La normativa establece que es el Consejo de Administración el que debe llevar el asunto a la Junta y no la presidenta, Sofía Ciércoles
El Ayuntamiento de Andorra sigue sin disolver la Sociedad Pública Municipal (Somudan) pese a que el Ministerio de Hacienda le instara a hacerlo en julio de 2016. La Junta General de la entidad, en la que están representados todos los concejales del consistorio, estaba convocada el miércoles para votar la disolución. No obstante, la convocatoria de la sesión fue impugnada por el grupo municipal Asamblea Abierta de Andorra y no se realizó. El edil de Asamblea, Damián Martínez, recordó que es el Consejo de Administración de la entidad -formado por dos miembros designados por cada uno de los partidos políticos representados en el pleno municipal- el órgano que tiene que convocar la Junta General y no la alcaldesa, Sofía Ciércoles, tal y como ocurrió. «Se están haciendo constantemente las cosas mal. La Ley de Sociedad Públicas exige que se siga un procedimiento y no se está cumpliendo. Esta forma de proceder es la que nos ha llevado a la disolución», dijo Martínez, que lamentó que el Somudan no haya cumplido su objetivo esencial, el de facilitar al inversor el acceso al suelo y a las infraestructuras necesarias para su implantación en la localidad. «Es una herramienta que, bien utilizada, era clave para el desarrollo de Andorra, pero no ha podido ser», remarcó. En ese sentido, Martínez defendió que, antes de proceder a la disolución de la entidad, la anterior presidenta, Silvia Quílez (PP), y la actual, Sofía Ciércoles, deberían de cesar de su cargo de consejeras. «Es una cuestión de responsabilidad política. Después de llevar la sociedad hasta la disolución, es lo mínimo que deberían hacer», concretó. A la impugnación de Asamblea se sumaron el Partido Socialista y el Partido Aragonés.
No obstante, la presidenta y alcaldesa, Sofía Ciércoles, aclaró que no va a cesar ni a dimitir. «Es una tontería porque, una vez se disuelva, todos tenemos que cesar», subrayó. En su opinión, retrasar la Junta demuestra «las pocas ganas de trabajar» que tienen los grupos políticos de Asamblea, PSOE y PAR. «Si Hacienda toma medidas por no disolver la sociedad, pediremos responsabilidades políticas», señaló la alcaldesa, que admitió que el procedimiento no había sido el adecuado. «Ahora tendré que convocar el Consejo primero y se volverá a retrasar todo», indicó.
Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en la que se retrasa la decisión de disolver el Somudan. Hace un mes, se suspendió la sesión de la Junta porque los concejales y consejeros, que habían sido invitados como oyentes, no habían recibido la notificación de la sesión en el plazo establecido.
El requerimiento de Hacienda
El Ministerio de Hacienda, para obligar a la disolución del Somudan, alegó que la entidad había incurrido en desequilibrios financieros en varios ejercicios. Concretamente acumulaba durante dos años un resultado de explotación negativo. El Consistorio presentó alegaciones ya que la cuenta general no reflejaba datos negativos, pero no fueron aceptadas. La normativa exige que, cuando se da un resultado negativo de explotación de forma consecutiva se debe de realizar un plan de viabilidad que no se realizó. No se sabe si por desconocimiento o por omisión.
La gestión del Somudan
La gestión del Somudan lleva años provocando duros conflictos en el Ayuntamiento de Andorra, sobre todo entre IU y PSOE. Los socialistas denunciaron constantemente durante la pasada legislatura «falta de transparencia» y fueron muy críticos con el sueldo de la presidenta, Silvia Quílez (PP), que era la primera concejal que asumía este cargo cobrando por ello. Finalmente, los socialistas fueron expulsados del Consejo de Administración.
En la campaña electoral de 2015, todos los grupos promulgaron un cambio en la gestión de la sociedad pero nada cambió excepto la presidenta. La alcaldesa asumió el cargo porque no hubo candidatos. Unos meses más tarde, el PSOE intentó arrebatarle la presidencia presentando a Tere Alquézar. No obstante, no obtuvo el apoyo necesario.
