Más regadío y obras de regulación en los alegatos al Plan Hidrológico

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro ya no admite más alegaciones tras cerrarse el plazo de consulta pública el pasado 22 de diciembre. El Plan, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, tiene como objetivo alcanzar el buen estado del agua de los ríos, pantanos, presas u otras formaciones y prevenir su deterioro, garantizando unos suministros con la cantidad y calidad imprescindibles.

El nuevo Plan, que se aprobará durante el primer semestre de este año y estará vigente hasta 2027, contempla la finalización de cinco obras hidráulicas en construcción, entre las que se encuentra el recrecimiento de la presa de Santolea, localizada junto al municipio de Castellote en la comarca del Maestrazgo. Además, limita la construcción de nuevas presas y la superficie regable para tratar de frenar los efectos del cambio climático.

El ejecutivo aragonés, agricultores y cuencas de regantes presentaron sus alegaciones contra el nuevo plan y actualmente se encuentran a la espera de conocer el documento definitivo. El Gobierno de Aragón, aunque mostró su apoyo a la culminación de las obras de las presas y embalses en desarrollo, defendió a su vez la posibilidad de ejecutar nuevos embalses en el futuro y reiteró su postura de incorporar 8 proyectos hidráulicos más, que supondrían la transformación de secano a regadío de más de 20.000 hectáreas.

El sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y las comunidades de regantes del territorio presentaron sus propios alegatos reclamando más obras de modernización y reclamaciones históricas como las obras de Interés Nacional del canal de Caspe. Para UAGA, el documento se limita demasiado a las obras que «están seguros que se van a ejecutar durante los próximos 5 años, eliminando muchas otras que estaban en el horizonte, aunque sea lejano», señala David Solano, miembro de la Comisión Ejecutiva. Por ello el sindicato presentó una enmienda total porque «no se puede aceptar que los regadíos que ya existen o están en marcha son suficientes», aclara.

Desde la organización defienden que se tienen que seguir haciendo regadíos, «aunque sea de otra forma a la de hasta ahora» y propone la creación de «regadíos de pequeñas manchas», pensados para regar explotaciones y no hectáreas. También han propuesto una reserva de caudales concesional que esté en manos del ejecutivo autonómico. Esto supondría que el departamento de Agricultura tendría competencias para gestionar concesiones de agua aplicando criterios sociales. El sindicato también ha presentado esta alegación a la Ley para la Agricultura Familiar que está desarrollando el ejecutivo aragonés.

Por su parte, la Junta General de usuarios del río Guadalope, aunque reconoce modificaciones en el documento inicial del Plan tras los primeros contactos que mantuvieron con los actores implicados, considera éstas insuficientes y en sus alegaciones solicitaron la inclusión de diversas obras de modernización. «Presentamos alegaciones para la modernización de Civán y de la acequia de Caspe porque lleva unos 70 años pendiente», aclara José Fernando Murria, presidente de la Junta de Regantes del Guadalope. La entidad también solicitó la puesta en marcha del salto reversible de Valmuel para poder regar los cultivos que se extienden entre Alcañiz e Híjar. «Esta actuación permitiría la acumulación de energía en las horas en las que sobre electricidad, y ese exceso usarlo cuando la luz es más cara, pero necesaria», indica Murria. Como medidas ambientales se ha reclamado la eliminación del vertido de aguas fecales a las acequias de riego del término municipal de Alcañiz con el cubrimiento del escorredor del Mangón.

Por otro lado, parece que la principal reclamación de los regantes del Guadalope podría tener una pronta solución. Se trata de los sobrecostes que tienen que asumir tras la marcha de Endesa. En el documento inicial del Plan Hidrológico se ha incluido «la necesidad de minimizar el impacto socioeconómico del cierre de la Central Térmica de Andorra, particularmente el derivado del cese de su contribución a la recuperación de los costes del sistema», tal y como recoge el documento inicial. Sin embargo, la aprobación de Ministerio es necesaria para que este punto se lleve a cabo.

