Un hombre de 36 años, Sergiu Petru Cheres, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Teruel a 11 años de prisión por explotar sexualmente a cuatro mujeres y por un delito de tráfico de drogas en Alcañiz. El acusado, que antes del inicio de la vista oral fijada para este martes ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, que rebaja en 5 años el castigo de cárcel solicitado previamente, tendrá que pagar además una multa de casi 3.000 euros por estos hechos.
El proxeneta, que actuaba en Alcañiz y pueblos de la zona del Bajo Aragón, fue denunciado por cuatro mujeres extranjeras que, debido a su situación irregular y vulnerable, se vieron forzadas a trabajar en la prostitución. El acusado se quedaba con gran parte de los ingresos que las denunciantes obtenían en el ejercicio de la prostitución en municipios del Bajo Aragón tras acordarlo previamente e incluso en uno de los casos se apropió de toda la cuantía recibida por una de las víctimas.
Los hechos se remontan a febrero del año pasado. Una de las mujeres procedente de Paraguay se trasladó a Alcañiz desde Zaragoza para visitar a una amiga, que ejercía la prostitución y le alquiló una habitación en su vivienda. Se anunciaba en páginas web de contactos para atraer a clientes y trabajar. La situación de la pandemia agravó sus condiciones, atrapándolas en un país sin papeles ni posibilidad de empleo legal. Su amiga le ofreció contactar en Alcañiz con Sergiu Petru Cheres con quien ella trabajaba y le aportaba clientes a cambio de un 20% de los beneficios y el cobro por el traslado a pueblos del territorio como Caspe, Calaceite, Castelserás, La Fresneda…
Así, Sergiu Petru Cheres se encargaba de poner en contacto a las víctimas con los clientes y de realizar el transporte, al que denominaba «taxi», pese a no tener licencia ni ejercer esta profesión. El acusado llevaba a las mujeres hasta los domicilios de los puteros o puntos de encuentro acordados. De acuerdo con las conversaciones telefónicas intervenidas, Sergiu P.C. negociaba el dinero cada vez que una de ellas ejercía la prostitución. En uno de los acuerdos se establecía que la mujer recibiría 80 euros y él, 100, por cada hora de servicios, pero llegó a pedirle la mitad, 100 euros de los 200 que había percibido. A otra víctima le requirió 80 euros, cobrándole el transporte y el 20% de los 100 que había cobrado por hora. En otros casos, aprovechando el trayecto, el acusado le quitaba a la mujer todo el dinero que había recibido, en una ocasión llegó a apropiarse de la totalidad de los 1.000 euros abonados a una de las víctimas. Fue precisamente en este robo el que la primera víctima decidió denunciar en marzo de 2021 ante la Policía Nacional en Zaragoza, quien trasladó la denuncia a la Guardia Civil de Alcañiz comenzando así la investigación de la mano del Juzgado de Instrucción número 2 alcañizano.
La Policía Judicial de Alcañiz comenzó entonces el seguimiento telefónico del proxeneta, interviniendo su dispositivo móvil hasta agosto, cuando explota la operación y se le puede procesar por explotación y tráfico de drogas. Durante ese tiempo, se logró contactar con cuatro mujeres víctimas para ofrecerles el apoyo y las garantías de protección necesarias. Todas denunciaron los hechos y facilitaron la operación según fuentes de la Guardia Civil. Precisamente, la importancia de este operativo radica en la dificultad de destapar casos de proxenetismo en el medio rural, donde las mujeres que ejercen la prostitución sufren un aislamiento muy importante.
Además de la explotación sexual, durante la operación se pudo constatar el tráfico de estupefacientes a través de varios registros en pisos. El acusado, en algunos casos aprovechando el transporte de las víctimas y en otros directamente, vendía sustancias marihuana, cocaína, hachis y viagra. En el registro de su domicilio se encontraron 79 bolsas precinto, un rollo de alambre y dos básculas de precisión. Para desviar la atención se refería a cocaína como blanco, marihuana como verde y, hachís como marrón, como consta en las transcripciones telefónicas. En el marco de esta operación otro hombre que suministraba las drogas fue detenido por tráfico de estupefacientes.
Sergiu Petru Cheres empleaba un alias para evitar ser identificado. Contaba con un trabajo regular por las mañanas y se dedicaba a la explotación sexual durante las noches, trasladando a las mujeres a los pueblos.
El fiscal de Teruel encargado del caso, Ángel Julián, ha destacado la dificultad para que casos de proxenetismo lleguen a ser juzgados y ha alabado el “buen trabajo” de la Guardia Civil de Alcañiz para conseguir las pruebas necesarias que han permitido incriminar al acusado. Julián ha señalado que el procesado trataba a las mujeres a las que explotaba sexualmente “como si fuesen mercancía”, refiriéndose a ellas por sus rasgos físicos o por su país de procedencia, «desprendiéndolas de su dignidad como seres humanos”. Su «acuciante situación personal y económica» (hijos o ascendientes dependientes, imposibilidad de acceder a un empleo, encontrarse en situación irregular, carecer de formación o experiencia, y hallarse, además, atrapadas por la pandemia las abocaba a la prostitución.
Por su parte, la Policía Judicial de Alcañiz ha destacado la colaboración en este caso del fiscal, cuya labor fue muy importante para agilizar la operación y facilitar todo el proceso de asistencia a las víctimas. Encontrar pruebas de cargo para procesar a este tipo de delincuentes suele ser muy difícil, y requiere una labor de investigación profunda así como la colaboración tanto de las víctimas como de la fiscalía.
Todos los hechos anteriores han sido por tanto los constitutivos de cuatro delitos relativos a la explotación sexual, uno por cada víctima con dos años de prisión por cada una de ellas (8 años); y otro delito contra la salud pública por el tráfico de estupefacientes penado con 3 años de cárcel.
Siempre son los mismos vagos y sinvergüenzas que vienen a España a delinquir y como en este país vale todo, pues que más quiere el ciego que ver ¡¡ ala para España que allí vale todo !!