Moncloa debate sobre despoblación en Teruel aunque sin concreciones sobre las ayudas laborales y la transición justa

El Gobierno Central llevó este lunes el debate de la despoblación a la ciudad de Teruel con un despliegue poco habitual de altos cargos con dos ministras, Teresa Ribera y Pilar Llop a la cabeza, aunque sin concretar ninguna medida efectiva más allá de realizar el enésimo análisis público sobre las fórmulas para el reequilibrio territorial.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico siguió sin poner fecha al convenio de transición justa de Andorra ni concretó cómo o cuándo se aplicarán las ayudas a los costes laborales para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria que aparecen en una disposición adicional del borrador de los presupuestos generales del Estado para 2022.

Eso sí, Ribera calificó de «éxito muy importante» cómo se está desarrollando la reactivación industrial de Andorra porque «la inmensa mayoría de medidas asociadas ya están en funcionamiento» pese a que un año después del cierre de la Central la única alternativa de empleo es el desmontaje de la Térmica y sigue sin firmarse el convenio que ella misma anunció en su visita a la Villa Minera hace casi tres años.

Destacó que pese a que no esté la firma se está trabajando en el convenio con los agentes políticos y sociales del territorio, ya se han «desplegado» 32 millones de euros en la comarca Sierra de Arcos, 15 de ellos en la restauración de minas, y el resto en acompañamiento de otro tipo de proyectos; y hace dos semanas se publicó el concurso para el acceso a los 1.202 MW que dejó libre la Térmica y que ahora se destinarán a renovables.

«Tenemos un éxito muy importante en un debate enormemente complicado que pretendía buscar soluciones que surgieran desde el ámbito local. La capacidad de financiar esas alternativas ya se ha activado aunque aún queda trabajo por hacer y firmaremos cuando tengamos completado el convenio en el que venimos trabajando desde el primer día con el Ayuntamiento, empresas afectadas, vecinos, empleados y DGA. Aunque no esté la firma no ha parado en ningún momento esa línea de trabajo contante con todos los actores implicados que nos ha permitido seguir avanzando con mucho éxito frente a una realidad que siempre es complicada y traumática tras cierre de la que ha sido la principal actividad de una zona durante décadas», afirmó este lunes Ribera ante preguntas de los periodistas en las jornadas 'Diálogos sobre el futuro de la España vaciada' de la Agenda España 2050.

Unas palabras que el presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que «suscribía». «Llevamos trabajando mucho tiempo y el Ministerio muestra interés en llegar cuanto antes a esa solución que esperan ansiosamente en Andorra. No tardaremos mucho tiempo en firmar en la Villa Minera», apuntó el presidente regional.

Sobre Andorra se pronunció también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que participó por la tarde en la mesa redonda «¿Cómo podemos redinamizar social y económicamente los municipios rurales?» y por la mañana ofreció una rueda de prensa en el sindicato. Allí pidió al Gobierno que España vuelva a contar con una empresa pública de energía para revertir el excesivo incremento de los precios de la luz y que contribuya a reindustrializar Andorra con renovables optando también a los MW del nudo de la Térmica. Una idea que defendió aludiendo que no es «comunista ni bolivariana» porque ya se aplica en países alejados de estos postulados como Alemania, Italia o Francia. Para recortar tiempos propuso utilizar una empresa pública que ya está creada, HUNOSA, que nació para la extracción minera y a su explotación en Asturias. «España es de los pocos países europeos que no está presente en el sector energético, su salida fue un error y la prueba más evidente es lo que pasa ahora con las tarifas y la imposibilidad de que alguien regule a la baja los precios. No se trataría de que irrumpa en la distribución sino en generar energía», precisó Álvarez.

