Confirma que las obras terminarán en 2021 y niega que la UTE haya pedido un modificado
La cimentación del nuevo Hospital de Alcañiz se iniciará el 31 de mayo y casi un mes después, el 26 de junio, se comenzará a levantar la estructura del edificio. Este es el plan de trabajo que ha anunciado en las Cortes el presidente de Aragón, Javier Lambán, aunque el cronograma exacto de las obras aún se está terminando de perfilar y se hará público una vez se apruebe. No obstante, Lambán mandó ayer un mensaje de «tranquilidad» y repitió una y otra vez durante su intervención ante el plenario que aunque «se han producido retrasos» las obras terminarán en el plazo previsto desde un principio, el año 2021 porque con estas primeras fechas confirmadas, «hay tiempo suficiente» tal y como certifican los técnicos de DGA. No obstante, antes de comenzar la cimentación la UTE debe pagar casi dos millones al Ayuntamiento de Alcañiz entre tasas y licencia de obras de los 9,4 que cobrará en 2018 de DGA (los grupos de izquierdas rechazaron la semana pasada recuperar los 17,5 millones que contemplaba el primer plurianual para este año). «Tenemos la seguridad absoluta que se terminará en el plazo previsto en el contrato, 52 meses, porque el plan está acreditado y totalmente verosímil. Los bajoaragoneses tendrán su Hospital», afirmó Lambán.
No obstante, reconoció que es normal que haya «inquietud» en la zona porque no comenzaran en firme los trabajos puesto que en el seno del ejecutivo también la había. De hecho, la consejería de Sanidad remitió una carta a la empresa después de que el consejero del área, Sebastián Celaya, amenazara a la UTE hace dos semanas en las Cortes con una posible rescisión del contrato si las obras no avanzaban. Y es que, desde que se colocó la primera piedra en un acto a bombo y platillo en octubre, tan solo se había vallado el terreno antes de que esta semana comenzara el movimiento de tierras con una máquina.
El Hospital ha preocupado mucho en las últimas semanas en el seno del ejecutivo autonómico y hasta el propio presidente ha tomado el asunto como propio. De hecho, no es para menos puesto que se trata de la inversión más importante de esta legislatura en términos estrictamente económicos. Los contactos entre DGA y la UTE se han intensificado e incluso el propio Lambán ha conversado con Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, propietario de una de las dos empresas que conforman la UTE, Dragados.
Respecto a otro de los temas que habían levantado suspicacias en las últimas semanas, el presidente negó ayer que la constructora haya planteado ningún modificado que suponga más coste para la administración y que en caso que así fuera no es algo que aceptaría su gobierno porque no lo permite el pliego de condiciones por el que se adjudicó el contrato.
El presidente intervino ayer en las Cortes a petición del Partido Popular en una comparecencia que se prolongó durante casi una hora y que no estuvo exenta de polémica y momentos broncos. Los populares acusaron a los socialistas de «insultarles» e incluso Lambán dijo directamente que en la gestión sanitaria del PP hubo «expedientes con irregularidades».
Como era de esperar, más allá de fechas y de incumplimiento de los plazos, el proyecto de Hospital público-privado de la anterior legislatura volvió a protagonizar el debate. La izquierda defendió que el actual modelo es «cinco veces más barato» y «100% público», mientras que la derecha incidió en que si el PSOE hubiera continuado con su proyecto, el nuevo centro sanitario estaría listo este año.
En su intervención, el portavoz de los populares, Luis María Beamonte, reivindicó el Hospital y aseguró que Lambán no tiene ni «credibilidad ni palabra» en este asunto y solo «está jugando con la sensibilidad de los bajoaragoneses». Basó sus afirmaciones en que se «mintió» al decir que las obras comenzarían en 2016 y en vez de «rectificar y asumir responsabilidades», «insulta al PP para tapar la ausencia de razones y argumentos». «Usted y sus amigos fueron los artífices de una campaña de mentiras contra el anterior proyecto que desmontó la realidad y los tribunales», afirmó Beamonte.
Desde el PAR, la diputada Berta Zapater criticó que ya se alargó el proyecto de tres a cinco años y que no se ejecutara la partida consignada en 2017. Desde Ciudadanos, su portavoz, Susana Gaspar, pidió que se cumplan las «promesas» a los bajoaragoneses.
En cuanto a la izquierda, el secretario de Podemos, Nacho Escartín, ha incidido en que su grupo exigirá a DGA que ejecute las partidas y ha reconocido que es «chocante» que las instituciones no sean capaces de «plantar cara» a las empresas. Por su parte, la portavoz del grupo mixto, Patricia Luquín (IU), pidió a Lambán que cumpla con su «compromiso» con la ciudadanía del Bajo Aragón.
