El Tribunal Supremo señala que dos aerogeneradores funcionan de manera irregular
El proceso judicial abierto entre el Ayuntamiento de Castellote y la Generalitat Valenciana derivado de la problemática con la instalación de los parques eólicos de Muela de Todolella y Refoyas parece haber llegado a su fase final. La sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia a mediados del pasado mes de diciembre con un dictamen que desechaba el recurso de casación que la Generalitat interpuso el 13 de marzo del 2015 contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV); una resolución que daba la razón al Ayuntamiento de Castellote en esta polémica.
Para contextualizar el caso hay que remontarse hasta el 2012, cuando Castellote mostró su malestar, por medio de una demanda, con el acuerdo del servicio de energía de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Generalidad Valenciana. El Ayuntamiento solicitaba «una restauración de la legalidad» con respecto a la aprobación del Plan Especial Eólico de la zona 2 de la Comunidad Valenciana. El motivo: la instalación de 60 aerogeneradores que invadían, en parte, el terreno correspondiente al término municipal de Castellote.
La instalación de este parque eólico en Todolella y Refoyas, según el Ayuntamiento turolense, tenía deficiencias y fallos técnicos. De esta manera, el Plan Especial de los aerogeneradores valencianos establecía «una franja de terreno de 200 metros de anchura total», aunque la franja de terreno donde finalmente se ubicaron estaba a menos de 100 metros del término municipal de Castellote, una situación que provocaba que las aspas de varios molinos eólicos «sobrevolaran» dentro del terreno del Maestrazgo.
La denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Castellote solicitaba la anulación de «las autorizaciones, permisos y actuaciones» de los parques eólicos Muela de Todolella y Refoyas, porque consideraban que la competencia tenía que ser de la Administración del Estado. Finalmente este recurso no obtuvo el visto bueno judicial.
Respecto a la invasión de terrenos municipales por parte de los molinos, y tras diferentes pruebas periciales, la sentencia judicial no consideró probada dicha ocupación, aunque sí estimó, «de manera parcial», la presencia ilegal de dos aerogeneradores (A2.4 Y A2.5). En ejecución de la sentencia, el tribunal estimaba que se debían adoptar «las medidas técnicas necesarias para que, sus rotores, en ningún caso sobrevuelen el término municipal de Castellote».
La sentencia, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desestimaba la «restauración de la legalidad» que demandaba el Ayuntamiento de Castellote, aunque sí que le daba la razón respecto a la invasión de dos aerogeneradores. Debido a este dictamen, la Generalitat Valenciana presentó un recurso de casación, de anulación, contra esta sentencia.
Sentencia favorable
El pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo dictó sentencia y desechó el recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana. La sentencia señala que el Ayuntamiento de Castellote, ya en 2004, solicitó a la institución valenciana información sobre la instalación de los aerogeneradores del Plan Especial Eólico Zona 2. En ese momento, la Generalitat no respondió, por lo que el consistorio turolense tan solo pudo impugnar las resoluciones una vez pudo «conocer y comprobar que la colocación de los aerogeneradores afectaba a sus intereses». Además, la sala tercera del Tribunal Supremo vuelve a subrayar que dos de los aerogeneradores del parque «incurren en ilegalidad parcial al adentrarse sus palas en el término municipal de Castellote» y ordena «la adopción de las medidas técnicas necesarias» que eviten que las aspas sobrevuelen el término municipal de la localidad.
El escrito finaliza señalando que la impugnación de la instalación de los aerogeneradores «hizo viable las autorizaciones previas en cuanto amparaban una indebida localización que no se ajustaba a las determinaciones del Plan Especial». Es decir, un movimiento que permitió autorizar «la instalación, rotación y producción de electricidad» en el territorio de la Comunidad Valenciana. Además, la sentencia aclara que las costas del proceso judicial son impuestas a la Generalitat Valenciana.
Respecto a las reacciones por el fallo del Supremo, el alcalde de Castellote, Ramón Millán, prefirió ser cauteloso y valorará la sentencia en las próximas semanas, «cuando nuestra abogada vuelva de las vacaciones».
