La Comarca de Cuencas Mineras considera que el Ayuntamiento de Cortes de Aragón está boicoteando la ejecución del proyecto de la Vía Verde que discurre por el antiguo trazado del ferrocarril minero entre Utrillas y las Ventas de Muniesa. Su presidente, Javier Larraz, mostró su «sorpresa e indignación» tras recibir un comunicado municipal en el que se exige la presentación de permisos de Carreteras, INAGA y la Confederación Hidrográfica del Ebro, además de otras autorizaciones previas para conceder la licencia de obra. El Ayuntamiento advierte incluso de un posible desistimiento si no se entrega toda la documentación.
Larraz acusa directamente a la alcaldesa, Ana Belén Aparicio (PP), y denuncia que el requerimiento «no responde a criterios técnicos ni administrativos objetivos, sino a una intención política y partidista». Afirma que «se están utilizando los procedimientos administrativos como herramienta de confrontación política», perjudicando un proyecto que beneficia a toda la comarca.
Subraya además que «mientras el Ayuntamiento de Cortes de Aragón pone trabas administrativas injustificadas, el resto de municipios han hecho exactamente lo contrario». Como ejemplo, recuerda que varios ayuntamientos han aprobado exenciones del ICIO y han colaborado estrechamente con la Comarca, citando el convenio firmado con el Ayuntamiento de Martín del Río, que cedió su tramo de Vía Verde.
Larraz considera que el requerimiento municipal es «una acción claramente destructiva hacia un proyecto estratégico», cuyo objetivo sería ralentizar la ejecución de la obra y obstaculizar la concesión del permiso. También destaca que la Comarca prevé instalar placas fotovoltaicas en Cortes para compensar consumos municipales, y califica de «absolutamente contradictorio» que no se facilite la tramitación del permiso necesario para ejecutarlas.
Cortes de Aragón responde que la paralización se debe a carencias técnicas
El Ayuntamiento de Cortes de Aragón rechaza las acusaciones y responsabiliza a la Comarca de la paralización del proyecto. Asegura que el expediente está detenido por «deficiencias técnicas» y porque el trazado invade zonas de servidumbre de las carreteras A-222 y A-2501, sin contar con la autorización correspondiente. «No podemos autorizar una obra que afecte a la seguridad vial sin el informe favorable del titular de la vía», afirma el consistorio.
También señala que la Comarca no ha presentado la separata presupuestaria del término municipal, lo que impide calcular el ICIO y aplicar la bonificación del 95%. Recuerda que esta bonificación debe aprobarla el Pleno, no la Alcaldía, y que «acceder a presiones políticas sería una irregularidad».
El Ayuntamiento defiende que los informes de INAGA, la CHE y Carreteras son garantías legales y advierte de que obtener todas las autorizaciones es imprescindible para superar la fiscalización de los fondos europeos destinados al proyecto.
