El PSOE ha denunciado este martes que el Gobierno de Jorge Azcón pretende cerrar las oficinas liquidadoras de los Registros de la propiedad que permiten gestionar los impuestos de transmisiones patrimoniales o de sucesiones y donaciones desde distintas localidades de Aragón. Entre ellas se encuentran Alcañiz, Aliaga, Caspe, Castellote e Híjar. Los socialistas critican la eliminación de un servicio «de proximidad», y que obligaría a que los ciudadanos "tengan que desplazarse a las capitales provincial". Desde el Gobierno de Aragón, por su parte, defienden que el acuerdo para cerrar dichas oficinas estaba ya previsto desde la anterior legislatura socialista y niegan que los vecinos vayan a tener que desplazarse hasta las capitales porque "más del 83% solicitudes son admitidas de forma telemática y el servicio podrá realizarse de forma presencial desde las oficinas comarcales".
«Solo salen de su letargo continuo para anunciar recortes y privatización», ha afirmado la diputada de Grupo socialista en las Cortes de Aragón María Ariño resaltando que esta decisión «vuelve a dar la espalda al medio rural». Ariño ha asegurado que la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma alegando una «reestructuración organizativa y operativa», por lo que dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.
Frente a ello, fuentes del Ejecutivo explican que el servicio pasará a ser asumido por el propio Gobierno de Aragón, lo que supondrá "un importante ahorro" para los aragoneses. "Cuando el Gobierno de Azcón entró en funciones en 2023 ya estaba previsto suprimir estas oficinas por parte del anterior gobierno socialista. Se estableció un plazo de 2 años para que se fuera adaptando, con un plazo que terminaba en diciembre de 2025. Se pidió una prórroga que finaliza el 30 de junio, que será cuando DGA pase a realizar este trabajo", explican desde la Dirección General.
Desde el Gobierno de Aragón, además, niegan que los vecinos tengan que desplazarse a ninguna capital provincial. "Quienes quieran acudir de forma presencial podrán hacer el trámite en las oficinas comarcales", insisten. Critican que los socialistas hablen de privatización cuando "es ahora cuando el servicio vaya a ser público".
La socialista María Ariño ha defendido que esta situación afectará "tanto al empleo local como a la cohesión territorial», asegurando que el PSOE va a «exigir» la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de un propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.
Además de los ya citados, entre los municipios que se verían afectados por el cierre de las oficinas también se encuentran Albarracín, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona, según han denunciado este martes los socialistas.
«Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación pero hecho reales ninguno. Al contrario los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural», ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo a los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural «sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad».
De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón «haga un cambio de modelo tributario» y no haya informado a los municipios afectados.
«La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores», ha destacado Rando rechazando este cambio «totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural» y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.
que significa que lo sumen las oficinas comarcales. oficinas delegadas de DGA o las comarcas como administracion