Malestar en el Matarraña ante la propuesta de ampliación de las ‘zonas vulnerables’

Malestar en el Matarraña tras conocerse que el Gobierno de Aragón propondrá que buena parte de los municipios matarrañenses sean calificados como zonas vulnerables a la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias. La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente pretende que los términos municipales de Beceite, Valderrobres, La Fresneda, La Portellada, Torre del Compte, Cretas, Valdeltormo, Ráfales, Mazaleón y Calaceite pasen a formar parte de este tipo de zonas por lo que los ganaderos no podrán utilizar en las mismas condiciones los purines de las explotaciones ganaderas como fertilizantes. Estos municipios se sumarían así a los de la cuenca del Tastavins -Fuentespalda, Monroyo y Peñarroya de Tastavins- que ya están considerados como zona vulnerable.

Por todo ello la comarca del Matarraña aprobó el jueves por unanimidad presentar alegaciones al proyecto que califican como «una seria amenaza» al sector ganadero y agrícola del territorio. «Estamos bastante indignados. Se nos dijo que se haría una revisión de esta norma cada cuatro años. La última se hizo en 2019 y ahora nos encontramos con una normativa que constituye una amenaza para el sector», explicó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña.

En la misma línea se manifestaron los ganaderos. Acusaron al ejecutivo de proponer una reforma que no aporta soluciones a los problemas de excedentes de purines del territorio y de no contar con mediciones de nitratos en la práctica totalidad de los municipios incluidos en esta nueva normativa.

De igual modo, apuntaron a que algunas de las analíticas llevadas a cabo por el ejecutivo autonómico, se hicieron semanas después de la borrasca Gloria, lo que provocó que los niveles fuesen superiores a los habituales al filtrarse de forma acelerada los nitratos depositados durante los meses anteriores en la superficie por lo que, a su juicio, no son representativas del estado real de las aguas. «No nos consta que se hayan aumentado los datos de muestreo ni que se hayan hecho analíticas de las aguas superficiales. Por lo tanto se ha propuesto una variación de la ordenanda sin tener datos», explicó Manuel Esteve, presidente de la asociación Acriporte.

Otro de los puntos de la modificación de la ordenanza que suscita malestar es el relativo a la metodología a aplicar cuando se detecta un punto en el que existe contaminación por nitratos. Hasta el momento cuando se detectaba un punto de agua superficial o subterránea contaminado, se procedía a aplicar restricciones únicamente en el perímetro del barranco o cuenca receptora de esas aguas. Sin embargo la nueva propuesta contempla que si aparece un punto de contaminación en una localidad, automáticamente todo el término municipal pasa a ser considerado como zona vulnerable. «Pensamos que esta norma nos perjudica a todos. Los agricultores contarán con menos abono orgánico y los ganaderos deberán tener más tierras y rebajar su cabaña ganadera», explicó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña.

De igual modo acusaron a la administración de dar «una vuelta de tuerca» más a la burocratización del medio agrícola y ganadero. «Este tipo de formas de actuar por parte del ejecutivo, en pleno agosto, denotan su falta de compromiso con la España vaciada. No se nos ha consultado ni a ganaderos, ni a ayuntamiento ni a la comarca», manifestó José Ramón Arrufat, consejero de medio ambiente de la comarca del Matarraña. Institución comarcal y ganaderos manifestaron su malestar porque la administración «utilice» el mes de agosto de «forma sistemática» para endurecer las normativas, aprovechando la época vacacional. «Vemos que durante los pocos días que podemos tener vacaciones aprovechan para dar siempre una vuelta de tuerca», añadió Esteve. Algo en lo que coincidió el presidente comarcal. «Pensamos que han aprovechado la falta de personal de las pequeñas administraciones locales que existe en agosto», añadió Martí. La normativa también podría aplicarse a los municipios de Alcañiz y Castelserás, con una más que considerable superficie de regadío y que demandan el purín para su uso como fertilizante orgánico.

Instalaciones millonarias sin uso

Por todo ello los agentes políticos y los ganaderos pidieron una vez más la puesta en marcha de las plantas de purines de Peñarroya de Tastavins y Valderrobres, que costaron 14 millones de euros en 2010. La planta valderrobrense costó 8 millones de euros y nunca ha llegado a funcionar. Las explotaciones ganaderas del entorno están conectadas a ella a través de unos conductos diseñados para evacuar los excedentes de purines para ser, de este modo, depurados en las instalaciones.

Por su parte la planta de Peñarroya de Tastavins funcionó entre 2010 y 2013. Uno de los factores decisivos para el cierre de la planta fue la desaparición de las primas a la producción de energía eléctrica prescindiendo de los combustibles fósiles. Desde Acriporte apuntaron a que el problema de los purines no es de exceso si no de distribución ya que, explicaron, Aragón importa casi la mitad de los abonos orgánicos y minerales que emplea en las labores agrícolas. «Creemos que el ejecutivo autonómico y la consejería no han hecho todo lo posible para poner en marcha unas plantas que, en todo Aragón, costaron 40 millones de euros», añadió Esteve.

Nuevas herramientas normativas

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón manifestaron que su obligación es «garantizar el crecimiento» del sector agrario de una forma sostenible, equilibrada y coherente con el territorio.  Desde la pasada legislatura -explicaron- el ejecutivo ha dado importantes pasos en aras de asegurar ese desarrollo sostenible a través de nuevas herramientas normativas como son: el decreto de purines que apuesta por la reutilización de los estiércoles como fertilizante y la puesta en marcha de centros de gestión; la declaración de zonas saturadas de nitrógeno, donde no podrán instalarse nuevas explotaciones si no se presentan sistemas alternativos al uso fertilizante de los estiércoles; la prohibición de instalar  granjas en medio kilómetro a la redonda de los Espacios Naturales Protegidos y la ampliación de las zonas vulnerables.

Sobre este último aspecto, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, impone a los estados miembros la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación de nitratos de esta procedencia, y establece los criterios para designar como «Zonas Vulnerables» a aquellas superficies territoriales cuyo drenaje da lugar a la contaminación por nitratos.

Asimismo, desde la Comisión Europea se ha solicitado la declaración urgente de nuevas zonas vulnerables en las distintas comunidades autónomas del estado español, por parecer insuficiente el territorio declarado hasta ahora, para las estaciones de control y niveles de nitratos detectados en el cuatrienio 2016-2019 por las distintas confederaciones hidrográficas. Por ello, surge la necesidad de efectuar una nueva declaración de zonas vulnerables, que modifique la realizada en el año 2019.

La revisión de las zonas vulnerables implica una mayor exigencia y una intensificación del control que, entre otras cosas, está ligado a la condicionalidad de la PAC. Todas las explotaciones agrarias incluidas en estas zonas están sujetas al cumplimiento del Programa de Actuación vigente. El 29 de julio el BOA publicó el anuncio por el que se sometía a información pública el proyecto de la orden. Ha habido un mes para que los interesados presentasen sus alegaciones. El plazo concluyó el lunes.