Las Cortes de Aragón aprobaron este jueves la Ley de Energía con el objetivo de favorecer la atracción de grandes proyectos y abaratar el recibo a los consumidores con el impulso del autoconsumo y las comunidades energéticas locales. El texto salió adelante con el respaldo del PP, PSOE y PAR y el rechazo del resto de la oposición, que advirtieron de graves consecuencias para el territorio porque, a su juicio, se «favorece a las grandes empresas y al oligopolio eléctrico».
La norma acabará de nuevo en los tribunales, como el decreto ley del Gobierno de Javier Lambán en el que se basa y que anuló el Tribunal Constitucional, a iniciativa del Estado, por no justificarse su «urgencia y necesidad». Ahora será Teruel Existe quien judicialice la nueva norma, ya que su portavoz, Tomás Guitarte, anunció un recurso de amparo ante el mismo alto tribunal por tramitarse la ley por lectura única y entender que se ha vulnerado el derecho de las minorías a la participación.
La nueva Ley de Energía se aprobó tras dos horas de votación de las 327 enmiendas presentadas por todos los grupos, salvo el PP, y de las que han se incorporaron finalmente al texto 40. La vicepresidenta y consejera de Presidencia, la popular Mar Vaquero, subrayó que debían acabar con el vacío legal que provocó la anulación del decreto aprobado en 2023, recogido en un 80% en la norma aprobada e insistió en que ahora Aragón puede garantizar la «competitividad, seguridad jurídica y confianza» al sector energético, además de «apuntalar» la logística, la agroalimentación y la industria. Vaquero destacó que el objetivo es sacar partido al «gran potencial» que tiene la Comunidad por su capacidad de generación eléctrica, que sumada a su «territorio, talento y recursos» ha puesto las bases para el «milagro económico». «Trata de convertirnos en una Comunidad líder y tenemos la oportunidad de hacer a los aragoneses más relevantes», dijo.
Frente a las críticas, adujó que la ley aboga por la planificación y ordenación del sector, así como impulsa el autoabastecimiento, el autoconsumo y la diversificación de la energía, además de favorecer las comunidades energéticas. Igualmente, ha aludido al fondo de solidaridad para compensar a los municipios afectados por el despliegue de las renovables.
La exconsejera de Economía, la socialista Marta Gastón, negó que se pueda hablar de milagro aragonés porque la atracción de inversiones milmillonarias, desde la gigafactoría de baterías hasta los centros de datos, es fruto del «legado» del Gobierno de Lambán. Para ello, ha aludido al «erial» que se encontraron al llegar al Pignatelli en 2015 y a las normativas que aprobaron, el decreto para desbloquear las renovables y la ley de simplificación administrativa, que, ha reivindicado, «sí sentaron las bases para el impulso socioeconómico de la Comunidad».
PSOE reivindicó su «legado económico»
Gastón señaló que culminaron las palancas de la competitividad con el decreto ley de energía y lamentó que entonces el PP «desdeñara" las medidas para acabar ahora, con su ley de energía, por asumirlas con cambios insustanciales». Frente al rechazo del resto de partidos, justificó el respaldo a la norma en la «responsabilidad y la coherencia »y puntualizó que con sus enmiendas se suprime «la aberración urbanística, se respeta la autonomía municipal y se hace un reparto «más justo».
El aragonesista Alberto Izquierdo dio su respaldo a la ley por tratarse de la «mayor muestra de autogobierno» con el fin de que la energía que se genera en Aragón se consuma en el propio territorio en vez de exportar como ahora la mitad de la generación eléctrica. Y cuestionó que sus antiguos compañeros de cuatripartito, Podemos y CHA, pudieran oponerse ahora cuando se recupera el decreto que respaldaron cuando estaban en el Pignatelli.
Las críticas del resto de partidos fueron rotundas, especialmente a la tramitación por lectura única y con solo 20 días para presentar enmiendas. El líder de Vox, Alejandro Nolasco, acusó al PP de redactar la ley «al dictado del lobi eléctrico» y estar "al servicio" de los grandes inversores extranjeros». «Es una cacicada que arrasará Aragón sin generar riqueza. Es una traición absoluta a los aragoneses», valoró tras lamentar que la norma no adopta medidas reales para las comunidades energéticas y las pymes.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, lamentó la falta de participación política y la imposibilidad de escuchar a los colectivos afectados y debatir un texto «técnico y complejo» de gran trascendencia. Justificado su rechazo en los cambios introducidos por el PP al decreto del cuatripartito, como la «barra libre» a la tramitación de proyectos energéticos mediante planes de interés y la exclusión de los ayuntamientos en decisiones trascendentales en esta materia.
