Desde el PAR consideran que la mejora de la conectividad en el medio rural debe ser «inmediata» y por eso reclama la necesidad de poner fecha, 2023, para la extensión de la fibra. Así lo puso de manifiesto el senador aragonesista, Clemente Sánchez-Garnica, en una intervención en el Senado en la que abogó además por la colaboración del Gobierno central con las diputaciones provinciales para llevarlo a cabo.
«El fallido Plan PEBA» (Programa de Extensión de la Banda Ancha) del Gobierno central, «ha demostrado que, precisamente los territorios más necesitados como Huesca, Teruel y Zaragoza, han quedado fuera. Para evitar que vuelva a ocurrir es necesario que el Gobierno de España cuente con la colaboración de las diputaciones provinciales que al fin y al cabo son las administraciones que conocen la realidad territorial», una colaboración que, añadió el senador, puede ser también económica.
Debe tenerse en cuenta que la extensión de la fibra, por ejemplo, en la provincia de Teruel, apuntaba el senador, puede tener un coste de unos 20 millones de euros, lo que significa que, con inversiones de 2,5 ó 3 millones de euros, pasaría mucho tiempo hasta que se logre el objetivo.
El plan además «debería garantizar 300 megas de fibra óptica» para asegurar la efectividad de la conexión y «en un plazo de ejecución razonable como puede ser el 2023», o en todo caso lo antes posible.
Así lo expresó el senador en el debate de una moción presentada por el PSOE para la puesta en marcha de un plan de expansión de la TIC para favorecer la igualdad de oportunidades real en España.
