Recuperan los restos de un vecino de La Ginebrosa fusilado en la dictadura de Franco

Joaquín Rebullida Soro (1910-1950) regresará a La Ginebrosa 74 años después de haber sido fusilado con dos tiros en la nuca por el franquismo y enterrado bocabajo y con los pies debajo de la cruz dentro de una caja de madera en una fosa individual en el cementerio de Aguaviva. Su hermano menor Manuel y el hijo de este, Abilio, se comprometieron hace dos décadas a «devolverle la dignidad» y, aunque Manuel ya haya fallecido y no pueda verlo, Abilio, con 80 años, está a punto de lograrlo.

La Asociación Científica ArqueoAntro localizó los restos de Joaquín hace dos semanas gracias a una subvención de 14.414 euros que el Ministerio de Memoria Democrática -a través del Gobierno de Aragón- otorgó en julio al proyecto presentado por Pozos de Caudé. Sin embargo, todavía no se ha cotejado el ADN de la víctima porque el proceso se ha judicializado, de manera que el traslado al camposanto de La Ginebrosa se hará más tarde de lo esperado. La exhumación la realizó la Policía Judicial en presencia del forense de guardia del Instituto de Medicina Legal de Aragón en Zaragoza, donde fueron llevados los restos.

«Ahora revisarán la data de los huesos y cuando vean que son antiguos, de hecho había hasta una placa de 1950 con el nombre de la víctima, nos los devolverán. Normalmente, la Justicia española no interfiere al entender que los crímenes están prescritos tanto por la Ley de Amnistía como por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero de unas 20 excavaciones que realizamos al año siempre hay una en que los jueces no lo ven claro y quieren comprobar que los restos son del franquismo», explica Miguel Mezquida, arqueólogo y coordinador de ArqueoAntro, quien considera que estas decisiones judiciales «solo alargan la agonía de las familias».

El sobrino de Joaquín, Abilio, junto a ArqueoAntro van a solicitar al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Alcañiz que los restos sean devueltos para que pueda proseguirse con el estudio antropológico y los análisis genéticos previstos por DGA, quien tramitó los trabajos. En el laboratorio de antropología forense que la asociación tiene en la Universidad Autónoma de Madrid se seleccionará una muestra ósea de la víctima y se enviará a la empresa Citogen en Zaragoza -que tiene convenio con el Gobierno de Aragón- para que la compare con el ADN de Abilio, guardado en el banco desde hace un año. «Los dos impactos de proyectil en el cráneo y la disposición del cuerpo, bocabajo y al revés, es decir, enterrado con mala fe, ya son evidencias de que podría ser un caso de represión», adelanta Mezquida.

«Mi abuela quería que le trajeran a su hijo a La Ginebrosa. Recuerdo como dejó de comer de la pena y murió. Aquello me marcó. Para los que me preguntan que a estas horas para qué exhumo a mi tío, la respuesta es para que se conozca lo que ocurrió. Esto no va a solucionar nada, ni voy a resucitarle, pero quiero que se sepa que las personas que fueron fusiladas eran tan dignas como cualquiera del pueblo», defiende Abilio, quien tenía 5 años cuando mataron a su tío.

Su lucha comenzó en 2003, cuando descubrió, junto a su padre, que el informe de la muerte de Joaquín realizado por el entonces gobernador civil de Teruel, Manuel Pizarro, recogía que había sido disparado por la Guardia Civil por su relación con la matanza de la familia de la masada del Catre. «Se le culpó de un crimen y lo que quiero es que salga a la luz la verdad para preservar su dignidad», indica Abilio. Hace unos tres años, tras oír un discurso de la teniente coronel de la Guardia Civil en Teruel, Silvia Gil, el sobrino de la víctima decidió enviarle una carta. «Dijo que la Benemérita no solo es un apellido, sino un nombre propio que hay que defenderlo cada día. Así que le exhorte a que reparara el daño que la Guardia Civil había hecho a mi familia», recuerda Abilio. Ella fue quien le puso en contacto con Pozos de Caudé.

Uniformes para los maquis

Joaquín Rebullida, que regentaba una sastrería en los bajos de la casa familiar, fue asesinado en un paraje de Aguaviva -junto a otros dos hombres- cuando tenía 40 años por su relación con el bando contrario al régimen dictatorial, según la investigación realizada por Abilio durante las dos últimas décadas. Antes de tener su propio negocio, Joaquín trabajó con compañeros que eran de la CNT; después fue llamado a filas por el gobierno de la Segunda República -estuvo como mulero en la Batalla del Ebro-; y en 1939, al terminarse la guerra civil, se exilió a Francia, donde permaneció con la resistencia tras escapar de los campos de concentración.

