La Cámara de Cuentas asegura que el FITE no ha resuelto los problemas de la provincia

El informe del órgano fiscalizador, del periodo 1993-2016, indica que no se han ejecutado 86 millones

Las políticas públicas puestas en marcha en la provincia de Teruel han contribuido a la generación de renta y de riqueza, pero no han solucionado los principales problemas que sufre el territorio: como la despoblación o el encarecimiento de los servicios públicos. Estas son las principales conclusiones que extrae la Cámara de Cuentas de Aragón del informe de fiscalización del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) desde su creación, en 1993, hasta el 2016. De la misma manera, el FITE acumula inejecuciones por valor de 85,7 millones de euros de los 934 consignados desde que se constituyó el fondo en 1993, de los que 39,2 millones de euros corresponden a fondos no ejecutados en el periodo 2013-2016.

Apunta el órgano fiscalizador que de los 934 millones consignador en el periodo 1993-2016 se han financiado proyectos por 848,32, pero alerta de que su contribución sobre la economía turolense, aunque positiva, es limitada, puesto que solo representa el 1,5 por ciento del PIB provincial en los últimos años.

En el periodo concreto de 2013 a 2016 se han dejado de ejecutar 39,32 millones que, en teoría, no pueden reasignarse a otros usos, con lo que la Administración General del Estado podría solicitar el reintegro del 50 % que ha aportado, 19,5 millones en total.

Los proyectos financiados por el FITE deberían ser adicionales a las inversiones ordinarias que la Comunidad está obligada a hacer en todo el territorio, se precisa en el informe. Este objetivo de adicionalidad se cumple en el bloque de proyectos estratégicos y singulares, que es el que más recursos ha consumido entre 1993 y 2016, con 361,5 millones de euros (el 42,6 % del total).

En este capítulo se incluyen la Ciudad del Motor de Alcañiz (131,8 millones recibidos), el Aeropuerto de Teruel (50,51 millones), Dinópolis (27,66) el sistema ferroviario de Platea (17,11), la propia plataforma logística (13,03), la vía perimetral de barrios de Teruel (11,11), la red integrada de servicios digitales (10,24), la alternativa al Plan Miner (9,41) y la estación de esquí de Javalambre y sus accesos (8,66).

La Cámara de Cuentas precisa que el FITE ha mejorado las dotaciones de algunas infraestructuras públicas, especialmente carreteras de las entidades locales, pero la brecha que las separa del resto de Aragón y de España "apenas se ha corregido". En infraestructuras ferroviarias e hidráulicas, que el FITE no ha financiado o solo tangencialmente, la brecha "ha aumentado". El FITE se creó para compensar la exclusión de Aragón del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por ser su renta per cápita superior al 75 % de la media de la UE, dados los desequilibrios territoriales en la provincia de Teruel con respecto a Zaragoza y Huesca.

Para el órgano fiscalizador, las reglas de gestión del FITE son "escuetas e imprecisas", ya que no se define qué es un proyecto de inversión ni se fijan indicadores para medir si cumplen los objetivos de promover renta y empleo. Además, el FITE ha financiado actuaciones que "es cuestionable que puedan ser consideradas verdaderos proyectos de inversión", algo que sucede en el ejercicio de 2016 con 10,75 millones de euros. En todo el periodo destacan las ampliaciones de capital para cubrir pérdidas en la Ciudad del Motor.

Otras incidencias detectadas son la demora excesiva en el cierre de las anualidades y la falta de regulación en cuanto al procedimiento de selección de los proyectos, ya que no constan actas que justifiquen el reparto de fondos entre los distintos departamentos. La discrecionalidad es "especialmente relevante" en el caso de las subvenciones directas a las entidades locales e instituciones sin ánimo de lucro.

Ante todo ello, la Cámara de Cuentas emite varias recomendaciones, entre ellas mejorar la coordinación entre las administraciones estatal y autonómica para conseguir una gestión eficaz y acometer una planificación con un amplio horizonte temporal con convenios plurianuales para proyectos de mayor envergadura.

También que estos sean realmente adicionales a las inversiones ordinarias y que, dada la insuficiencia de infraestructuras y la deficiente prestación de servicios básicos, se puedan incluir como proyectos generadores de renta algunos de los ámbitos sanitario o educativo. Y que los expedientes de subvenciones directas acrediten las especiales razones de interés público, social, económico o humanitario que las ampara.