Los socialistas piden al Gobierno Central la cobertura de todas las plazas de Guardia Civil y Policía Nacional
A las críticas públicas por la sobreexposición de los agentes ante un criminal muy preparado que disparaba a matar se unió ayer el grupo del PSOE en la Diputación de Teruel, que reconocieron sus dudas sobre que los guardias «supieran de su peligrosidad y modus operandi». «Es posible que hayan tenido una sobreexposición al riesgo desconociendo realmente a lo que se enfrentaban», dijo ayer el diputado y alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, quien criticó que no se informó a los ayuntamientos de cómo actuar para garantizar la integridad física de sus vecinos. Por ello, el grupo presentó ayer una propuesta para su debate en el próximo pleno para exigir al Gobierno Central la cobertura de todas las plazas de Guardias Civiles y de Policías y especialmente esta exigencia debe llevar un plus de refuerzo a favor de las comandancias del medio rural. Proponen que sea DGA quien se dirija con este fin al ejecutivo central.
Igualmente, el Grupo del PSOE en la DPT también pide en su propuesta al Gobierno de España «toda la información oficial y verdadera, que no esté sometida a secreto de sumario, tanto sobre los trágicos hechos acontecidos en Albalate del Arzobispo y Andorra, como sobre el dispositivo planificado o no en los días que van del 5 al 14 de diciembre, con el fin de capturar al peligroso delincuente».
En la propuesta, el PSOE señala que «a esta información tenemos derecho todos los ciudadanos, pero especialmente los familiares de las víctimas en su proceso de duelo», y por ello, propone que sea el Gobierno de Aragón quien pueda dirigirse al Gobierno de España para solicitarle dicha información con mayor eficiencia, y exigirle que amplíe el número de plazas de Guardias Civiles y Policías Nacionales, tal como ha explicado el presidente del Grupo del PSOE en la DPT en rueda de prensa, José Ramón Morro.
Reconocimiento
Entro de los puntos que incluye la propuesta del Grupo del PSOE es «hacer un reconocimiento explícito de la enorme labor que realizan en nuestro vasto territorio los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, especialmente los guardias civiles presentes en nuestros pueblos, como era la tarea desarrollada por Víctor Romero y Víctor Caballero y sus compañeros del Grupo Roca, labor realizada con escasos recursos y enorme riesgo, prestando y protegiendo la seguridad de todos los aragoneses».
Igualmente, el PSOE propone «reconocer en el ganadero andorrano José Luis Iranzo, el ejemplo de esos hombres y mujeres comprometidos con nuestra tierra, con nuestros pueblos despoblados, con esa gente joven y formada en nuestros Institutos y en nuestra Universidad, que apuesta y se dedica al sector primario en una lucha épica contra la despoblación, y que se compromete con la seguridad de sus vecinos, colaborando con los miembros y fuerzas de seguridad del Estado».
Condena
n este sentido, la moción presentada por el Grupo del PSOE también incluye la «condena de los asesinatos de José Luis Iranzo, y de los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, ocurridos el día 14 de diciembre en la provincia de Teruel, así como trasladar el más sentido pésame a todos sus familiares, especialmente padres, esposas e hijos, y también a los amigos y compañeros de los mismos».
Como ha explicado Morro, «todos compartimos que la seguridad ciudadana es uno de los elementos claves del Estado, y sobre todo, los ciudadanos reconocen, que junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la atención a las personas dependientes por los servicios sociales, la seguridad pública constituye lo que podríamos denominar el quinto pilar de nuestro Estado de Bienestar».
Recortes
Sin embargo, ha explicado que «desde el 2011, según datos contrastados, los recortes llevados a cabo por el Gobierno de España en las plantillas de los servicios públicos que articulan el Estado de Bienestar en nuestro país, han afectado seriamente también a la seguridad pública, y, por lo tanto, al número de policías y guardias civiles».
Así, ha añadido que desde 2005 a 2010 el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero convocó 24.046 plazas de Policías Nacionales y 20.794 Guardias Civiles, es decir, un total de 44.840 nuevos profesionales de la seguridad pública. Frente a estos datos, desde 2011 a 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy solamente ha convocado 8.380 de Policía Nacional y 5.001 de Guardias Civiles, lo que supone una cifra de 13.381.
