El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel invertirán 750.000 euros en obras de reforma, mejora y sustitución en colegios públicos a lo largo de toda la provincia y durante este año. El Consejo de Gobierno ha aprobado durante la mañana del jueves la adenda al convenio de colaboración que anualmente suscriben ambas instituciones y que en esta edición permitirá financiar un total de 98 actuaciones en otros tantos centros educativos de infantil, primaria o educación especial del territorio.
La vicepresidenta segunda de la Diputación General de Aragón y portavoz de la institución, Mar Vaquero, ha asegurado que con estas actuaciones, se persigue «mejorar el estado de las infraestructuras de los centros docentes en el medio rural, contribuyendo así a una mejor vertebración del territorio y a un mejor servicio público en el ámbito educativo». En virtud del acuerdo, el Ejecutivo aragonés aportará 250.000 euros y la institución provincial, 500.000 euros. Con estas partidas, aseguraron desde DGA, se garantiza la cobertura financiera suficiente para atender las necesidades de los centros a lo largo de este ejercicio.
De igual modo se ha anunciado que se destinarán más de 7,3 millones de euros al personal de estos centros educativos para niños de 0 a 3 años. Vaquero ha explicado que se autorizó la suscripción de los convenios entre el Departamento de Educación y las entidades locales para financiar el próximo curso el personal de 164 escuelas infantiles de un total de 158 municipios. Estos convenios implican una inversión de 7,3 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico. El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia educativa, y con el fin de crear una red adecuada y suficiente de escuelas municipales de educación infantil de primer ciclo en zonas rurales, viene colaborando desde 2002 con aquellas entidades locales que participan en su creación.
Esta colaboración, han apuntado, se lleva a cabo mediante la formalización de convenios dirigidos a financiar el coste del personal docente, garantizándose así una oferta educativa de calidad que posibilita el desarrollo de la educación infantil de primer ciclo. Los acuerdos autorizados por el Ejecutivo autonómico permitirán financiar este personal en el curso 2023/2024.
Necesidades específicas
Asimismo, se llevará a cabo la ejecución de un programa temporal para la contratación de personal sanitario para la adecuada integración del alumnado con necesidades en el sistema educativo. En total, se destinarán 1,037 millones para el nombramiento de funcionariado interino para el curso escolar 2023/2024. Se trata, han explicado desde el ejecutivo, de una partida que permitirá la incorporación de 13 enfermeros, 10 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 17 fisioterapeutas en 19 centros educativos de las tres provincias y en los servicios provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel. La tramitación de este programa temporal responde al ejercicio de una política educativa de inclusión basada en la especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y permite dotar a los centros de los recursos humanos y técnicos necesarios que promuevan y garanticen su máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.
Mejora prestaciones dependencia
Durante la jornada también se ha dado a conocer el convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Aragón por el que, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la Administración General del Estado aportará más de 30 millones de euros (30.551.925,58€) en el ejercicio de 2023 en materia de dependencia. Mediante el acuerdo se van a financiar los gastos de funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en especial aquellos relacionados con el plan de choque en dependencia acordado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales a nivel estatal. La prioridad del convenio es, en último término, disminuir las listas de espera en dependencia: para ello se invertirán 2,5 millones de euros para promover la agilidad administrativa en los procesos de solicitud, información y atención a los ciudadanos para reducir los plazos para valorar el grado de dependencia y elaborar el Programa Individual de Atención (PIA).
Además de agilizar los procesos y trámites de valoración de la situación de dependencia, el convenio incluye partidas para mejorar la teleasistencia avanzada, cubrir los gastos de acreditación de centros y servicios de acuerdo al modelo de Atención Integral Centrada en la Persona y también para financiar a las entidades locales, de modo que puedan mejorar los servicios que prestan en atención a la dependencia.
Por otro lado, la inversión para mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales del personal del SAAD engloba 1,5 millones de euros y se destinarán 2 millones a implementar nuevas prestaciones y servicios que mejores en intensidad para atender a más personas. El convenio se inscribe dentro del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección.
