El sector frutícola del Bajo Aragón-Caspe se une al sentir general de los agricultores aragoneses y califica como «extrema» la orden impulsada por el Gobierno de Aragón para que comuniquen sus previsiones de contratación, de mantenimiento de contratos de aquí al final de la campaña y su compromiso para garantizar las correctas medidas sanitarias y de alojamiento de los trabajadores.
Todas las organizaciones agrarias coinciden en que han redoblado esfuerzos para que todos los empleadores cumplan con la norma dictada el 24 de julio pero critican la urgencia de la orden, que implica sanciones y que llega en un momento de máximo trabajo en el campo, cuando todavía los fruticultores se encuentran en plena campaña de recolección.
El agricultor maellano Antonio Tudó, responsable comarcal de UAGA, explica que en la zona se ha comunicado a DGA «por responsabilidad» las previsiones de contratación. «Que te hagan firmar… ya somos suficiente responsables. Se pone mucho el punto de mira en la agricultura, llega un momento que te acostumbras», opina el responsable de UAGA en el Bajo Aragón-Caspe, quien apunta que en Maella no se repiten los problemas de hacinamiento que se ocasionan en otras zonas. «Aquí la mayoría de nuestros trabajadores ya están empadronados en el pueblo, viven aquí desde hace tiempo. Son casi fijos, se van a la naranja, de vacaciones a su país y vuelven. Los que pueden tener problemas son los que llegan de nuevas para una temporada corta», apunta Tudó.
Desde la Cooperativa Frutícola Compromiso de Caspe consideran que estas medidas «no tienen demasiada utilidad» aunque entienden que tengan que presentarlas «para tener controlado el sector». Eso es lo que opina el presidente del colectivo, Luis Ros: «Nos hemos limitado a obedecer al Gobierno de Aragón y presentar toda la documentación necesaria, si lo piden por algo será».
Sin embargo, como muchos otros profesionales del sector, cree que el campo está sufriendo las consecuencias de la pandemia, que en un primer momento se sufrió especialmente entre los trabajadores temporales. «Ahora vemos que también se nota en otros sectores como el del turismo o la hostelería, que tiene aforos muy limitados y horarios reducidos, está siendo un periodo complicado para todos», señala Ros. A pesar de todo ello, desde el campo siguen mirando la campaña con positividad y consideran que hasta día de hoy la temporada está siendo «buena» y los resultados halagüeños.
Una opinión que comparten también desde la Asociación de Agricultores de Caspe y desde pequeñas empresas hortofrutícolas como Frutas Casablanca: «Los resultados son buenos y los precios han mejorado en comparación con el año anterior, en el que además el tiempo no acompañó, ha mejorado notablemente la campaña en este sentido», explica el presidente de la asociación caspolina, Vicente Cirac.
En la misma línea se muestra el secretario provincial de UAGA en Teruel, David Andreu. El agricultor de Valdealgorfa opina que el nuevo requerimiento de DGA suma más burocracia al sector en una situación ya de por sí complicada por lo que espera que DGA no cumpla con las sanciones con las que DGA ha amenazado.
DGA lanza amenazas
Más allá de la regulación, la polémica se ha centrado esta semana en que al sector no le han gustado las palabras de DGA, que en los últimos días de plazo lanzó contundentes declaraciones y amenazó con sancionar (hasta 600.000 euros se estipulan).
Unas declaraciones que no gustaron al sector, que se siente «perseguido», pero que desde el departamento de Agricultura han calificado de «llamamiento al cumplimiento de la obligación» y que creen que han tenido efecto y en los dos últimos días se cursaron bastantes declaraciones.
Por ello, aunque el martes terminó el plazo, DGA aún no ha contabilizado el número total de empresarios que se han sumado a la norma. Fuentes de Agricultura explican que siguen recibiendo declaraciones responsables que van llegando de las diferentes vías por las que se podía presentar la documentación (OCAs, Administración electrónica, correo postal…).
l martes el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, lanzó una contundente advertencia. «Los que habían respondido hasta ahora (a esta obligatoriedad) eran pocos. Esperamos que se hayan incrementado notablemente porque si no tendremos que activar de manera inmediata la tarea de inspeccionar y de sancionar», señaló Lambán en una rueda de prensa celebrada a mediodía, cuando apenas quedaban doce horas para que se cumpliera el plazo dado por el Gobierno para acatar dicha orden. «No es posible que se sigan produciendo situaciones de descontrol», insistió el presidente. Una falta de control que Lambán achacó a la propia estructura del sector, «en el que unas 15.000 personas son contratadas por unos 3.000 empleadores», por lo que la organización resulta difícil por no decir imposible, señaló, «si no existe una buena voluntad y una proactividad por parte de los propios empresarios».
El presidente dejó entrever que no es la primera vez que el sector no ha respondido a las medidas puestas en marcha durante la pandemia para evitar los riesgos de contagio entre los trabajadores. De hecho, recordó que al comienzo de la recolección de la fruta de hueso, en pleno estado de alarma, el ejecutivo puso a disposición del sector autobuses para desplazar a los trabajadores desde su lugar de residencia hasta las explotaciones y no se empleó ninguno.
Un día antes fue el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, quien mostró su preocupación por la escasa respuesta de los fruticultores al cumplimiento de la norma que obliga a los empresarios agrícolas a presentar una declaración responsable sobre las contrataciones y su compromiso para garantizar las correctas medidas sanitarias y de alojamiento.
