Las residencias de ancianos ya se adelantaron al endurecimiento del control que ha impuesto el Gobierno de Aragón hace dos días y la gran mayoría ya llevan unas semanas con unas medidas mucho más estrictas. En la primera oleada los mayores fueron el colectivo más vulnerable por lo que la gran mayoría han cerrado al máximo para que el coronavirus no afecte a sus residentes. Se han suprimido las salidas de los residentes salvo fuerza mayor y también se han eliminado las visitas, que vuelven a ser telemáticas.
Unos protocolos diferenciados dependiendo del centro ya que hasta el miércoles no había una pauta común y que en la mayoría de casos son mucho más estrictos que las pautas que ha impuesto el ejecutivo autonómico. Desde el miércoles es que los ancianos no puedan salir a pasear-una medida que hasta el momento tan solo se aplicaba a las comarcas en Fase 2-aunque se mantienen las visitas, siempre que no haya casos activos, con mascarilla, cita previa y el resto de medidas de seguridad. También se ha asignado cada residencia a un centro de salud en el que los usuarios serán atendidos siempre por el mismo equipo.
En estos momentos hay 41 brotes activos en centros residenciales de Aragón por lo que existe preocupación entre los responsables y los trabajadores de las residencias. Un colectivo muy implicado y con una gran carga e implicación en los últimos meses que ayer se indignó después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán, asegurara que «ahora quienes introducen el virus en las residencias son los trabajadores». Unas palabras que pronunció en un acto para valorar el primer año de legislatura del cuatripartito PSOE-CHA-PAR-Podemos que enseguida levantaron una gran polvareda.
Más tarde las matizó en su perfil de Twitter insistiendo en la idea aunque poniendo el foco en los gerentes de los centros. «En algunas residencias de mayores se han permitido vías de contagio evitables. Pido a los responsables de las mismas que no incurran en descuidos que pueden ser muy perjudiciales para los residentes. Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad. Tienen todo mi respeto», afirmó el presidente en la red social.
Estas afirmaciones fueron rápidamente contestadas por la oposición, sindicatos y centros de mayores de la comunidad. Las trabajadoras de las residencias de Aragón hicieron circular un escrito en el que solicitaban la dimisión del presidente por acusarlas de llevar el virus a sus centros cuando, en cambio, DGA descarta realizar pruebas «sistemáticas» a los trabajadores e internos de las residencias con o sin síntomas.
«¿No sería más fácil que cada día los trabajadores de centro de mayores tuviéramos una prueba PCR o que los protocolos tuvieran sentido? No, es más fácil tirar balones y decir que los culpables somos nosotros… no entendéis lo que nosotras sufrimos y vivimos cada día en nuestro ámbito laboral», afirma el texto.
También «invitan» a Lambán a pasar un día en una residencia para que conozca su día a día. «Así entenderá lo mal que lo pasan nuestros residentes con vuestras malas decisiones, deberían pensar más en ellos ya que son los que nos han ayudado a ser lo que somos hoy en día. Nos sentimos verdaderamente indignadas porque ya tenemos bastante con no estar valoradas salarialmente que ahora nos tacha de que no somos lo suficientemente profesionales. ¿Usted está capacitado para llevar una comunidad autónoma? ¿Y superar una pandemia? Ya que hablamos desde puntos de vista yo creo que no, por eso pedimos su dimisión», apuntan en la carta.
61 positivos en la residencia de Burbáguena
Este jueves volvió a abrir sus puertas el centro covid-19 de Gea de Albarracín sumandóse así al de Casetas para actuar como dispositivo intermedio. Se trasladar a él a 13 residentes de la residencia de Burbáguena, donde hay declarado un brote de coronavirus. Las personas ocupan estas instalaciones no son pacientes de coronavirus, sino residentes del centro que han dado negativo en las pruebas. La residencia ya suma 61 positivos,13 ancianos han sido hospitalizados y dos han fallecido.
El Gobierno de Aragón anunció que presentará una denuncia ante la jurisdicción penal en el juzgado de guardia tras constatar la existencia de «indicios de delito» en los hechos acontecidos en la residencia de Burbáguena.
Tanto Salud Pública como el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales han llevado a cabo inspecciones en el centro y levantado actas sobre los hechos acaecidos en las últimas jornadas. Dada la gravedad de lo ocurrido los servicios jurídicos han presentado una denuncia ante el juzgado de guardia para exigir «las responsabilidades que pudieran proceder».
