20 vecinos han entregado han pedido la responsabilidad patrimonial
Los afectados por el derrumbe de parte del cerro Pui Pinos de Alcañiz, del que en abril se cumplirá un año, han presentado reclamaciones patrimoniales, por separado, por un valor total de más de dos millones de euros al Ayuntamiento de Alcañiz. «Solo tenemos un año para hacerlo por lo que no nos podíamos esperar más, al que no lo ha hecho el Ayuntamiento le ha enviado una carta», explican desde la Plataforma que aúna a todos los afectados. Además, esta semana también han entregado al Consistorio una instancia para que les convoquen a una reunión en la que les expliquen si se han llevado a cabo nuevos trámites.
Los dos millones de euros es la suma de la veintena de peticiones que ha recibido el Consistorio alcañizano, según confirman fuentes municipales, por valores muy diferentes. Algunas por la pérdida total de sus casas, otras por afecciones parciales en sus viviendas o cocheras, coches destrozados o ganancias que no obtuvieron las empresas situadas en esa zona que no pudieron ejercer su actividad, entre otros. Casi la mitad del valor total de las reclamaciones patrimoniales, unos 900.000 euros, corresponden a un mismo edificio que quedó totalmente destruido y en el que vivían varias familias que reclaman, además de por la pérdida de su casa, enseres y útiles para su trabajo, entre otros.
¿Por qué no llega el informe?
Estos importes son valoraciones pero la cantidad final que percibirá cada afectado dependerá de las peritaciones de los técnicos en caso de que el informe de las causas del suceso determine que el derrumbe fue responsabilidad del Ayuntamiento. Este documento, que está realizando un estudio especializado contratado por la aseguradora municipal, sigue sin llegar. El Consistorio entiende que ha pasado tiempo suficiente para confeccionar un estudio de este tipo por lo que ya ha reclamado formalmente a la aseguradora Mapfre para que lo entregue cuanto antes.
Una vez se conozcan las causas se determinará si los afectados cobrarán del seguro municipal o por una línea de ayudas a través del Ministerio del Interior. Si fueron causas naturales y por tanto el Ayuntamiento no tiene la culpa, será el Ministerio del Interior a través de un decreto el que pague a cada propietario. Existe una figura que es la que desde 2015 sustituye a la de declaración de zona catastrófica y es la de «zona especialmente afectada por una emergencia de Protección Civil». Si por el contrario es responsabilidad del Consistorio o una contrata, se hará cargo el seguro municipal y en caso de que no sea suficiente, el Ayuntamiento pedirá un crédito.
2,3 millones de valoración
El Ayuntamiento alcañizano cuenta con una primera valoración estimativa del importe total de los daños que realizaron los técnicos tras el suceso y que a los dos meses se entregó a distintas administraciones como Subdelegación del Gobierno en Teruel, Diputación Provincial de Teruel y Gobierno de Aragón. Este documento estimaba en 2,3 millones los costes totales teniendo en cuenta el importe del saneamiento de la zona afectada, garantizar la seguridad del talud, los derribos de las casas, las direcciones de obra y los gastos de hoteles, alquileres y manutenciones de los afectados durante el tiempo que estuvieron fuera de sus casas.
Solo se aceptan 3 peticiones
Por el momento, las únicas noticias que han recibido los afectados de una administración no son muy halagüeñas. La dirección general de Protección Civil solo ha concedido ayudas a tres expedientes de los 14 que tramitaron sendas unidades familiares por daños en viviendas o por enseres. Dos de ellos son para la reparación de las casas, con una subvención de 7.500 euros; y otro de más de 1.200 para objetos personales. Según los artículos 15 a 17 del Real Decreto 207/2015 las unidades familiares optaban a un máximo de 15.000 euros si es vivienda habitual y 3.000 por enseres siempre que cumplieran ciertas condiciones.
Desde la Plataforma aseguran que las 11 restantes ya han sido denegadas mientras que fuentes de Subdelegación del Gobierno en Teruel mantienen que aún falta alguna por estudiar aunque sin concretar el número y que las que se han denegado no cumplían con los requisitos del Real decreto. La que si aún no ha recibido contestación es la petición de aportación económica del Ayuntamiento, que por el momento solo cuenta para pagar los gastos de urgencia con 150.000 euros de la Diputación de Teruel.
