El ejecutivo alega que no tiene ningún documento sobre los terrenos
El pago del justiprecio de las expropiaciones del nuevo Hospital ha abierto un cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento de Alcañiz y el Gobierno de Aragón. El Consistorio alcañizano insiste en que el ejecutivo autonómico debe abonarle los 200.000 euros porque del resto de pagos de las expropiaciones se hizo cargo DGA en la legislatura pasada incluyéndolos en los fondos FITE, que gestiona y cofinancia el ejecutivo autonómico. Sin embargo, en DGA insisten en que no tienen ningún documento por escrito en que el Consistorio alcañizano haya realizado esta petición. Un procedimiento que recuerdan que es el habitual en una administración para así justificar después el pago. También niegan tener ninguna otra referencia sobre ello aunque el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, mantiene que habló sobre ello con el presidente de Aragón, Javier Lambán, durante la colocación de la primera piedra del Hospital a principios de octubre; y también en varias ocasiones con el consejero de Presidencia de DGA, Vicente Guillén; y el delegado de DGA en la provincia de Teruel, Antonio Arrufat. «Hace alrededor de dos años me reuní con Guillén en Zaragoza para hablar del pago de las expropiaciones entre otros temas locales, un encuentro en el que también estuvo el portavoz del PSOE de Alcañiz, José María Andreu», recuerda el primer edil alcañizano.
Sí se notificó por escrito cuando se reclamó la llegada de fondos FITE. Los otros 800.000 euros del pago de las expropiaciones se abonaron con dos partidas de 400.000 euros procedentes del FITE. «Cuando entramos a gobernar no mandamos ningún escrito a DGA y aún así nos llegaron partidas del Fondo de Inversiones por lo que entendimos que ya habría un acuerdo anterior. Ahora lo reclamamos verbalmente porque pensamos que la mecánica sería la misma porque es la misma administración independientemente de por qué partido esté gobernada», apunta Gracia Suso.
DGA adeuda más de dos millones
Los 200.000 euros de las expropiaciones se incluyen en los más de dos millones de euros que DGA adeuda al Ayuntamiento según denuncia el Consistorio. Una cantidad que «pone en riesgo la estabilidad presupuestaria municipal y el periodo medio de pago a proveedores». Este déficit se cuantifica el pago de IBI de diversos edificios autonómicos y facturas de agua del Hospital de 2016 certificados por la Cámara de Cuentas de Aragón a los que se suman 800.000 euros del IBI de Motorland y 650.000 de la tasa de expedición de documentos para la construcción del nuevo centro sanitario, entre otros.
Al ser preguntados al respecto, las consejerías de Economía, Hacienda y Presidencia de DGA aseguran que este asunto no corresponde a su área y derivan a otros departamentos.
Trato «discriminatorio»
El alcalde califica de «discriminación» que un Ayuntamiento no pueda deber dinero a DGA y que en caso contrario no ocurra lo mismo. «Nosotros tenemos que estar al día con los pagos autonómicos para no perder sus subvenciones pero en cambio, si DGA nos debe más de dos millones no pasa absolutamente nada», critica el primer edil , quien precisa que la ciudad estuvo a punto de perder el último ARRU por una adenda de 6.000 euros del canon del agua que «liquidaron inmediatamente».
El Consistorio ha vuelto a solicitar una reunión con la consejería de Economía de DGA. Hace un año fue el propio secretario municipal quien reclamó un encuentro con los responsables del departamento pero no recibió citación. Entonces querían reclamar la denegación de una ayuda para un plan de empleo municipal alegando que no habían presentado la Cuenta General. Finalmente demostraron que «no estaban en lo cierto» y lograron la subvención.
