Las inversiones en infraestructuras del Plan Miner 2018 podrían sufrir un nuevo retraso y tener que ir al presupuesto de 2020 tras el demoledor informe del Tribunal de Cuentas, que detectó irregularidades en parte de los 1.786 millones de euros presupuestados entre 2006 y 2017. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, reconoció este jueves que actualmente existe una situación de «incertidumbre», ya que lo expuesto en el documento -en el que se alertaba del «excesivo grado de discrecionalidad»-, habría forzado a exigir nuevos requisitos para completar los datos ya aportados por las comunidades autónomas.
La polémica se tratará el próximo miércoles en la Comisión de Seguimiento del Carbón, que no se reunía desde octubre. Será el segundo punto del orden del día, según informó Antonio Montoyo, responsable de Minería de CC. OO. Industria en Teruel. En él se abordarán las acciones a emprender y, ya en el cuarto, se hablará del Fondo de Transición Justa Europeo, otro asunto en el que Aragón tiene especial interés.
La previsión era que el Gobierno de España comenzase a pagar a principios de año las cuantías comprometidas, un plazo que podría verse comprometido. «La idea era haberlos firmado ya, pero ahora dicen que hay que esperar. Confío en que pronto se pueda aclarar todo», expuso Aliaga.
El propio consejero defendió esta semana la gestión del Plan Miner en Aragón, que los proyectos se habían acordado en la Mesa de la Minería y que en cada momento se hizo «lo que había que hacer».
Enfado en el territorio
De esta convocatoria dependen 27 proyectos, algunos tan importantes como la ampliación del balneario de Ariño, que generaría entre 25 y 27 puestos de trabajo que se sumarían a los 55 actuales. Joaquín Noé, alcalde de la localidad, reconoció estar «bastante molesto», ya que estas iniciativas habían sido ya valoradas por la Mesa de la Minería de Aragón y contaban con los informes pertinentes. «Me enfada que se pongan en duda. Son propuestas que generan empleo de verdad», manifestó.
La noticia tampoco fue bien recibida en Andorra, donde hay planes para instalar calderas de biomasa y sustituir el alumbrado público. A esta lista se unen la residencia de Mequinenza o el campo de tiro y el campin de Estercuel.
«No» a las trabas
Los alcaldes consultados esperan que la situación se resuelva «cuanto antes». Criticaron, asimismo, que el Ejecutivo central prometa una transición justa y a la vez imponga «más cargas burocráticas» y retrase unos proyectos «muy necesarios para el territorio».
Los sindicatos, por su parte, admitieron que una situación así era «previsible» después del informe del Tribunal de Cuentas, en el que se dice, en el caso de Teruel, que no existe una «evidencia sustancial» de que estos fondos hayan reducido la despoblación.
