El jueves comparece en Comisión del Congreso el secretario de Estado de Seguridad a petición del PSOE
El pleno del Senado ha rechazado la petición de Compromís, Unidos Podemos y PdeCAT a instancia de CHA para crear una comisión que investigara el triple crimen de Andorra para «conocer la verdad, valorar las decisiones y depurar, en caso de que las haya, responsabilidades políticas». PSOE y C»s se han abstenido y el PP ha votado en contra pese a que en el Ayuntamiento andorrano apoyó pedir al Gobierno de España apoyar la comisión. El debate ha sido presenciado por la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, y de amigos y familiares de José Luis Iranzo, quienes han recibido las condolencias desde la tribuna de todos los portavoces de los grupos pese a las discrepancias a la hora de apoyar la iniciativa.
El jueves también se hablará del triple crimen en Madrid. El PSOE preguntará por todo lo acontecido en la comisión de Interior del Congreso, en la que comparecerán el secretario y subsecretario de Estado de Seguridad a petición de los socialistas. El diputado por Teruel Ignacio Urquizu pidió en un primer momento que la comparecencia se llevara a cabo en el pleno del Congreso pero ante la negativa del gobierno se realizará en comisión. «Que nos aclare cómo es posible que supieran que Igor el Ruso estaba en España, si tenían los informes de balística cómo no los cotejaron y por qué hasta el día 14 no llegaron las unidades especiales al Bajo Aragón», adelantó Urquizu.
En cuanto al debate en el Senado, para los grupos que presentaron la propuesta hay muchas incógnitas que aún no se han resuelto sobre estos sucesos, pero sobre todo consideraban necesario investigar el abandono de la provincia en materia de seguridad, la falta de efectivos, si el dispositivo policial fue correcto o por qué no saltaron las alarmas cuando en las semanas anteriores se habían producido once robos en la zona.
Tanto Carles Mulet, de Compromís, como Joan Comorera, de Podemos, han dejado claro que no querían inmiscuirse en el trabajo de la Justicia, pero sí poner de manifiesto los fallos que pudo haber para que nunca más vuelvan a producirse casos así. Comorera ha precisado algunos otros interrogantes a los que aún debe darse respuesta, como los motivos por los que el despliegue policial no fue mayor para perseguir y detener al asesino, por los que no se alertó a la población o por qué uno de los agentes fallecidos llevaba un chaleco antibalas pequeño para su talla.
Además de algunos senadores del grupo mixto, se ha opuesto a la iniciativa, la representante del PP en el debate, María del Carmen Leyte, quien ha recordado que parte del caso está bajo secreto del sumario y que es necesario dejar actuar a la Justicia, en un país donde hay separación de poderes. Leyte ha añadido que no se puede «embarrar» todo ni poner «en tela de juicio actuaciones de profesionales como los agentes de la Guardia Civil», que está «muy implicada en el mundo rural». «No vale todo, el PP está con las víctimas y quiere que se esclarezcan los hechos y todo el peso de la ley caiga sobre el culpable», ha añadido.
Mientras, Francisco González Cabaña, de PSOE, ha asegurado que ha leído con detenimiento la petición y no había encontrado razones objetivas para que la comisión fuera el instrumento de control del Gobierno que hay que plantear. De todos modos, sí se ha mostrado partidario de aumentar el número de efectivos en el mundo rural.
En el texto de la iniciativa, se hacía referencia a la pérdida de efectivos en las fuerzas de seguridad del Estado desde que gobierna Mariano Rajoy, -un 9,9 por ciento en la Policía y un 6,4 por ciento en la Guardia Civil- y a la inseguridad en las zonas rurales. Aludían también a los datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que cifra entre 700 y 800 los efectivos adicionales que serían necesarios en Aragón. Para los proponentes, los hechos sucedidos en diciembre deben suponer un «punto de inflexión» sobre el que «reflexionar seriamente» a través de una comisión que analice lo ocurrido. Y creían que deben pedirse, «sin dilaciones», responsabilidades políticas y exigir al Gobierno medidas que garanticen una mayor eficacia de la seguridad en las zonas más afectadas por los recortes en el número de efectivos.
