La propuesta del PP ha sido apoyada por el resto de los grupos y marca el 29 de febrero como límite para presentar conclusiones
El pleno de las Cortes ha aprobado este martes, por unanimidad, crear una comisión especial que analice los criterios que han de regir la transición energética en Aragón, con la doble vertiente de intentar prolongar la vida de la central térmica de Andorra y apuntalar una estrategia de desarrollo socioeconómico alternativo. Pese a que la propuesta presentada por el PP sembró algunas dudas entre la oposición, sobre la capacidad de la comisión de cumplir con sus objetivos antes del 29 de febrero, todos los grupos han apoyado su creación.
En este sentido, la portavoz de Industria del grupo popular, Dolores Serrat, ha sido la encargada de presentar una propuesta que tiene el objetivo de buscar «una estrategia global» con el propósito de que la transición energética sea «justa» y formulada, sobre todo, en el «medio y largo plazo». Al mismo tiempo, Serrat ha apostado por realizar un análisis de las oportunidades del territorio y las necesidades en infraestructuras de todo tipo.
Porque el Gobierno de España, ha remarcado, ha cambiado de postura y se ha postulado entre quienes quieren «acelerar el fin del carbón», una meta que se puede compartir pero con discrepancias en el cómo. La diputada popular ha abogado por que se agoten todas las vías que puedan hacer pervivir a la central más allá del anunciado cierre en 2020, algo que no impide mirar al futuro respecto a la transición energética, que para Serrat sería «un error cargar únicamente en el sector energético sin implicar al resto o cerrando las centrales sin un plan alternativo claro y viable».
Para Serrat, es importante buscar «medidas de apoyo a los trabajadores», directos e indirectos, y para eso no basta con llevar unas pocas empresas, sino un cambio de modelo económico y de usos y costumbres del territorio que requiere tiempo y debe ser «empeño de todos».
En el turno de los grupos, Marta Prades, de Podemos, ha apoyado la propuesta a pesar de que llegue casi al final de la legislatura y ha exigido a los grupos que se pongan a la altura de los ciudadanos que llevan años peleando por su tierra, ya que se han gastado cientos de millones que no han servido «para nada» porque quienes han gobernado se han dedicado más a gestionar subvenciones que a plantear un verdadero plan de industrialización.
Javier Martínez, de Ciudadanos, ha defendido la utilidad de esta comisión, si los grupos trabajan «codo con codo», con espíritu de aportar para establecer alternativa, y Arturo Aliaga, del PAR, ha remarcado que «sobran los motivos» para apoyar su creación y ha mostrado su disposición a cooperar en la búsqueda de soluciones, yendo a Bruselas si fuera necesario.
Patricia Luquin, de IU, ha apuntado que si esta comisión se hubiera planteado la pasada legislatura se podría haber avanzado y puede que ahora no haya tiempo para que tenga la enjundia que debería tener para garantizar el futuro de las cuencas mineras, mientras que Gregorio Briz, también ha mostrado sus dudas sobre si una comisión puede dar las respuestas deseadas.
Leticia Soria, del PSOE, también ha apoyado la iniciativa, pero ha dejado claro que no es tiempo de reflexionar, sino de «algo más», y en ello trabaja el Gobierno impulsando alternativas, y sorprende, ha dicho, que esta comisión parta del partido de la «inacción e incumplimientos sistemáticos».
¿Una Comisión?
¡Gracias a Dios! ¡Estamos salvados!