos de adjudicación a los proyectos empresariales y aumentando las cantidades a recibir por cada empleo creado. Además, aboga por «incorporar una nueva línea de ayuda de financiación a través del mecanismo de concesión de créditos bonificados y créditos participativos para aumentar las posibilidades de atracción de nuevos proyectos».
Izquierda Unida también pide renovar el Plan del Carbón cuatro años más a partir de 2018 e implementar las condiciones necesarias para atraer algún proyecto empresarial «de envergadura con participación pública en el capital social».
Las ayudas a infraestructuras
Durante su intervención, Luquin se refirió a las ayudas a las infraestructuras y subrayó que se han perdido, por el momento, 200 millones de euros destinados a esta línea.
Precisamente estas ayudas han sido objeto de debate en las últimas semanas. Tanto que el grupo técnico de la Minería de Aragón acordó el pasado lunes replantear los criterios y baremos de selección de proyectos. Los miembros de esta mesa han presentado propuestas a lo largo de esta semana y el próximo martes se establecerá un borrador en una reunión prevista en el Pignatelli.
No obstante, cabe destacar que la Mesa solo prioriza los proyectos, y que es en Madrid donde se toman las decisiones finales.
Al respecto, cabe recordar que el último Plan del Carbón 2013-2018 recoge una cantidad de 250 millones de euros para dedicar a proyectos de este tipo en todas las cuencas mineras del país. No obstante, por el momento no se ha gastado ni un euro. La única posibilidad para cumplir con el texto es que el Gobierno destine 125 millones en 2017 y otros 125, en 2018.
