Los largos plazos de OHL-Dragados causan problemas para los gremios que quieran trabajar
La UTE OHL-Dragados está teniendo problemas para encontrar subcontratas que quieran trabajar en la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz. El principal problema es que paga en 240 días (8 meses) y no en el plazo máximo de sesenta días que establece la ley. Sin embargo, utiliza el método del «confirming», una herramienta que permite dilatar el pago debido a que la subcontrata puede percibir el dinero con anterioridad a través de un banco pagando intereses. Un método que según confirman desde la Asociación de Constructores de Teruel «no es lo habitual» en el territorio aunque sí lo empleen grandes empresas estatales como puede ser el caso de OHL y Dragados.
El problema para encontrar subcontratas es una de las cuestiones que alega la UTE a la consejería de Sanidad en las reuniones periódicas que mantienen para supervisar las obras del Hospital. Lo cierto es que los trabajos sobre la ladera de Cantagallos no avanzan y el malestar en el Gobierno de Aragón no para de crecer. De hecho, hasta el propio presidente Javier Lambán tomó cartas en el asunto para ponerse en contacto personalmente con la constructora para hablar de la principal inversión pública de su ejecutivo en la actual legislatura si se tienen en cuenta criterios estrictamente económicos.
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, amenazó el pasado viernes con rescindir el contrato durante una intervención en las Cortes en la que contestaba a una pregunta de Podemos sobre la sanidad en la provincia de Teruel. Una posibilidad que supondría comenzar los trámites de nuevo y, teniendo en cuenta los largos plazos de la administración, aplazaría el comienzo de las obras como mínimo un par de años. En las elecciones autonómicas de mayo de 2015 se paralizó el contrato del PP-PAR y cuando queda poco menos de un año para las siguientes, aún no han comenzado las obras de la obra más prioritaria para el Bajo Aragón Histórico. Cabe recordar que el ejecutivo de Lambán amplió el tiempo de construcción de 3 a 5 años para poder cumplir las exigencias de gasto del Ministerio de Hacienda.
Quien siga las intervenciones de Celaya ya le ha escuchado alguna vez decir que en el peor de los casos cabía la posibilidad de rescindir el contrato pero nunca de la forma en que lo dijo el viernes. Su intervención, en la que repitió la palabra rescisión en varias ocasiones, no fue mera casualidad si no que llegó cargada de intencionalidad. Sus palabras hicieron saltar todas las alarmas entre los grupos políticos y rápidamente se sucedieron las convocatorias de ruedas de prensa y comunicados políticos. «En el Hospital de Alcañiz tenemos un problema con la empresa, ya les hemos mandado una carta llamándoles la atención. La única solución si consideramos que no están cumpliendo es rescindir el contrato y quedarnos con la fianza de tres millones», afirmó Celaya.
No obstante, ni el consejero ni su departamento especifican cuáles son los problemas con la empresa más allá de que están «molestos» con la evolución de la ejecución de la obra aunque este retraso no impide que la UTE entregue el Hospital en el plazo establecido. Según el pliego de condiciones por el que salió a concurso, la obra tiene que estar terminada en 52 meses después de la firma del acta de inicio de los trabajos. Este trámite se hizo a finales de octubre, unas dos semanas después del mediático acto de la colocación de la primera piedra por lo que la obra tendría que estar terminada como muy tarde en febrero de 2022 (DGA siempre habla de 2021 como fecha máxima).
Pese a no entrar en detalles -la UTE también ha rehusado realizar declaraciones- parte de los problemas vendrían derivados de que la constructora ha solicitado más dinero, una posibilidad que no contempla la ley de contratos tal y como recordó Celaya en su intervención. La UTE ganó el concurso al presentar la oferta más económica, 57 millones, una cifra con la que rozaba la baja temeraria, un 28,83% menos quedándose a poco del 30% que ya no permite la ley. Una bajada muy importante del precio fijado en el pliego (realizado por los técnicos en base a los precios de mercado) que tiene que implicar que la UTE intente reducir costes en la construcción o bien, intentar lograr más financiación mediante modificados.
El malestar en el ejecutivo autonómico ya viene de semanas atrás y en enero el Salud ya anunció que la sancionarían si en un mes no iniciaba las obras. Una semana después la colocación del vallado de los terrenos se vendió por parte del Salud como que ya se iniciaban los trabajos y dieron por olvidada la sanción. Sin embargo, no fue más una cortina de humo porque poco más se ha movido en la ladera de Cantagallos desde entonces. Solo se han terminado las tareas de vallado y desbrozado; y tienen que comenzar los movimientos de tierra para iniciar la cimentación.
