«Indignación» en Nonaspe tras la aprobación este miércoles de un Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial de Aragón de ayudas para los agricultores y ganaderos que se vieron afectados por el incendio de Ateca y Bubierca el pasado 18 de julio– habiendo alcanzado un perímetro de 14.000 hectáreas-, y que compensará a los municipios afectados por el mismo: Alhama de Aragón, Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Moros, Terrer, Villalengua y Villarroya de la Sierra. La localidad del Bajo Aragón Caspe, que sufrió un devastador incendio hace dos meses saldado con la quema de 2.000 hectáreas, pide un «trato igualitario» para las localidades afectadas por los incendios y reclama la recepción de ayudas.
Ante la agilidad de las ayudas por el fuego de Ateca, el alcalde de la localidad, Joaquín Llop, mostró su malestar y pidió ayudas directas también para los afectados en Nonaspe, donde 2.000 hectáreas se vieron arrasadas por el fuego hace ya dos meses. «Las hectáreas no son las mismas pero entendemos que tenemos que tener el mismo trato que los demás», reivindicó el edil. Según explicó, los daños sufridos por agricultores y ganaderos fueron cuantiosos, más teniendo en cuenta que predomina el regadío. «Hay fincas que necesitan entre 30.000-40.000 euros por hectárea. Donde se ha quemado el 100% de las iinfraestructuras y arbolado, las afecciones son bestiales», remarcó. Llop pidió una reunión urgente con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, y se encuentra a la espera de concretar fecha y día del encuentro.
Ante esta situación, Ramón Celma, presidente del PP de Zaragoza y portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes de Aragón también ha solicitado la inclusión de los agricultores de Nonaspe y Mequinenza en las ayudas por los incendios publicadas por el Gobierno de Aragón. El representante popular ha lamentado que el Ejecutivo aragonés se olvide de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y de Mequinenza, donde los daños sufridos por agricultores y ganaderos hace ya dos meses fueron cuantiosos y todavía no se han indemnizado. «Los agricultores de esta zona han perdido por el incendio 2.008 hectáreas, entre ellas de frutales de nuevo regadío que suponen unos costes de inversión muy altos. Pero no solo esto, en Nonaspe también se han visto afectados 114 kilómetros de pistas y caminos y diez casas de campo», ha indicado.
Para Ramón Celma la respuesta ante situaciones de este tipo debe ser inmediata: «Esperar indemnizaciones durante dos meses desde que se produjo el incendio de Nonaspe es grave, pero lo es todavía más comprobar cómo transcurrido este tiempo el Gobierno de Aragón no ha incluido esta zona en el Decreto-Ley de ayudas por incendios para cumplir con su cometido. Su cometido es restituir los daños sufridos. Las ayudas deben ser ágiles, suficientes y para todos los afectados, y las incluidas en el Decreto-Ley no lo son», ha denunciado.
Nonaspe ha sido reconocida como zona catastrófica, ahora conocida como zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil, pero las ayudas derivadas de la declaración se extienden en su concesión durante muchos meses, lo que imposibilita a los afectados por estas situaciones a retomar la actividad que desarrollaban y que se vio interrumpida por los incendios. «Los agricultores de la zona de Nonaspe afectados por el incendio del pasado 16 de junio deben recibir unas ayudas compensatorias de forma inmediata y estas deben ser compatibles con las que se den desde la Administración General del Estado», ha insistido Celma .
De la misma manera, el presidente del PP de Zaragoza ha exigido el reconocimiento de ayudas de esta naturaleza para los agricultores y ganaderos afectados por el reciente incendio del Moncayo, una vez que se produzcan las evaluaciones de daños: «Los agricultores del Moncayo deben de ser indemnizados también cuando se conozcan los daños sufridos en las 6.000 hectáreas afectadas por el incendio en las que los cultivos principales eran almendros, olivos y viñedos».
Apoyo al sector primario
La sequía, la subida de precios de los fertilizantes, el incremento de los costes energéticos y la incertidumbre de los mercados, hacen del sector primario uno de los más precarios desde el punto de vista económico, lo cual se debe de compensar con medidas de apoyo ante situaciones extraordinarias, a juicio de Ramón Celma. «Son ya suficientemente complicadas las circunstancias en las que deben trabajar agricultores y ganaderos como para que situaciones desafortunadas como incendios o temporales vean peligrar su inversiones, poniendo en riesgo a la vez una parte muy importante de la renta del medio rural, y por tanto su supervivencia», ha señalado.