Costes laborales

Sobre las ayudas del 20% de los costes laborales la ministra también fue más explícita ante los periodistas que en la mesa redonda aunque tampoco concretó. Ribera aseguró que están trabajando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el de Hacienda para «llevarlo a la práctica». «El punto más relevante es ver hasta dónde y cómo se puede acompañar el empleo existente e incentivar la creación de puestos de trabajo», apuntó la vicepresidenta tercera.

Al respecto el presidente de la DPT, Manuel Rando, le entregó una carta a la ministra Ribera firmada por los tres presidentes de las diputaciones de Teruel, Cuenca y Soria y los de las respectivas asociaciones empresariales en los que le solicitan una reunión para hablar sobre los planes conjuntos de estos tres territorios, que pasan por un «hub» de innovación y otros proyectos que han de aprovechar la aplicación de las ayudas al funcionamiento a las empresas.

Sobre esta cuestión se habló también en la primera mesa redonda de la jornada, «¿Cómo queremos que sea la España despoblada de 2050?». No tan beligerantes se mostraron cuando la moderadora, la directora de La COMARCA, Eva Defior, les preguntó por las ayudas a los costes laborales. El secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, se limitó a destacar el «compromiso» del gobierno mientras que el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, el cántabro Secundino Caso, aseguró que le da «pavor» lo que calificó como que «se premie por vivir en el pueblo». En esta mesa, junto a Sergio del Molino y Miguel Gracia, se abordaron la digitalización, el cambio de valores de lo rural, la retención del talento joven o la integración de la reivindicación del territorio en las políticas.

Este lunes hubo una sesión inaugural, cuatro mesas redondas y talleres ciudadanos, uno de ellos sobre los jóvenes moderado por el alcalde de Alcañiz, el sociólogo Ignacio Urquizu. En todas las sesiones se coincidió en que la vivienda y los problemas de conectividad son una de las principales necesidades. La consejera de Presidencia y reciente secretaría general de Reto Demográfico en la nueva ejecutiva federal del PSOE, Mayte Pérez, incidió en la importancia de hablar en positivo del medio rural aunque sin dejar de reivindicar sus problemas y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, reclamó que todas las leyes superen «un filtro de ruralidad». Hoy continuarán los actos hasta el mediodía. La inauguración y las charlas contaron con una gran asistencia de cargos públicos y agentes sociales y empresariales. Estuvieron, entre otros, el director de Caja Rural de Teruel, David Gutiérrez; el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel; y el director general del Grupo Arcoiris, Juan José Moles, entre otros.

Descentralización de administraciones

La ministra Ribera tampoco no se pronunció sobre la insistente petición del Ayuntamiento de Andorra para acoger la oficina estatal de Reto Demográfico y Transición Ecológica en el marco de la descentralización de los nuevos organismos. Así se captaría, gestionaría y aceleraría la burocracia de las inversiones a las que se pueden acoger los empresarios que apuesten por la cuenca minera.

Sí llegó con un anuncio la ministra Llop, quien anunció que el Ministerio de Justicia convertirá cada juzgado de paz en una ventanilla única del Estado donde el ciudadano podrá realizar trámites, recibir notificaciones o acudir a juicios de forma telemática. Estas oficinas judiciales estarán dotadas de personal profesional que se sumará al existente. Además podrán servir como espacio coworking para que los empleados de Justicia puedan «teletrabajar». En la provincia de Teruel existen ahora seis juzgados de paz que prestan servicio a varias localidades y están gestionados por jueces no letrados en Alcorisa, Híjar, Montalbán, Cella, Albarracín y Fuentes Claras.

El Ministerio trabaja para «conocer las necesidades de estos órganos jurisdiccionales y diseñar las oficinas», que estarán digitalizadas y ofrecerán a sus empleados la posibilidad de trabajar a distancia. «También la justicia debe ponerse al nivel de lo que necesitan los ciudadanos (…) Hace falta un país donde haya más igualdad de oportunidades, nada debe obligar a una persona a trasladarse a otro sitio, no hay libertad si no se puede elegir», opinó.