El PP pide la marcha de Celaya
El anuncio de la posible rescisión del contrato ha provocado un contínuo enfrentamiento político entre los grupos desde el pasado viernes. El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, definió la situación ayer en una rueda de prensa en la sede del PP de Teruel como «el mayor atentado contra la sanidad que se ha cometido en Aragón desde que los gobiernos autonómicos tienen las competencias en la materia». Según los populares, las obras del futuro centro dejan constancia, de que «para algunos están antes las siglas de sus partidos políticos que el servicio público y la sanidad» poniendo como ejemplo los «continuos incumplimientos en la fecha de inicio de las obras». Por ello, Gracia Suso instó al Gobierno de Aragón a «gobernar, resolver y solucionar lo que ellos mismos han estropeado». «Hay que intentar por todos los medios que estas obras no se paren y el alcalde de Alcañiz va a estar al lado de todos los bajoaragoneses para trasladar y defender esta petición», afirmó Gracia Suso. Los populares son los únicos que han pedido la dimisión del consejero Celaya junto a Ganar Alcañiz y Bajo Aragón.
«Vergüenza» del PP para el PSOE
Sin embargo, para el PSOE aragonés lamentó la «poca vergüenza» del PP al entender que los conservadores no tienen «ninguna legitimidad» para criticar una obra como el Hospital de Alcañiz en la que «queda clara la apuesta del Gobierno de Lambán frente al de Rudi (PP-PAR) cuyo único propósito cuando gobernaron era su privatización». «Tuvieron toda una legislatura para empezar las obras, algo que no hicieron porque lo único que les preocupaba era una aberración como la privatización y ahora les molesta enormemente que hayan empezado las obras y, sobre todo, que su gestión sea100% pública», afirmó el portavoz parlamentario del PSOE, Javier Sada.
Por su parte, el PAR reunió ayer en Alcañiz a concejales del Bajo Aragón Histórico para analizar la situación. Después, en rueda de prensa y acompañada de sus compañeros, la diputada alcañizana Berta Zapater explicó que su partido ha pedido la comparecencia en las Cortes del presidente Lambán para que explique «con claridad» qué ocurre con la UTE al entender que el consejero Celaya ya no es un «interlocutor válido». «Entendemos que pueda haber problemas con la empresa, rozando la baja temeraria en un 30% no puede construirse el mismo Hospital que el planteando en el proyecto, que era totalmente razonable, nada desorbitado», comentó ayer Zapater, quien recordó que no se trata de un «hecho puntual» sino que «en 2016 se rescindió el contrato y en 2017 y 2018 no se ha gastado nada de lo presupuestado».
A su vez, diez miembros de Ciudadanos se concentraron el domingo en los terrenos del Hospital (sin convocar a los medios) para denunciar los «constantes retrasos. El secretario de Organización de Ciudadanos Aragón, Ramiro Domínguez, pidió al Gobierno que deje de reírse de los bajoaragoneses y ponga en marcha el nuevo Hospital de Alcañiz. «Ya está bien de excusas. Cuando el problema no es la empresa, es el dinero y sino el modelo. Que negocien con la compañía y lo arreglen, que para algo son los que gestionan», aseveró.
«Escasa voluntad» para Podemos e IU
También ha habido reacciones desde la izquierda. Podemos e IU, criticaron en sendas notas de prensa la «escasa voluntad» de DGA con el Hospital. «Hemos visto como año tras año las partidas presupuestarias no se ejecutaban, y no por falta de dinero, sino por falta de voluntad política (…) La ciudadanía bajoaragonesa está cansada de políticas de cartón-piedra», aseguró la diputada alcañizana Marta Prades.
Por su parte, el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sánz, reiteró en un comunicado la exigencia de que las obras del Hospital deben avanzar. «El Bajo Aragón debe ver cubiertas sus legítimas necesidades en materia sanitaria y para ello DGA no puede esconderse tras OHL-Dragados por el retraso en la obra. Hay un cronograma de obras claro que ya llega tarde no es de recibo que Celaya aproveche para escurrir el bulto y no asuma su responsabilidad», afirmó Sanz.
Ganar pide el cese de Celaya
Ganar Alcañiz y Ganar Bajo Aragón enviaron ayer un comunicado en el que aseguraron que les parece «difícilmente superable la incompetencia» del consejero de Sanidad para gestionar la construcción del Hospital y piden a Lambán que lo cese». «Queremos hacer un llamamiento a la sociedad bajoaragonesa para no quedarnos de brazos cruzados mientras pisotean nuestros derechos y se ningunean las promesas electorales que se hicieron hace 3 años. Seguimos apoyando a la Plataforma y avisamos a los que quieren aprovechar esta incertidumbre sobre el futuro del hospital para volver a fórmulas privatizadoras que nos tendrán en frente», afirmaron.
