El pleno sacó adelante la propuesta de Asamblea Abierta pese a que Izquierda Unida votó en contra y CHA se abstuvo
La Sociedad Pública Municipal de Andorra (Somudan), en pleno proceso de disolución por orden del Ministerio de Hacienda, tendrá que ser sometida a una auditoría externa que analizará la gestión desde el ejercicio 2007 hasta la actualidad. Así lo aprobó el pleno del ayuntamiento en su última sesión pese al voto en contra del equipo de Gobierno (IU) y la abstención del concejal de Chunta Aragonesista.
Pero los concejales del Partido Socialista, el Partido Aragonés y el Partido Popular apoyaron la propuesta liderada por Asamblea Abierta de Andorra. «No es que nosotros hayamos detectado errores, simplemente queremos saber cómo se ha gestionado la sociedad, qué se ha hecho y porque acumula resultados de explotación negativos que han llevado al Ministerio a ordenar su disolución», mantiene el edil de Asamblea, Damián Martínez.
En ese sentido, cabe recordar que el Ministerio de Hacienda alegó que la entidad había incurrido en desequilibrios financieros en varios ejercicios. Concretamente acumulaba durante dos años un resultado de explotación negativo. El Consistorio presentó alegaciones ya que la cuenta general no reflejaba datos negativos, pero no fueron aceptadas. El requerimiento data de julio de 2016.
Martínez recuerda que, al igual que otros partidos como Chunta Aragonesista, Asamblea Abierta de Andorra incluyó en su programa electoral de 2015 iniciativas encaminadas a reclamar transparencia en el Somudan, gestionado con dinero público. «Por eso nos ha sorprendido que ahora el concejal de Chunta se abstenga», continúa. El edil insiste en que se trata de un acuerdo plenario que la alcaldesa tiene que cumplir «aunque ella no esté de acuerdo». «La alcaldesa tiene que llevar adelante la propuesta, ponerse a trabajar con sus técnicos y cumplirla, porque así lo ha pedido la mayoría de la ciudadanía a través del pleno», subraya.
Sin embargo, la primer edil, Sofía Ciércoles, plantea una serie de inconvenientes a la hora de llevar a cabo la auditoría. «Estamos hablando de que puede costar hasta 80.000 euros. ¿De dónde sacamos el dinero? La moción pide que se cargue al presupuesto de 2018, pero me tendrán que decir cómo», señala al mismo tiempo que destaca que hay otras cuestiones en Andorra mucho más prioritarias. «Si hubiese algo oscuro en el Somudan, ya lo hubiesen denunciado», dice la que ha sido también en esta última legislatura la presidenta de la sociedad.
