Los alcaldes fueron protagonistas en la última sesión de la Comisión de Investigación sobre el Plan de Depuración de Aguas
Las Cortes de Aragón albergaron ayer un nuevo encuentro de trabajo de la Comisión de Investigación que estudia y analiza las posibles responsabilidades políticas del Plan de Depuración de Aguas de Aragón. En esta nueva ronda de comparecencias públicas, estuvieron presentes varios alcaldes de municipios afectados por la implantación de depurados, como los de Aguaviva y Fabara, y otras personas relacionadas con esta problemática.
Cabe recordar que la primera ronda de trabajo, que se celebró a finales del mes de marzo, puso de manifiesto que el Gobierno de Aragón tomó decisiones políticas para acelerar la construcción de depuradoras, aunque su plan, como se puede comprobar hoy en día, no tuvo éxito. El mismo Víctor Longás, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón desde 1999 al 2001, indicó que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) se creó en 2001 «con criterio político para acelerar las obras de las depuradoras».
Este miércoles el primero en comparecer en la Comisión de Investigación fue Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva, quien puso de manifiesto que el Ayuntamiento firmó un convenio en 2005 con el Instituto Aragonés del Agua para tener una depuradora que hoy en día sigue sin existir. «Después de casi 15 años, cuatro proyectos redactados y más de 250.000 euros pagados por todos los vecinos, seguimos como el primer día: vertiendo nuestras aguas sin depurar, pagando el máximo cánon de vertidos y, además, multados por ello por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)».
«A día de hoy creo que podemos llegar a la conclusión de que se engañó a los pueblos, que actuaban de buena fe, para firmar estos convenios de cesión de competencias. Se ha demostrado que el Instituto no contaba con los medios ni con las herramientas para asumir esta responsabilidad», añadió Aitor Clemente.
Tras el alcalde de Aguaviva tomó la palabra el primer edil de Alfamén, Alejandro Jesús Gil, como otro de los municipios afectados. Inmediatamente después lo hizo un vecino de Cretas, Juan José Pérez Riba, que se vio directamente perjudicado por la construcción de una depuradora en su pueblo, que se iba a instalar muy próxima a unos terrenos donde quería construir su casa. Cabe recordar que en el caso de Cretas se presentaron 1.500 alegaciones al proyecto porque la obra iba a realizarse muy próxima al centro urbano de la localidad. Pérez Riba señaló, además, que encargó un informe a una empresa externa que demostraba que el coste de la obra, presupuestada por el IAA, era excesivo. «Pasó de tener un coste de unos 700.000 euros, con un mantenimiento anual de 12.000, a un presupuesto que rondaba el millón de euros y un coste anual de cerca de 300.000».
Por su parte, el alcalde de Fabara, Francisco Doménech, defendió el modelo de depuradora ecológica que existe en su localidad, al que también se refirió el alcalde de Aguaviva, y que cumple con los controles ambientales. «La depuradora tiene, desde el año 2010, la licencia de actividad concedida por el INAGA y la licencia de vertido concedida por la CHE. De hecho, en el 2015 la CHE hizo un seguimiento de su funcionamiento y todo estaba bien».
Al mismo tiempo, Doménech aseguró que Fabara nunca pagará el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). «Aunque pueda parecer duro, nunca vamos a pagar. Pagar sería contribuir al mantenimiento de lo que es una empresa piramidal, es decir, un fraude». Además del alcalde de Fabara, comparecieron en la Comisión de Investigación los ex alcaldes de, respectivamente, Lalueza y Sariñena, Daniel Périz y Antonio Torres; y el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau.
Por último, cabe recordar que esta cuarta sesión de comparecencias estuvo precedida por otras tres en las que se llamó a comparecer a directivos de la antigua sociedad pública SODEMASA, responsables del Instituto Aragonés del Agua o de la Confederación Hidrográfica del Ebro y diferentes cargos, puestos y responsabilidades públicas en la materia abordada.
