El PSOE ha reclamado al Ejecutivo autonómico que aplique de forma inmediata el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que permite la jubilación anticipada de los bomberos forestales. La norma, que establece un coeficiente reductor del 0,20 por cada año trabajado, permitiría retirarse a los 60 años, o incluso a los 59 con 35 años cotizados, equiparando así sus condiciones con las del resto de cuerpos de bomberos públicos.
Desde la base helitransportada de Alcorisa, el secretario general del PSOE en Teruel, Rafael Guía, ha criticado la falta de políticas activas del Gobierno de Jorge Azcón en materia forestal, especialmente tras un verano marcado por incendios y alto riesgo ambiental. «Ni una propuesta ni una medida concreta, frente a un Gobierno de España que sí reacciona», ha afirmado.
La nueva normativa también reconoce como tiempo cotizado las bajas por enfermedad, los permisos de maternidad o paternidad, así como las situaciones de riesgo por embarazo o lactancia. Para el PSOE, se trata de un avance «histórico» que debe aplicarse sin exclusiones a todos los trabajadores del dispositivo de prevención y extinción.
La diputada socialista y portavoz de Medio Ambiente en las Cortes, Silvia Gimeno, ha anunciado el registro de una Proposición no de Ley para que la medida se active «sin perder un minuto» en Aragón. Reclama que tanto la empresa Sarga como el Departamento de Medio Ambiente agilicen los certificados de funciones que exige la Seguridad Social para aplicar los coeficientes reductores.
«Nadie puede quedarse fuera. No solo hablamos de cuadrillas helitransportadas o conductores de autobombas. También deben estar incluidos capataces, técnicos, encargados, emisoristas, funcionarios y conductores del Gobierno de Aragón que forman parte del operativo INFOAR, dentro del plan PROCINFO», ha remarcado Gimeno.
El PSOE también ha defendido otras medidas adoptadas por el Ejecutivo central, como la Ley básica de bomberos forestales, la futura normativa para los agentes de protección de la naturaleza, y la propuesta de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, con compromisos concretos en medios, coordinación y apoyo al mundo rural.
