El Pleno del Parlamento Europeo aprobó durante la jornada del jueves la creación del Fondo de Transición Justa para la transición energética. Se trata de una iniciativa liderada por el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) que, tal y como manifestaron, lo ha convertido en un instrumento orientado a la creación de empleo, lo que a su juicio, podría beneficiar a comunidades españolas como Asturias, Castilla-León y Aragón.
El objetivo de este Fondo -propuesto en enero de este año por la Comisión Europea, que preside la popular Úrsula Von der Leyen- es ayudar a las regiones europeas más afectadas por las medidas impulsadas por la UE para establecer un modelo económicomás centrado en el respeto del medio ambiente y para avanzar hacia una Europa Verde.
Durante la tramitación del informe del Parlamento Europeo relativo a este Fondo, las propuestas y enmiendas del grupo del PPE y de la eurodiputada del PP y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo, Isabel Benjumea, han permitido que el texto aprobado hoy pueda beneficiar a las regiones españolas.
En primer lugar, porque la propuesta del Fondo aprobada por el Parlamento beneficia tanto a las regiones con explotaciones mineras en activo, como a aquellas regiones que en el pasado reciente las hayan tenido. Este aspecto era importante para España porque algunas regiones que habían destacado por su cumplimiento de las normas comunitariasa la hora de ejecutar los cierres de los pozos mineros, podían verse paradójicamente penalizadas al iniciar la transición a un nuevo modeloeconómico.
En segundo lugar, porque el nuevo Fondo de Transición Justa incluye el criterio de despoblación a la hora de evaluar a las regiones, algo que demandaban regiones afectadas como Asturias y Castilla y León y Aragón. Otro de los puntos fundamentales del Fondo, y que fue una exigencia del Partido Popular Europeo durante la tramitación de este asunto, ha sido que se resaltara la importancia de la creación de empleo y de la cohesión social.
Por tanto, las acciones prioritarias irán dirigidas a la formación de los trabajadores afectados por el cambio de modelo económicoy su adquisición de competencias en sectores con másfuturo y viabilidad económica; así como la participación de las PYMES y de la iniciativa privada, ya que la reconstrucción del tejido productivo no puede depender exclusivamente del sector público.
Entre las as actividades que apoyará el Fondo de Transición Justa se incluirán microempresas, turismo sostenible, infraestructura social, universidades e instituciones públicas de investigación, tecnologías de almacenamiento de energía, calefacción urbana de bajas emisiones, movilidad inteligente y sostenible, y la innovación digital. A todo esto hay que sumar la condicionalidad impuesta en el reparto de fondos. Cada estado miembro de la UE tendrá que realizar un plan nacional que será evaluado para poder obtener dichos fondos, lo cual supone un sistema de incentivos y mejoras para los países que respetan las reglas y ejecutan de forma adecuada los fondos. Se pretende así evitar errores del pasado respecto al uso de fondos comunitarios y posibles despilfarros.
Isabel Benjumea ha explicado que «el PPE ha corregido una propuesta que nos castigaba como país por la irresponsabilidad de nuestro gobierno». «Aun así, habrá que preguntar al señor Sánchez por qué España solo opta al 4% del total del fondo, cuando otros países con minas abiertas como Alemania y Polonia se llevan la mayor parte de la financiación. Habría que saber ¿por qué fuimos uno de los países peor parados? ¿Dónde quedaron aquellas promesas del presidente Sánchez y su ministra cuando llegaron al gobierno y decidieron acelerar el cierre de centrales mineras y térmicas?», ha explicado.
«La clave ahora es que estos fondos se empleen en lo verdaderamente importante, evitando así errores del pasado: dinamizar la economía de esas regiones, generar empleo y oportunidades y ofrecer una oportunidad de futuro a sus vecinos», ha añadido la eurodiputada popular.
Background
El pasado mes de enero la Comisión Europea, presidida por la popular Úrsula Von der Leyen, presentó su propuesta de Fondo de Transición Justa, iniciativa enmarcada dentro del Green Deal («Pacto Verde»), una de sus principales propuestas para la actual legislatura (2019-2024). La presidenta de la Comisión señaló en ese momento que una de las prioridades políticas de la legislatura sería la lucha contra el cambio climático, el cumplimiento de los Acuerdos de París de 2015 sobre cambio climático y dar los pasos necesarios para lograr que Europa sea un continente sin emisión de gases de efecto invernadero.
Von der Leyen insistió en que «nadie se puede quedar atrás» y de ahí la importancia de aprobar un Fondo de Transición Justa que ayude a las regiones europeas afectadas por la transición energética. Un plan que las ayude a superar su dependencia económica de energías contaminantes mediante la búsqueda de nuevos sectores generadores de riqueza. Desde el inicio de la legislatura europea y tras la presentación tanto del Acuerdo Verde, como del Fondo de Transición Justa, el PPE tendió la mano al resto de grupos políticos europeos para dialogar y consensuar esta iniciativa política en todo su proceso legislativo.
Este liderazgo del Partido Popular Europeo y su mano tendida al diálogo y consenso con el resto de grupos se comprobó en la comisión de Desarrollo Regional, donde se aprobó con una amplia mayoría la propuesta legislativa, de la que fue ponente el eurodiputado popular Manolis Kafalogiannis.
