Seis comunidades se han encomendado a los abogados
Con las campañas de riegos ya iniciadas los temores para cientos de agricultores bajoaragoneses son los mismos que los de hace casi una década. Temen que con la llegada de julio y agosto, los meses de mayor consumo de agua, las tuberías no resistan y vuelvan a quebrarse por enésima vez.
Los reventones siguen siendo un problema para agricultores como los más de 200 de la segunda fase del Canal Calanda-Alcañiz que sufrieron las primeras roturas en 2012. Calculan que desde entonces han sufrido 83 averías que han supuesto pérdidas de más de 200.000 euros. Este año ya han registrado dos.
La de los bajoaragoneses no es una situación excepcional. Los tubos defectuosos que se colocaron en modernizaciones y reconversiones se extienden por Aragón. De hecho, afecta a seis comunidades que se han unido en un frente común. Se trata del Canal Calanda-Alcañiz, de la comunidad de Quinto y de cuatro de Riegos del Alto Aragón, en cuya sede en Huesca celebraron el martes una reunión. En el encuentro participó un gabinete de abogados especializado con el que se asesoraron para continuar por otras vías. «Hemos tenido muchísima paciencia y hemos tratado de alcanzar acuerdos, algo que se ha visto que no sale y ahora son los abogados los que llevan el tema. Vamos a ir a donde haga falta porque no podemos estar en un sinvivir cada año sin saber si se va a romper una tubería y si nos va a inundar el campo en el momento de plena producción», dijo el presidente de la Comunidad de Regantes, Miguel Ángel Vaquero.
Exigen al Gobierno de Aragón que depure responsabilidades por ser el organismo titular de las obras en coordinación con la empresa pública Sarga. Piden que sea la administración la que se enfrente a Uralita (actual Coemac), la responsable de fabricar unos tubos que resultaron ser defectuosos. «Está demostrado y nosotros no tenemos nada que perder porque no tenemos la culpa, así que daremos los pasos necesarios», dijo.
En el Calanda-Alcañiz la superficie afectada era de 27 kilómetros. En 2013 DGA sustituyó 3 kilómetros y recientemente, 1,7 entre el Regallo y Valdetinaja junto a la N-232 en dirección Híjar. La decisión del frente común se tomó después de desestimar la última propuesta de DGA. «Quedan 23 kilómetros de tubos defectuosos y nos ofrecieron sustituir cuatro kilómetros en tres años, algo insuficiente», añadió.
El tiempo apremia ya que una vez que que se cumplen los diez años de garantía de la obra, la responsabilidad cae en la comunidad. «Eso no lo vamos a permitir, queda poco tiempo y debemos zanjarlo», dijo el presidente de Riegos del Altoaragón, César Trillo. En este sentido añadió que el problema es de toda España, solo que las comunidades que realizaron la modernización con el Ministerio de Agricultura a través de Seiasa, han conseguido el compromiso de la empresa para arreglar los daños. «A nosotros nos ha pasado con obras enteras en el Nordeste y queremos el mismo trato por parte de Sarga y DGA, los regantes no tienen la culpa», reiteró.
Por su parte, Vaquero recordó que las obras de la segunda fase del Calanda-Alcañiz están inconclusas. Una de las cosas pendientes es poner en marcha la automatización del riego. «Son detalles que dicen que enseguida estarán pero no llegan, nos metemos en campaña y seguimos regando de forma manual», indicó. «La Administración no nos ha arropado porque deja pasar el tiempo en lugar de enfrentarse a la empresa responsable», concluyó.
Desde el Departamento de Desarrollo Rural de la DGA reconocen el problema y afirman que se han ido sustituyendo tanto los tramos de tubería que se rompían, como tramos completos cuando se ha dispuesto de material suministrado por Coemac (antigua Uralita). «La empresa SARGA ha negociado con los regantes la sustitución en varios años de longitudes importantes, aunque no toda la instalada». Fijan el problema en las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y asignan varias razones a las roturas. Puede ser la estanqueidad y durabilidad de las resinas y su degradación en el tiempo, y también posiblemente fallos en el control de calidad «derivados de la gran demanda en la época».