Por todo ello, Ramón Celma ha aprovechado para solicitar al Gobierno de Aragón celeridad en la tramitación de todas las ayudas agrícolas por situaciones climatológicas que hagan posible continuar con la actividad de forma inmediata. «El mundo rural no se entiende sin agricultura ni ganadería, y es precisamente cuando peor lo pasan por la sequía, el granizo o los incendios, cuando las administraciones deben tener en cuenta el papel tan importante que juegan».
Decreto-Ley de DGA
El Decreto-ley contempla la aplicación de tres grandes líneas de ayudas: para facilitar la continuidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, para la restauración o reparación de infraestructuras colectivas de riego y para la priorización en el acceso a ayudas e inversiones directas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Los damnificados podrán empezar a solicitar las ayudas a partir de este jueves 18 de agosto y tendrán un plazo de 15 días para hacerlo.
Estas subvenciones, destinadas a la compensación de rentas, se declaran compatibles y serán complementarias a las indemnizaciones procedentes de los seguros o de la declaración de zona catastrófica, así como con el resto de actuaciones que van a llevar a cabo la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) o la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Cabe recordar que estas ayudas no son para compensar la pérdida de la cosecha, que eso lo hace el seguro, sino para ayudar a los agricultores y ganaderos a restituir sus explotaciones y compensar la pérdida de renta que van a experimentar en los próximos años.
La concesión de subvenciones será directa a los agricultores de cultivos leñosos y a los ganaderos de ovino, titulares de explotaciones con fincas agrícolas o explotaciones ganaderas, afectadas por el incendio y ubicadas en los municipios anteriormente mencionados, que hayan declarado las parcelas y el ganado objeto de estas ayudas directas en la solicitud conjunta de la PAC 2022.
Serán considerados «profesionales» aquellos agricultores y ganaderos titulares de una explotación agraria que cumplan al menos una de las tres siguientes condiciones: que sean titulares de explotaciones prioritarias, que acrediten unos ingresos agrarios que hayan supuesto más del 50% de sus ingresos totales durante al menos uno de los tres últimos años o que hayan estado afiliados a la Seguridad Social Agraria al menos durante los últimos 12 meses.
Quienes cumplan este requisito podrán recibir una ayuda de hasta 20.000 euros, que es el máximo que permite la normativa europea por el régimen de minimis. En concreto, podrán percibir 5.000 euros por hectárea de cultivo leñoso de regadío destruido por el fuego, 800 euros por hectárea de cultivo leñoso de secano y 45 euros por oveja elegible en ayuda asociada de la PAC.
Por otra parte, los agricultores y ganaderos titulares de una explotación agraria afectada por el incendio que no cumplan el requisito de profesionalidad podrán percibir una subvención directa cuyo importe máximo no podrá exceder de 4.000 euros: 2.500 euros por hectárea de cultivo leñoso de regadío destruido por el fuego, 500 euros por hectárea de cultivo leñoso de secano y 30 euros por oveja elegible en ayuda asociada de la PAC.
Subvenciones a las Comunidades de Regantes
Con el propósito de restablecer el servicio de riego a las explotaciones agrícolas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente subvencionará a las Comunidades de Regantes el 100% de los costes de restauración de las redes colectivas que hayan resultado dañadas por el incendio. En este caso, el procedimiento simplificado y de urgencia establece como límite para la ejecución y justificación definitiva de los gastos por parte de las Comunidades de Regantes afectadas el 4 de noviembre.
Asimismo, con carácter extraordinario y temporal se establecerán valoraciones o criterios de selección preferentes compatibles con el marco normativo vigente en las convocatorias de ayudas anteriores al 31 de diciembre de 2023 siguientes:
- Ayudas de modernización de explotaciones
- Ayudas de industrialización y comercialización agroalimentaria
- Ayudas de modernización de regadíos en áreas afectadas
En los tres casos, los criterios de preferencia podrán establecerse a favor de proyectos cuyas infraestructuras se hayan visto afectadas por el incendio.
Restauración forestal y medioambiental
Por último, el Decreto-Ley también contempla inversiones para la restauración forestal y medioambiental. La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal establecerá, con carácter extraordinario, y hasta el 31 de diciembre de 2023, criterios de selección preferentes de proyectos e inversiones directas cofinanciadas con fondos del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, y 2023-2027, así como con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, compatibles con el marco normativo aplicable a los mismos y dirigidas a la restauración y acondicionamiento de los Montes de Utilidad Pública afectados por el incendio.