El Partido Popular en las Cortes de Aragón presentó este martes una propuesta legislativa dirigida al Ejecutivo donde propone «habilitar los recursos económicos suficientes para abonar a los ayuntamientos aragoneses el sobrecoste que suponen los trabajos extraordinarios de limpieza y desinfección que se ven obligados a asumir en los centros de educación Infantil y Primaria de sus municipios para convertir los centros escolares en espacios seguros frente a la Covid-19».
Como indicó la portavoz de Institucional del partido Popular en el Parlamento autonómico, Mar Vaquero, no es la primera ocasión en la que el Partido Popular debe reclamar al Gobierno de Javier Lambán «sensibilidad y solidaridad» con los ayuntamientos para que puedan afrontar con garantías la seguridad en sus municipios frente al coronavirus. En junio "ya recordó" al Ejecutivo autonómico el papel decisivo de estas entidades locales para controlar la pandemia y por ello propuso a la coalición liderada por el PSOE aragonés adelantar el pago del Fondo de Cooperación Municipal, agilizar el abono de todas las transferencias previstas por la Administración autonómica a los municipios, comarcas y mancomunidades y, como complemento, la aprobación de un paquete extraordinario de medidas para facilitar la liquidez a aquellas entidades locales que no hubieran tenido superávit en sus cuentas públicas. Todas estas iniciativas de ayuda a los ayuntamientos fueron rechazadas por PSOE, Podemos CHA y PAR.
Vaquero, que estuvo acompañada por los representantes del Partido Popular en la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y provincias (FAMCP), Ignacio Herrero alcalde de Illueca (Zaragoza), Carlos Til alcalde de Gurrea de Gállego (Huesca), e Isabel Arnas alcaldesa de Albalate del Arzobispo, fue especialmente crítica con el jefe del Ejecutivo autonómico cuando dijo, «resulta muy difícil, muy difícil dar verosimilitud al presidente Lambán cuando va al Gobierno de España a pedir dinero diciendo que debe de haber un reparto justo, cuando él ni siquiera es capaz de asumir esta obligación, este deber y esta atención con las entidades locales». Recordó que ni el Gobierno de España ni el Gobierno de Aragón han ayudado económicamente a los municipios para pagar las numerosas facturas derivadas de la lucha contra la pandemia «para poder garantizar la seguridad, el bienestar y la salud de sus vecinos». De hecho, reprochó al Ejecutivo autonómico excluir a los ayuntamientos de los 54 millones de euros extra del Fondo Covid que Aragón recibirá de la Administración General del Estado, y al Gobierno de España la «confiscación» de los ahorros de los municipios para pagar las deudas del Estado.
De esta manera, además de la merma de ingresos municipales durante el ejercicio presupuestario de 2020 las entidades locales se ven penalizadas al tener que afrontar con sus escasos recursos el sobrecoste que implica la limpieza y desinfección de los centros de Infantil y Primaria cuando la competencia recae de manera exclusiva en el Gobierno de Aragón. Una singularidad que puso de relieve la portavoz popular cuando reclamó «colaboración, lealtad institucional y coordinación» al Ejecutivo autonómico como principio regulador de su relación con otras Administraciones públicas, y lamentó que «es difícil que se pida cumplir este tipo de principios cuando el Gobierno de Aragón no ha sabido llevarlo a cabo».
Según Mar Vaquero el origen de la situación del actual «quebranto económico» es la asunción de responsabilidades externas, «a los ayuntamientos se les vuelve a obligar a asumir una competencia que no es propia», pues asumen la limpieza y mantenimiento de los centros escolares de los primeros ciclos educativos, «pero es obvio que es la crisis sanitaria, que son las prescripciones y requisitos de las autoridades sanitarias y educativas los que van a obligar a llevar a cabo estos servicios extraordinarios y por ello este sobrecoste. Y debería ser el Gobierno de Aragón el que asumiera este tipo de gastos extraordinarios».
La asfixia financiera recaerá de manera especial, estiman en el Partido Popular, en el 90% de las entidades locales aragonesas debido a que su población está por debajo de los mil habitantes, lo que significa unos presupuestos anuales ya de por sí ajustados que, en algunos municipios, se ven sobrepasados por pagos obligados pero no previstos. Una debilidad financiera que tal y como explicó la portavoz popular de Institucional no es compensada por el fondo autonómico de cooperación municipal cuya dotación prevista para 2020 es inferior a lo que recibieron en 2008, debido al recorte aplicado por el gobierno autonómico del Partido Socialista en el año 2010.
La petición de recursos extraordinarios fue avalada por los testimonios de los ediles populares de Illueca, Gurrea de Gállego y Albalate del Arzobispo, tres municipios con centros escolares de Infantil y Primaria que desde el inicio del estado de alarma se vieron obligados a responder a las exigencias sanitarias derivadas de la pandemia con sus propios recursos y que ahora, ante el comienzo del curso escolar, añaden un plus de prevención y vigilancia que también deben afrontar desde sus presupuestos ordinarios.
