Más de 150 municipios aragoneses desaparecerán del mapa de paradas de autobús si entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Congreso el pasado 8 de octubre según denunció el Partido Popular. Esta norma del Gobierno de España, que reduce las paradas en todo el país de 1.912 a 495 y las rutas de 966 a 510, afectará a más de tres millones de ciudadanos, especialmente en la España rural, donde en muchos casos el autobús es el único medio de conexión.
En Aragón, las cifras apuntan a un recorte especialmente grave: 151 localidades se quedarán sin parada, lo que perjudica a más de 134.000 personas y supone la pérdida del servicio para más de 25.000 viajeros anuales. En la provincia de Teruel, el impacto se traduce en 50 municipios afectados y 13.323 usuarios sin transporte, entre ellos poblaciones como Calanda, Utrillas, Montalbán, Cella o Valderrobres, según denunció el diputado nacional Alberto Herrero.
«El Gobierno presenta esta ley como moderna y verde, pero en realidad es una norma ideológica, centralista y alejada del territorio», ha criticado el también alcalde de Calanda. «Con este nuevo modelo, los mayores que usaban el autobús para ir al médico a Alcañiz tendrán que depender del coche particular. No se puede legislar desde los despachos de Madrid sin escuchar a los pueblos», ha añadido Herrero.
El PP fue el único grupo que presentó una enmienda a la totalidad en el Congreso y registró 95 enmiendas parciales para blindar por ley las paradas actuales, garantizar la financiación estatal, crear un Plan de Convergencia para la Movilidad, y proteger el uso del vehículo privado. Además, los populares reclamaron que ninguna localidad pierda el autobús «por criterios económicos».
El diputado nacional por Zaragoza, Luis María Beamonte, subrayó que esta ley "rompe la igualdad entre españoles y condena al aislamiento a miles de pueblos". Recordó que, frente al modelo estatal que busca «rentabilidad», el Gobierno de Aragón apuesta por la «equidad», con un aumento del 39 % en la oferta de transporte público y una inversión superior al 80 %, que supera los 20 millones de euros. Beamonte aseguró que ningún pueblo con más de diez habitantes se quedará sin autobús.
Respuesta por parte del PSOE
Las reacciones no tardaron en llegar. El diputado del PSOE por la provincia de Teruel en el Congreso, Herminio Sancho, insistió en que, ante la continua repetición de «mentiras» por parte del Partido Popular, el Gobierno de España «garantiza que no se va a suprimir ninguna parada de transporte público en nuestros pueblos». «Ya vale de querer convertir una mentira en una verdad y en una amenaza», ha subrayado, destacando que en la tramitación de esta ley, "de nuevo, el PP se ha negado a asumir sus responsabilidades y boicoteado" la posibilidad de negociación alguna desde los gobiernos autonómicos.










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