El PAR ya ha anunciado que preguntará al consejero Celaya
Las reacciones quejas de los alcaldes de los pueblos pequeños por tener que encargarse de comprar equipamiento médico de sus consultorios no se han hecho esperar. A nivel social la indignación de los vecinos es latente puesto que la gran mayoría desconocía que son los ayuntamientos los que asumen estos gastos además del mantenimiento, la limpieza y los servicios. Tal y como ya publicó el viernes La COMARCA, el Salud abona todos los gastos de los centros de salud pero no de los consultorios médicos, donde solo paga lo «básico». A los consistorios les toca comprar y reparar equipamientos tan imprescindibles como los electrocardiogramas, desfibriladores, fonendoscopios, ordenadores o rellenar bombonas de oxígeno.
Esta situación se agravó en 2011 cuando el Gobierno de Aragón, PP-PAR, no volvió a convocar una línea de ayudas autonómicas para los consistorios para la compra de material médico que el PSOE tampoco ha recuperado ahora. La última convocatoria, de mayo de 2010, convocaba «subvenciones destinadas a la construcción, reforma o adaptación y equipamiento de los consultorios médicos locales con cargo al Fondo Local de Aragón en los ejercicios 2010 y 2011».
El Bajo Aragón «mediará» con DGA
El presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Manuel Ponz, confirmó que llamará uno por uno a todos los alcaldes que cuentan con un consultorio médico (16 de los 20 municipios) para ver cuál es su situación. «Quiero conocer sus necesidades, qué equipamientos demandan sus médicos y ver si les podemos apoyar», comenta Ponz, quien se muestra favorable a servir de interlocutor entre los pueblos afectados y el Gobierno de Aragón.
A nivel regional, el PAR anunció ayer en nota de prensa que su diputada en Cortes y portavoz en la comisión de Sanidad, Berta Zapater, realizará varias preguntas al respecto al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, tras conocer el «deficiente» mantenimiento de material de los consultorios médicos en el medio rural. La alcañizana visitó el viernes el consultorio de Castelserás, donde se reunió con su alcaldesa, Esperanza Goni; y con el primer edil de La Ginebrosa. En este sentido, desde el PAR recuerdan que recientemente se aprobó por unanimidad una moción en las Cortes de Aragón a propuesta de su partido en la que se instaba a DGA a asegurar la equidad en los servicios sanitarios prestados sin perder ni derechos ni servicios tanto en la atención especializada como en atención primaria entre el mundo rural y las ciudades y a cubrir de manera inmediata todas las plazas que o por motivos de vacaciones bajas u otras cuestiones previsibles quedan sin personal que atienda en los municipios mas desfavorecidos. También «a que en los consultorios médicos se planteen fórmulas para que la atención en estos centros se de en condiciones de calidad sin mermar los gastos en los Ayuntamientos».
Desde el PP recuerdan que el año pasado ya presentaron una enmienda a las cuentas, que fue rechazada, para que se recuperara la línea de ayudas para el mantenimiento y equipamiento de los consultorios. «Nosotros la quitamos porque los presupuestos se redujeron notablemente. En la ley de Racionalización de la Administración Pública que creó el Gobierno Central en la pasada legislatura, pendiente de desarrollo, ya se incluía que la competencia de los consultorios médicos volviera de los ayuntamientos a las comunidades», afirma la diputada alcañizana Yolanda Vallés.
Por su parte, en Ciudadanos opinan que, precisamente, se debe luchar contra la despoblación ofreciendo servicios y empleo a los habitantes del medio rural. «A todos se nos llena la boca hablando de despoblación pero después tienen que ser los ayuntamientos, que ya está suficientemente asfixiados, los que asuman la sanidad. ¿Es que no pagan los mismos impuestos?», se pregunta Ramiro Dominguez.
Por último, desde Podemos aseguran que primero se debería comprobar «exactamente qué gastos tienen los consultorios para hablar con datos contrastados». No obstante, afirman que se trata de una de las «herencias de los recortes y de las leyes que han dejado a los municipios sin financiación». «A esto se añade un problema propio de la inexistencia de un único Sistema Público Nacional, ante lo cual parece que la línea del Departamento actual es continuista con el anterior. El Gobierno tiene la obligación de garantizar en todo el territorio aragonés la asistencia sanitaria sin olvidar aquello que promovía en sus programas electorales», afirman.