A todo ello, hay que añadir que de estas, un total de 3.600 plazas de Guardia Civil y 6.071 de Policía Nacional corresponden a las convocatorias de 2016 y 2017 y que, por tanto, ninguno de estos últimos se ha incorporado al servicio activo, pues los de 2016 se encuentran en formación en academias, y los de 2017 se encuentran en fase de oposición en estos momentos, según ha indicado Morro.
En resumen, según ha explicado el Presidente del Grupo del PSOE, desde 2011 a 2017 el Gobierno de España sólo ha puesto en servicio efectivo a 1.401 Guardias Civiles y a 2.309 Policías Nacionales (un total de 3.710, cuando sólo las jubilaciones de miembros de ambos cuerpos suponen algo más de 8.000 miembros anuales).
Por su parte, el portavoz del Grupo del PSOE en la DPT, José Ramón Ibáñez ha subrayado que, «la conclusión de todos estos datos es que se ha dañado enormemente la seguridad pública en España, y cuando hablamos de daño en seguridad pública, esto afecta especialmente al medio rural, donde como en el resto de los servicios, como la sanidad o la educación, el sector privado no está presente por no ser negocio».
Como ha indicado Ibáñez, «el número de Guardias Civiles en la provincia ronda los 500, es decir, que si restamos a los 14.804 km2 de la provincia los 440 que corresponden a Teruel ciudad, único núcleo que cuenta con Policía Nacional, cada integrante de la Guardia Civil debe cubrir casi 29 kilómetros cuadrados, eso sin haber descontado personal de mando, oficinas, tráfico, etc».
Inseguridad
Según el portavoz socialista, «ésta es la inseguridad que muchos de los alcaldes de la provincia han venido denunciando con el cierre de cuarteles, con la reducción de servicios, y el cierre de cuarteles existentes en fin de semana, unos alcaldes y alcaldesas que reclaman la colocación de cámaras de videovigilancia en sus calles, porque los Guardias Civiles, en el mejor de los casos, pueden hacer acto de presencia cada dos días».
«Éste es el drama de la seguridad pública, drama que se hizo efectivo y visible en nuestra provincia en el periodo que va desde la tarde del 5 de diciembre a la medianoche del 15 de diciembre, en que era detenido en Cantavieja Norbert Feher. Producido el tiroteo de la tarde del día 5 de diciembre en Albalate del Arzobispo, con el resultado de dos ciudadanos heridos por arma de fuego, hasta la tarde del día 14 en que el mismo individuo acabó con la vida del ganadero José Luis Iranzo y los Guardias Civiles Víctor Romero y Víctor Caballero, todo el Bajo Aragón vivió con angustia, miedo, inseguridad la certeza de que el asesino estaba en la zona pero no se sabía del dispositivo que las fuerzas de seguridad habían desplegado, ni tan siquiera si éste existía, dadas las contradicciones conocidas entre el Ministro Zoido, el Subdelegado en Teruel y el Delegado del Gobierno en Aragón», ha añadido.
En definitiva, los socialistas han concluido señalando que «los habitantes y vecinos de Andorra y Albalate, y por extensión las Comarcas del Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y la del Bajo Aragón, han vivido durante 11 días con el miedo y el terror de conocer de la existencia de un individuo que amenazaba sus vidas, y no han contado con la seguridad y la tranquilidad, ni con la información suficiente, de que su propia seguridad estaba garantizada por el Gobierno de todos», según ha explicado Ibáñez.
Los socialistas han señalado en la rueda de prensa que «incluso quedan dudas más que razonables sobre que los guardias civiles asesinados supieran de la peligrosidad y el modus operandi de este delincuente, en búsqueda internacional. Es posible que hayan tenido una sobreexposición al riesgo de desconocer realmente a lo que se enfrentaban».
«Tampoco ni los alcaldes ni las alcaldesas de la zona fueron informados debidamente ni conocían cómo actuar ante esta situación de extrema gravedad para proteger y garantizar la vida y la integridad física de la población. Por todos estos motivos, desde el PSOE hemos decidido presentar esta propuesta al Pleno de la DPT, para que se garantice la seguridad en el medio rural y para conocer toda la información posible y veraz sobre los trágicos acontecimientos del pasado mes de diciembre», ha concluido Ibáñez.