Poco tiempo después, Joaquín regresó a España y fue arrestado y encarcelado en Pamplona. Luego pasó por las prisiones de Zaragoza y de Alcañiz, figurando en un padrón de esta última del año 1940. Allí permaneció entre dos y tres años en condiciones «muy duras». Estando ya en libertad vigilada -figuraba en una lista controlada por el cuartel de Torrevelilla- se sabe que cosió uniformes para los maquis que se escondían en los montes cercanos. Estos trajes, según explica Abilio, recuerdan a los de la Guardia Civil y eran utilizados por la guerrilla antifranquista durante desfiles o actos, pero no en el día a día. «He leído que mi tío cosía disfraces y no es cierto», puntualiza.

Versión de la dictadura

Joaquín estaba en el punto de mira de la dictadura, sin embargo, ninguna de las acciones anteriores aparecen en el informe de Pizarro. Según ese texto, que descubrieron Manuel y Abilio -hermano y sobrino de la víctima- a raíz del libro 'Maquis: el puño que golpeó al Franquismo', la Guardia Civil «abrió fuego» contra Joaquín y otros dos hombres -Manuel Martín Planas y José Gazulla Altabella- la tarde del 4 de noviembre de 1950 cuando estos «huyeron precipitadamente tras darles la voz de alto». Se afirmaba que habían sido «los guías y enlaces» de los bandoleros que el día 2 habían matado a un matrimonio, a un hijo y al abuelo, quedando con vida otros dos hijos; uno malherido y otro que escapó.

El informe también exponía que Manuel y José habían muerto en el acto, mientras que Joaquín «gravemente herido», antes de fallecer, «había dado los nombres de sus compañeros y confesado su responsabilidad en el crimen». «Mi tío tenía dos tiros en la nuca y otro en la pelvis. ¿Cómo un cadáver podría haberse inculpado de un asesinato y haber dado los nombres de los otros?», pregunta Abilio de forma retórica.

Versión según testigos

La versión oficial no coincide con los hechos ocurridos el día 4 de noviembre, de los que en buena parte fue testigo la propia familia de Joaquín. «La Guardia Civil fue a buscar a Joaquín a casa sobre las cuatro de la tarde. Se despidió de su madre con un simple adiós, sin ni siquiera un beso. A las seis, la madre fue al cuartel a preguntar por él, pero le dijeron que se marchara. Intranquila se fue al domicilio de su hijo Ramón, desde donde se veía el cuartel, y sobre las ocho apreciaron cómo trasladaban a Joaquín y a otro vecino a Mas de las Matas», relata Abilio. En total, eran entre cinco y seis presos.

Lo que ocurrió después -según contaron varios vecinos- fue que a Joaquín y a otros dos hombres se los llevaron hasta la carretera de Aguaviva que va a Morella, a tres kilómetros del casco urbano, y los fusilaron. La mañana del día 5 -siguiendo con los testimonios locales- la Guardia Civil mandó a cuatro vecinos a buscar los cuerpos. «El juez de paz obligó a la Benemérita a enterrar a los muertos en ataúdes y a dar sus nombres. Les dijo que si pensaban meterlos en un pozo en el cementerio, se los llevaran a una cuneta», detalla Abilio.

Esta última frase se la contó su propio padre, Manuel, que la mañana del 5 estaba yendo a vendimiar cuando se encontró con el hermano de otro de los detenidos el día anterior, aunque este no fue fusilado sino encarcelado. «Le dijo que no fuera a buscar a Joaquín a Mas de las Matas porque estaba en el cementerio de Aguaviva. Aún así mi padre se dirigió al cuartel y permaneció allí hasta que logró que la Guardia Civil le confirmara lo que ya le habían dicho. Quiso ir después al cementerio pero el juez de paz le recomendó que no lo hiciera, ya que aseguraba que podía suceder cualquier cosa», rememora Abilio. Gracias al enterrador, que les señaló el lugar exacto en el camposanto, pudieron colocarle, al menos, una cruz y una placa con su nombre.

Otra de las víctimas también está localizada por sus familiares, quienes le ponen flores. Sin embargo, el tercer hombre fusilado aquel 4 de noviembre no se sabe dónde está enterrado.

Nueva versión

Abilio, en la solicitud enviada al Juzgado de Alcañiz, pide también que, «si hay ocasión para hacerlo», se edite el informe de Pizarro sobre la matanza en la masada del Catre y «se quite de él los nombres de los tres hombres fusilados», puesto que no participaron en tal crimen. «Su contenido ha sido comentado en el pueblo desde hace 74 años. Estas personas merecen dignidad», afirma.