El pleno provincial aprobó también una declaración institucional para que los ayuntamientos puedan gastar su superávit
La Diputación Provincial de Teruel aprobó ayer ampliar la dotación económica del Plan de Emergencias de 2017 en 118.000 euros con el fin de poder atender las demandas de los municipios que han atravesado este año situaciones de emergencia derivadas de las inclemencias meteorológicas. Además, el pleno provincial también ha aprobado una declaración institucional, a petición del PSOE en la que insta al Gobierno de España a que permita a los ayuntamientos a gastar su superávit. Por último, se aprobó por unanimidad la propuesta del grupo Ganar para que el personal de las brigadas forestales se contrate como mínimo por nueve meses.
El pleno ordinario que se celebró ayer en Teruel dio el visto bueno a una modificación de créditos para resolver las demandas de los municipios que han sufrido situaciones de emergencia. De esta forma, la Diputación habrá duplicado en 2017 la partida inicial reservada a este programa, cifrada en 100.000 euros, alcanzando finalmente la cantidad de 218.000 euros.
En total este año han sido 13 los municipios que han tenido que acudir a la Diputación Provincial para poder hacer frente a la reparación de infraestructuras municipales básicas que han sido dañados por diversos fenómenos meteorológicos. Se trata de Nogueruelas, Torrijas, Olba, Bañón, Cascaste del Río, Rubielos de Mora, Ababuj, Berge, Montalbán, Alacón, Crivillén, Castellote y Huesa del Común.
Para el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, el plan de Emergencias es uno de los programas que mejor representa «el dinamismo, eficiencia y cercanía» que caracterizan la gestión de la institución provincial. «Este plan es como el buque insignia de la Institución ya que, con él, la Diputación Provincial se convierte en la administración más cercana, la que más rápido conoce el alcance de los daños al visitar los lugares afectados in situ, evaluarlos y tramitar las ayudas que precisan nuestros ayuntamientos y alcaldes», resumió Millán.
Por su parte, el vicepresidente primero de la institución provincial, Joaquin Juste, destacó que la Diputación de Teruel «tiene a gala ser la administración más cercana con nuestros pueblos», aquella que «atiende las necesidades de las diferentes localidades en su día a día y la que, ante situaciones de emergencia y excepcionales, pone sus medios a disposición de todos ellos para devolver a la normalidad la vida de los 236 municipios del territorio». Como ejemplo de ello, además de la cantidad destinada al Plan de Emergencias ampliado ayer, resaltó el convenio firmado con el Ayuntamiento de Alcañiz la pasada semana para sufragar parte de los trabajos necesarios para el desescombro de la ladera de Pui Pinos.
Declaración institucional
Por otro lado, el pleno provincial también aprobó ayer, con la unanimidad de los votos de todos los grupos, la realización de una declaración institucional que pide al Gobierno de España que autorice a los ayuntamientos a poder utilizar su superávit. Se trata de una propuesta que presentó el PSOE el martes y que ayer, recibió el apoyo de toda la cámara.
«La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar son el centro de nuestra actuación. Estamos demostrando que los ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficiacia y responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, cercana y solidaria». Por eso, «apostamos por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuestas a las demandas ciudadanas», motivo por el cual entienden que «el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente», señalaba el texto redactado por la Diputación Provincial de Teruel.
El Grupo del PSOE en la DPT demandaba en su propuesta al Gobierno de España a «revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo», tal como explicó el portavoz del PSOE, José Ramón Ibáñez, durante la rueda de prensa celebrada el martes.
Se prolongará el contrato de las cuadrillas forestales
Otro de los puntos que se resolvió con el visto bueno de todos los grupos fue la propuesta del Grupo Ganar, que propuso la posibilidad de establecer un contrato mínimo de nueve meses para las brigadas forestales. En este sentido, el texto presentado por el grupo señalaba lo siguiente: "Las cuadrillas y autobombas son cruciales para el cuidado de nuestros montes y para el mantenimiento de la vida en el territorio rural. Por eso, es precisa una estabilidad laboral para estos trabajadores del operativo SARGA".
Una propuesta que ponía el acento en la importancia de combatir el tema de la despoblación. "En cada comarca hay una media de unas 20 o 30 familias que, si uno de sus miembros fuera contratado durante un mínimo de nueve meses a jornada completa, contribuiría a evitar que la despoblación en el medio rural aumentara".
