Ni el sector ni DGA creen que una posible subasta resolvería el problema de la inversión.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, lanzó ayer un mensaje de esperanza en las Cortes de Aragón al sector minero. Aseguró que «aún se está a tiempo para una solución de viabilidad y perdurabilidad a la Central Térmica de Andorra» y que Endesa no ha tomado una decisión definitiva con respecto al cierre en junio de 2020, fecha en la que tendría que haberse acometido la inversión de 190 millones de euros para adaptar la infraestructura a la normativa medioambiental europea.
Según el presidente para llevar a cabo estas inversiones sería «imprescindible la ayuda del Gobierno de España» y, para ello, insta al Ministerio a negociar en Bruselas la declaración del carbón como reserva estratégica en España. «En otros países como Alemania es así, pero es un proceso muy largo en el que tiene que haber un consenso de todos los partidos», reconoció Lambán. El ansiado consenso entre los principales partidos debería traducirse en un gran pacto energético a largo plazo en el que, entre otras cuestiones, se contemplara un compromiso con el carbón autóctono. Esta condición es clave para que Endesa diga «sí» a la inversión.
No obstante, el acuerdo se presenta más que complicado. Sin ir más lejos, este miércoles el PP tumbó una moción del PSOE en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado en la que reclamaba incentivos a la producción de carbón autóctono y el cumplimiento del marco de actuación de la minería 2013-2018. Unidos Podemos y ERC se abstuvieron.
Por otra parte, el presidente aprovechó para exigir al ejecutivo central el cumplimiento del Plan del Carbón 2013-2018 y que no continúe «dando largas». «Por el momento, sólo se ha cumplido lo referente a las prejubilaciones», dijo. El Plan contempla 250 millones de euros para reindustrializar las cuencas mineras y todavía quedan más de 140 por liberar. Asimismo, recoge el compromiso de establecer un porcentaje mínimo del 7,5% de carbón en el Mix Energético.
La comparecencia del presidente, a petición propia, fue seguida por varios miembros de la Mesa por el Futuro y la Reindustrialización de Andorra-Sierra de Arcos, formada por representantes sociales, económicos y políticos de la zona. «Estamos cansados de escuchar siempre lo mismo. Pero está bien que nos citen y se preocupen, a ver si esta vez se ponen de acuerdo», dijo uno de los portavoces, Alejo Galve.
El debate político fue algo «descafeinado» según el propio Galve. El portavoz popular Luis María Beamonte defendió que el carbón tiene que formar parte del mix energético y garantizó que el Gobierno no quiere permitir que se cierre ninguna central «sin justificar técnicamente que no es viable la inversión». Apostó por conseguir que los pagos por capacidad puedan aplicarse en España.
El diputado de Podemos, Román Sierra, acusó al Ejecutivo autonómico de «hacer el avestruz» y remarcó un cambio en el modelo energético pero con una «transición justa» y con un plan estratégico que «no deje al territorio y sus gentes atrás».
El portavoz del PAR, Arturo Aliaga, sostuvo que las térmicas «son una reserva estratégica para garantizar el suministro y su calidad». Planteó un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y las Comunidades de Aragón y Castilla y León para buscar vías de financiación y ayudas alternativas a las europeas o la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico «avale» estas inversiones. La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha concluyó: «si cierra la térmica, Teruel se muere».
La Térmica, a subasta
La intervención de Lambán se produce en una semana en la que las noticias sobre el futuro del sector minero eléctrico se suceden. Algunas son halagüeñas, como el supuesto decreto Ley que estaría preparando el Gobierno Central para obligar a las eléctricas a subastar las centrales térmicas en las que decidan no invertir. El ejecutivo defendería que continuaran con la actividad por «seguridad del suministro y competitividad» y recogería que, una vez que se comunique la intención de cerrar la central -algo de lo que tienen obligación-, se abriera un procedimiento de subasta «desde un euro». Esta iniciativa, anunciada el martes por la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, está por confirmar y por ella preguntará este miércoles la consejera, Marta Gastón, al Ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una reunión prevista en Madrid para abordar el futuro del sector.
Este procedimiento sería similar al que ya defendieron los agentes políticos, sociales y empresariales del territorio en la pasada legislatura. Exigían la declaración de utilidad pública para la Térmica de Andorra de cara a una futura expropiación. Pero esta petición no salió adelante. «Hemos pedido la declaración por activa y por pasiva pero nunca se nos ha hecho caso», recordó el presidente de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, Antonio Donoso.
Sobre este asunto el presidente recalcó que «se puede hablar». «Pero por muchas subastas que se realicen si no es rentable no habrá otra empresa privada que se haga cargo de su explotación», señaló, una opinión que también tuvo Aliaga (PAR).
La comparecencia del presidente no convenció a la alcaldesa de IU, Sofía Ciércoles, presente en las Cortes junto los concejales Peña Martínez (IU) y Marco Negredo (CHA). Su sensación fue que el presidente de Aragón «tiró balones fuera» para responsabilizar al Gobierno de España sobre la situación que vive la comarca. «Todos los proyectos y acciones se quedan en bonitas palabras. El PSOE y el PP se pasan la responsabilidad y no hay compromisos firmes», dijo a la vez que exigió un marco regulatorio estable que garantice la quema de carbón autóctono.
Por otra parte, ayer, dentro de la ronda de visitas que la empresa Aragón Exterior (AREX) está llevando a cabo por los municipios mineros, se analizó la realidad de Castellote. El Gobierno de Aragón destacó el turismo y la agroalimentación como principales vectores de desarrollo alternativo a la minería en la localidad.
CHA exige una transición justa
También esta semana Chunta Aragonesista advirtió de que el problema de las comarcas mineras no es el cierre de la Central Térmica de Andorra sino la falta de alternativas que hagan frente a ese momento. El grupo exigió que el territorio experimente una «transición justa» con nuevos nichos de empleo reales en el momento del anunciado cierre. «No queremos gastar el tiempo en buscar culpables porque hay que encontrar soluciones», dijo el portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Andorra, Marco Negredo, en una rueda de prensa el martes.
Por su parte, el portavoz comarcal, José Manuel Salvador, destacó el daño que hace la incertidumbre. «Las empresas mineras, sobre todo, Endesa y Enel tienen una responsabilidad social con esta tierra y este territorio también estará listo si apuestan por él para otro tipo de actividades más allá del carbón», dijo.
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