Los agricultores, cooperativas, sindicatos y organizaciones agrarias aragonesas coinciden en la preocupación por el importante «papel» y la elevada responsabilidad que se va a dar a los empleadores durante la campaña frutícola de este año 2021. Además de que deben comunicar sus previsiones de contratación, de mantenimiento de contratos de aquí al final de la campaña y su compromiso para garantizar las correctas medidas sanitarias, tendrán que «asegurarse» de que sus trabajadores cuentan con un alojamiento. Las diferentes administraciones se están preparando para la recogida de la fruta, que se iniciará en abril y mayo y se prolongará hasta octubre.
De hecho, la consejera de Sanidad, Sira Repollés; la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, se han reunido estas últimas semanas con los representantes de las comarcas frutícolas y con las organizaciones y cooperativas agrarias para comenzar a trabajar conjuntamente en la planificación, en base a la orden de medidas preventivas que se acaba de publicar en el Boletín Oficial de Aragón.
La orden en su primera versión fue criticada por los agentes implicados y los sindicatos autonómicos por su «exigencia» a la hora de pedir documentación y responsabilidades a los dueños de las fincas, cooperativas y campos en los que se va a trabajar.
«Dijimos incluso que llegaríamos a los tribunales si no cambiaban ciertos aspectos, como la necesidad de que el empleador buscara y certificara que los empleados tenían un alojamiento adecuado», explica Vicente López, responsable de relaciones laborales de UAGA Aragón, quien estuvo en el último de los encuentros, el pasado jueves, 18 de febrero, junto a otros representantes de organizaciones como ARAGA, UPA, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón.
El consejero Olona destacó en la reunión la «buena predisposición» de las organizaciones agrarias para conseguir los objetivos marcados. «Para mí es muy satisfactorio constatar cómo las organizaciones con las que nos hemos reunido nos han ofrecido su colaboración», dijo en ese momento.
Desde UAGA, tras comprobar cómo era la orden inicial que se emitía desde el Gobierno de Aragón, criticaron que se obligaba a los empleadores a responsabilizarse del alojamiento de sus trabajadores, una forma de controlar las infraviviendas (alojamientos con más convivientes de lo permitido), con el objetivo de evitar brotes de covid similares a los que se produjeron el pasado año.
La normativa ha cambiado y, finalmente, en lugar de ser «obligatorio» responsabilizarse de los alojamientos, los empleadores ahora solo tienen que «constatar» que los trabajadores tienen un lugar donde pernoctar el tiempo en el que estén empleados.
«Nos parece más adecuado, aunque aún así, es demasiado todo en lo que tienen que estar pendientes», opinó López. Tampoco le convence a UAGA el plazo de presentación de la Declaración Responsable y de la documentación, que finaliza el próximo 19 de marzo. «Esto da poco margen para concretar previsiones», opina el responsable de relaciones laborales de UAGA.
Orden de Medidas Excepcionales
Los puntos principales de la orden del 18 de febrero del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón con medidas excepcionales en relación con la campaña agrícola 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia provocada por el covid-19 son los siguientes: en primer lugar, todas las personas físicas o jurídicas que declaren una o más hectáreas de frutal en la solicitud PAC o en el Regepa están obligadas a presentar una Declaración Responsable en la que debe «identificar las superficies de frutales, así como incluir las previsiones de producción y de contratación laboral».
Además, añade que aunque no se vaya a contratar, hay que presentar la declaración, indicando que no se contrata. Esta declaración conlleva «cumplimiento de las obligaciones laborales y sanitarias, así como de la constatación de que el trabajador dispone de un alojamiento adecuado, y en particular, de las medidas de prevención y control contenidas en la guía publicada, con el compromiso de cumplir con las condiciones de los alojamientos puestos a disposición de los trabajadores temporales por el empleador».
Los trabajadores temporales agrícolas deberán llevar consigo en todo momento una declaración responsable, que les debe de proporcionar su empleador y suscrita por ambos, así como la «justificación de desplazamientos».