Indican que durante la ejecución de los trabajos en el Calanda-Alcañiz, el Jefe de Obra de Obearagón devolvió varios kilómetros de tubería que presentaban defectos a simple vista. «De todos modos, el haber anotado todos los registros y dónde se ha colocado cada una, ha permitido al Servicio Provincial de Teruel saber las partidas más conflictivas y proceder a una sustitución, tanto con Sarga como con Tragsa», explican desde el departamento.
Ocho reventones en un año en Maella
La situación es idéntica a escasos 40 minutos de distancia. En 2009 en Maella se crearon unas 2.100 hectáreas de nuevos regadíos enmarcados en el Plan de Elevación de Aguas del Bajo Ebro Aragonés (PEBEA) que abarca también a Caspe y Fabara. Desde la Comunidad de Regantes Margen Derecha del Río Guadalope aseguran estar «hartos» de las continuas roturas. Inicialmente arrancaron con 1.200 hectáreas y de forma paulatina se fueron sumando las demás y se comenzaron a detectar las primeras averías. La última se produjo en noviembre y se solventó en febrero. «Sin ser época de riegos», advierten. Precisamente por ser fuera de campaña y disponer de margen se decidió dedicar tiempo y levantar acta notarial. «Antes de noviembre ese mismo tramo se reventó tres veces en 60 días», explican.
La comunidad dispone del acta notarial -tres en total- y de los análisis que corroboran que el material es defectuoso y que ellos mismos encargaron a un laboratorio. «Lo tenemos sellado y guardado y no dudaremos en emplearlo en caso de ir a juicio. Antes de que finalice el año queremos tener algo en claro», dice el presidente, Eduardo Gascón. Entran en la casuística que apuntaba Trillo ya que la próxima campaña será la última con la obra en garantía.
Recuerdan que hace un par de año, Sarga sustituyó unos 900 metros pero reivindican los otros cuatro kilómetros que pueden romperse en cualquier momento. Hacen recuento y caen en que el año pasado se produjeron al menos cinco averías y que ha habido años de más. Calculan que cada percance supone unos 60.000 euros entre reparación, laboratorio y notario. «Se incrementa si pasa de noche porque a lo que nos damos cuenta la balsa se ha vaciado. No olvidemos el coste, cada vez más elevado, de la energía para bombear y subir el agua, algo que hay que volver a hacer porque lo almacenado se ha perdido», explica David Gil. Hasta hace dos años formó parte de la Junta y es uno de los jóvenes agricultores. «Entre 2012 y 2016 ya había muchos problemas. En un año se acumularon ocho reventones».
El PEBEA es la zona por la que han apostado aquellos que han invertido y el paisaje destaca, sobre todo, por la gran cantidad de frutales a los que con el agua se sumaron los olivos, almendros, algo de viñedo y también cereal. Varias cooperativas y particulares se ocupan de comprar la fruta y se suman varios productores que se hacen todo el proceso.
Desde la avería de febrero no han registrado nuevos percances «de importancia» pero la vista está puesta en verano. «Nos colocaron unos manómetros para calibrar y medir los altibajos del agua a su paso por las tuberías pero hay que volver a probar porque ahora hay más intensidad de caudal», comenta Gascón. «Creo que es una manera de alargar el problema porque la solución es una, que se responsabilicen de la sustitución de tubos», añade Gil.
Medidas contra la despoblación
Son muchos los jóvenes los que han buscado en el campo su medio de vida. «Como usuario estoy cansado porque cada avería es un gasto extra para nosotros y pérdidas y, como alcalde estoy muy preocupado», dice Jesús Zenón Gil. El primer edil recuerda que la activación en 2009 ya supuso el asentamiento de población. «De no haber sido por esto seríamos 500 habitantes menos en Maella, por eso se debería cuidar la reconversión que ha dado beneficio también a toda la comarca», concluye.
