La plaza del caudillo tendrá que desaparecer de Valmuel

La Ley de la Memoria Democrática de Aragón sancionará a los ayuntamientos que mantengan la simbología franquista

Los ayuntamientos bajoaragoneses ya no tienen ninguna excusa para mantener la simbología y nomenclatura franquista que todavía permanece en calles, plazas y edificios de algunos municipios. Las Cortes de Aragón aprobaron ayer la Ley de la Memoria Democrática de Aragón y todos deberán de cumplirla en los próximos 18 meses. La nueva normativa recoge sanciones económicas de entre 2.001 y 10.000 euros y a la no concesión de ayudas por parte del Gobierno de Aragón. En el territorio, todavía quedan ejemplos de simbología franquista.

Uno de los casos más flagrantes es el de la plaza del Caudillo de Valmuel. El centro neurálgico de la pequeña pedanía rinde homenaje al dictador que en su día fundó este pueblo de colonización. Pero tanto el mensaje del alcalde pedáneo, Roberto Lahoz, como del primer edil alcañizano, Juan Carlos Gracia Suso, es claro al respecto: «El cambio de nombre no es una prioridad para los vecinos». «En el tiempo que llevo yo de alcalde no es algo que preocupe a la gente. Les preocupa lo mal que ven la televisión, que internet llegan mal, el estado de la carretera... Además nadie le llama así, sino plaza del pueblo», dijo Lahoz. No obstante, adelantó que en las próximas semanas reunirá a los vecinos para explicarles la nueva Ley y conocer su opinión.

Precisamente en la decisión de los vecinos deja el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, la posibilidad de cambiar el nombre de la plaza o no. «Nosotros como administración pública debemos cumplir escrupulosamente todas las leyes, no solo esta. Al igual que el resto de administraciones en otras comunidades autónomas», dijo en claras alusiones a los ayuntamientos catalanes que están retirando las banderas de España de los balcones. «Aún tenemos 18 meses», señaló.

La aprobación de la Ley de la Memoria Democrática fue recibida con bastante indiferencia en la localidad de Valmuel. La mayoría de los vecinos ni se había enterado de la noticia, aunque tenían claro que el nombre de la plaza del pueblo no les influye en nada en sus vidas. «Nosotras no le hacemos ni caso. Estoy segura de que ni mis hijos saben que esta plaza se llama del Caudillo», explica una vecina. Opinión compartida por una de sus amigas. «La verdad es que en mi casa nunca se ha hablado de este tema y sé de primera mano que mucha gente del pueblo no quiere que se quite el nombre. A nosotras, sinceramente, nos da igual».

Los vecinos recuerdan que hace unos años ya se convocó una reunión para debatir sobre el nombre de la plaza y que, entonces, fueron muchos los que se mostraron a favor de que el Caudillo siguiera presente en Valmuel. En el caso de que esta vía se abriera de nuevo y se propusiera el cambio de nombre, otra de las vecinas lanza una propuesta. «Yo votaría a favor de que se quedara este, pero si hay que quitarlo por obligación yo le pondría el nombre del primer colono que llegó al pueblo».

Pero el caso de Valmuel no es el único que afecta al ayuntamiento alcañizano. Otro de los asuntos pendientes es saber que va a pasar con el colegio Emilio Díaz de la capital bajoaragonesa que recuerda la figura de un militar del ejército sublevado del dictador Francisco Franco. Sin embargo, el cambio del nombre de este centro educativo no dependería del consistorio, sino del consejo escolar y del departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Otro de los ejemplos todavía vivos de la memoria del franquismo en el territorio son las inscripciones y placas a los «caídos». Una de ellas, todavía vigente en Valdealgorfa. Aunque el consistorio aseguró a La COMARCA hace un año y medio que había consensuado colocar una placa para taparla, aún no se ha tomado ninguna medida.

Algunos consistorios, por el contrario, si que han hecho los deberes desde que el borrador se dio a conocer. En Cantavieja, por ejemplo, se sustituyeron las calles General Mola y García Valiño por calle de las Masías y avenida de las tres vailías respectivamente.

El debate en las Cortes

En Las Cortes ayer apoyaron la iniciativa PSOE, Podemos, CHA, e IU, mientras que Cs votó favorablemente la mayoría de los artículos y PP y PAR admitieron algunos, rechazando otros. La exposición de motivos de la norma considera imprescindible recordar y homenajear las vidas y las experiencias de aquellos que se esforzaron por conseguir y defender en Aragón el régimen democrático de la Segunda República Española, a quienes sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y a quienes padecieron castigo, persecución o muerte injustos a manos de la dictadura de Franco. También resalta el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas, ideológicas, expresión o identidad de género o de etnia, o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Por otra parte, la ley crea un Censo de Memoria Democrática; dispone medidas para el reconocimiento y reparación de las víctimas; obliga al Gobierno aragonés a actuar para la exhumación de las víctimas de las fosas, cuyo mapa se actualizará, además de crear un depósito de ADN homologado. También determina los lugares y rutas vinculados a la memoria democrática, y fija el compromiso del Gobierno de Aragón de impulsar la creación de un Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón. Además, se declara el 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón. Ese día de 1938, la aviación sublevada bombardeó indiscriminadamente la ciudad de Alcañiz, provocando cientos de víctimas mortales inocentes y el sufrimiento de familias enteras.

Frente al «orgullo» y la «emoción» que confesaron los portavoces de la izquierda, el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente destacó que en su grupo había «lástima y frustración» porque se trata de una ley de «memoria selectiva» y que aplica «exactamente los mismos principios que la dictadura aplicó». «Se pretende crear una propuesta ideológica que pase por encima de los acuerdos a los que llegaron nuestros padres en la Transición»,dijo. Adelantó que en cuanto el PP disponga de las mayorías necesarias, modificará la ley.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa replicó que no se puede hablar de que en la Guerra Civil o en el franquismo hubo «partes» cuando lo que se dio es una «tremenda desigualdad» y censuró que el PP diga que se pretende «hurgar» en las heridas cuando el objetivo es acabar con el revisionismo y el ocultismo y transmitir la verdadera historia «como antídoto» contra el odio, el racismo y la xenofobia.

En una línea parecida, el diputado de Podemos Alfonso Clavería insistió en que fue el golpe de 1936 el que conculcó la democracia y privó a los aragoneses de sus derechos, y le siguió una «guerra de exterminio y genocidio».

Desde el PAR, Berta Zapater aseguró que los grupos de la izquierda, y también Ciudadanos, no llegaron a la ponencia «con muchas ganas de hablar», pero se desvinculó del PP porque «el PAR nació hace cuarenta años, cuando ya no había dictadura».

Ramiro Domínguez (Cs) incidió en que su partido siempre ha condenado la tiranía franquista y reivindicó la memoria de todas las víctimas, porque la memoria democrática «no puede ser selectiva». Para Gregorio Briz (CHA), ante este conflicto y la dictadura no se puede decir que los muertos son iguales, porque «los que pelearon en el bando nacional están reconocidos con letras doradas en las fachadas de las iglesias».

Y Patricia Luquin (IU) consideró que España necesita avanzar en sanidad democrática cuando torturadores como Billy «el Niño» están «de fiesta» mientras Federico García Lorca continúa en una cuneta..