Publica también una guía para la prevención y control del coronavirus, que «tendrá que estar al alcance de todos los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo» con «carteles e infografías sobre la higiene de manos, protección personal e información sobre la infección» en los idiomas que entiendan. La guía incide en las medidas de higiene generales, uso de EPIs, distancia en los desplazamientos y lugares de trabajo y recomendaciones a trabajadores.
«Creemos que esta campaña será mucho más tranquila y controlada que la del año pasado, para empezar, ya estamos preparados y sabemos cómo proceder ante distintas situaciones que se den relacionadas con la pandemia», explica Antonio Sorina, gerente de la Cooperativa Frutícola Compromiso de Caspe. Desde esta cooperativa caspolina, como ha ocurrido en otras muchas de la zona, han enviado algunas preguntas sobre aspectos de los que tienen más dudas, como la vivienda y el grado de responsabilidad del agricultor en caso de una ETT.
Las cooperativas critican que, además del importante desembolso que tendrán que hacer a la hora de comprar las EPIs, perderán presupuesto a la hora de gestionar los desplazamientos, ya que cada vehículo solo podrá contar con un número reducido de ocupantes. «Al menos ya sabemos qué necesitamos y cómo debe ser el protocolo, no como el año pasado, cuando compramos miles de guantes que luego no servían para nada», critica Sorina.
«Este territorio está acostumbrado a acoger mano de obra. Sabemos qué hacer en el campo, cómo actuar, y qué medidas tomar, pero nuestro trabajo como propietarios de fincas debería acabar ahí», opina el alcalde de Chiprana, Javier Nicolás. «Es prácticamente imposible controlar lo que ocurre cuando el trabajador vuelve a su casa, no podemos saber con cuántas personas convive y si está respetando las normas sanitarias, nos cuesta entender esta nueva normativa». Esta localidad también contará con un gran volumen de trabajo en el campo durante los próximos meses.
A la hora de buscar un alojamiento, hay algunas cooperativas que ya cuentan con infraestructuras fijas de un año para otro, en las que acogen a sus trabajadores. Sin embargo, otras muchas fincas y empresas frutícolas no disponen de ellas. Una complicación que aparece con esta nueva normativa.
3.000 en el Bajo Aragón-Caspe
En la Comarca del Bajo Aragón-Caspe llegan a trabajar unos 3.000 temporeros en las distintas fincas del territorio, el mayor volumen de la provincia de Zaragoza. «Creo sinceramente que sería una buena idea que desde el Gobierno de Aragón se organizara algún tipo de encuentro con los propios agricultores de las comarcas frutícolas, para aclarar dudas», opina el presidente de la Comarca, Joaquín Llop. «Hay algunos asuntos que pueden tener interpretaciones distintas y los empleadores deberían tener claro cada uno de ellos».
Llop destaca de la comarca del Bajo Aragón-Caspe el gran nivel de colaboración que existe entre los ayuntamientos y los agentes implicados, como son el personal del Centro de Salud, las fuerzas del orden, cooperativas y Servicios Sociales. De hecho, los representantes de todos ellos forman la Unidad de Coordinación Comarcal (UCOCAL), que se pondrá en marcha en breve.
La capital de la Comarca , Caspe, acoge el mayor volumen de trabajadores temporales durante la campaña. Por ello el Ayuntamiento tiene un papel esencial a la hora de controlar estas oleadas. «Ya estamos preparando la campaña de este año y nos estamos coordinando con todos los agentes para que se desarrolle con total normalidad», apunta la alcaldesa de la ciudad, Pilar Mustieles. La localidad volverá a contar con un espacio destinado a posibles casos de covid que no puedan aislarse en sus domicilios, aunque se espera «no tener que utilizarlo».
Cada vez es más común que los temporeros procedan del propio territorio, ya que muchos de ellos se quedan hasta el año siguiente viviendo en las distintas localidades y van trabajando por periodos en el campo. Sin embargo, las cooperativas todavía cuentan con los contingentes llegados de otros países, sobre todo de Rumanía y Marruecos. «El año pasado tuvimos muchos problemas para que la mano de obra extranjera pudiese venir, eso ha cambiado, las fronteras están preparadas para estos traslados», asegura el gerente de la cooperativa Frutícola Compromiso.