Aguasvivas

Varias organizaciones de regantes han emitido alegaciones para que el Plan contemple un caudal ecológico mínimo en los últimos 35 kilómetros del río Aguasvivas, que garantice agua todo el año y no lo deje dependiente de las lluvias. Señalan que el cauce se interrumpe en la presa de Almonacid de la Cuba y se destina a usos agrarios quedando el resto seco la mayor parte del año. «Hace seis años años cuando empezamos con esto estábamos solos pero ya no, se han sumado más apoyos porque solo pedimos lo que está recogido en la ley, que el río Aguasvivas lleve un mínimo de agua todo el año hasta el final en la desembocadura», dice Daniel Pequerul, portavoz de Vialaz que representa a los ayuntamientos y regantes de Vinaceite, Almochuel, Azaila, La Puebla de Híjar y La Zaida. Almochuel, además de las alegaciones conjuntas, por su parte añade otras más concretas.

A la plataforma Vialaz, que se formó en defensa de esta causa, se suman algunas como UAGA y otras ecologistas. «No cuestionamos los cálculos que haya realizado la CHE, pero creemos que hay que encontrar una solución a la cuenca y no cerrarla como se propone», indica David Solano.

Presa Santolea

La puesta en marcha de la nueva presa del embalse de Santolea, cuyos trabajos de construcción finalizaron el pasado 13 de diciembre, ha sido incluida en el nuevo Plan Hidrológico. La nueva presa, situada en el río Guadalope 1.500 metros aguas arriba de la antigua y a 5,5 kilómetros de Castellote, ha permitido crear un nuevo embalse con una capacidad de 81,75 hectómetros cúbicos, que se traducen en 444 hectáreas inundadas. El proyecto, iniciado en diciembre de 2018, contaba con un presupuesto de 24 millones de euros, cofinanciado por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) y el Fondo Miner.

Tras la construcción de la infraestructura ahora comienza la denominada «puesta en carga», que consiste en el llenado de agua de la estructura para comprobar que aguanta supresión. Estas pruebas se irán realizando paulatinamente durante los próximos meses.

Esta gran construcción ha tenido un impacto positivo en la localidad vecina de Castellote, dado que varios trabajadores se hospedaron en el municipio durante la construcción de la presa. Además se ha hablado de la posible habilitación de una zona de baño «en donde inicialmente se montó la estructura de cimentación para la presa», señala Antonio López, alcalde del pueblo. También se ha plantado arbolado en las tierras que han sido alteradas. «Creemos que ese espacio en el futuro podría quedar muy bonito y convertirse en un reclamo para los visitantes», señala López.

Sin embargo, el proyecto también ha tenido repercusiones negativas, como el daño en el firme de las carreteras de alrededor de la localidad. «Un día podían llegar a pasar entre 40 y 50 camiones y eso ha provocado que el asfalto se haya resentido en algunos tramos y se rebaje hasta un palmo», explica el edil, que confía en que se arregle una vez esté totalmente en funcionamiento.

Además, las obras en el talud tras el deslizamiento de tierras que se produjo en verano concluyó el pasado mes de diciembre, tal y como confirmó la CHE al periódico La COMARCA.

Seguridad Presa Calanda

El proyecto de mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda es uno de los que se incluyen en el listado de las actuaciones previstas en el Plan. El objetivo es adaptarla las condiciones exigibles a su explotación y reducir los daños que tienen lugar en los márgenes del río Guadalope aguas abajo de la presa. Para ello se pretende proyectar la construcción de un nuevo aliviadero para la presa con capacidad suficiente.

El pasado verano el Ministerio para la Transición Ecológica publicó un estudio con 22 propuestas para mejorar la seguridad de la presa calandina. De ellas se seleccionaron nueve finalistas, entre las que se encuentra el proyecto de construcción de un embalse en el río Bergantes a su paso por Aguaviva. Desde que se conoció esta posibilidad tanto el ayuntamiento de la localidad como la plataforma ‘El Bergantes no se toca’ se han movilizado para que esta propuesta se elimine debido a las grandes afecciones ambientales que ocasionaría. «Las otras 8 alternativas son menos costosas y generan una menor afección ambiental. Cualquiera es más adecuada, especialmente las que inciden sobre la propia presa, que es donde se localiza el problema», defiende María Pilar Martí, portavoz de la plataforma.

Recientemente Chunta Aragonesista presentó una petición en el Senado para que se descartara definitivamente esta actuación. «Ahora mismo estamos a la espera de una respuesta definitiva de la CHE y el Ministerio», asegura Martí.