El equipo de gobierno en funciones sigue a la espera de conocer si Soletes tiene inversor
Pasan los días y la falta de plazas de guardería en Alcañiz sigue sin solucionarse y con menos tiempo para mover ficha. Quedan menos de cuatro semanas para que la única guardería privada de la ciudad cierre sus puertas- el 30 de junio- y no hay un plan B para ofrecer una alternativa al alrededor de 80 familias que se quedan sin opciones.
Las soluciones pasan tanto por la iniciativa privada como por la pública con un handicap evidente, las instituciones trabajan «en funciones» hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento el día 15 y cinco días más tarde del Gobierno de Aragón; y en ninguno de los dos casos está claro quién va a gobernar.
Lo único cierto es que las familias siguen sin una opción clara de dónde llevar a sus hijos tanto durante el verano como cuando comience el curso escolar en septiembre. Sobre todo, entre los padres de bebés, que no pueden echar mano de las empresas, clubes y asociaciones que durante los meses estivales organizan cursos o campamentos.
Del Ayuntamiento no se tienen más noticias desde que hace dos semanas organizó una reunión informativa con los padres. Cuatro días después, el 24 de mayo, se remitió una carta a la consejería de Educación en la que se exponía el problema y se solicitaba una reunión para «buscar soluciones conjuntas» a «la mayor brevedad posible». Sin embargo, el Consistorio no ha recibido ningún tipo de respuesta.
En la citada reunión se instó a esperar una semana o diez días a que la iniciativa privada resuelva su situación (todo apunta a que podría ser así, según transmitieron desde la empresa a las concejales en funciones Anabel Fernández y Gisela Barrio). Sin embargo, ya han pasado dos semanas y no se ha planteado ningún cambio. Fernández explica que está a la espera de volver a reunirse con los propietarios de la guardería que ha cerrado, Soletes, una vez hayan terminado la ronda de reuniones con todos los inversores interesados, para conocer si se va a reabrir o no en breve el negocio. De no ser así, se apostaría por otra opción. «Es un tema que me preocupa y tengo varias ideas en mente para ofrecer una solución», afirma Fernández.
No obstante, por el momento el único grupo con opciones de gobernar y que ha puesto sus cartas sobre la mesa es el PSOE. Ignacio Urquizu asegura que, «como posible futuro alcalde», ya se ha puesto en contacto con él una empresa interesada en prestar un servicio en verano y en septiembre reabrir una escuela infantil.
Su propuesta, que ya anunció en campaña hace dos semanas, es que el 1 de septiembre las familias sean atendidas. Para ello, aboga porque «a corto plazo» que el Ayuntamiento alquile uno de los dos locales de las guarderías que estarán cerradas y la consejería de Educación, con la que ya ha contactado, se haría cargo del profesorado con un convenio al igual que ocurre en otros municipios. De hecho, en el caso de la otra escuela que cerró hace unos años (Veo Veo), no pide un pago por el traspaso, tan solo un alquiler mensual de 1.600 euros por las instalaciones.
A medio y largo plazo su apuesta es construir una escuela municipal en Viveros o la margen izquierda equipada para abrir con profesores de una bolsa municipal de nueva creación solo en los años en los que el resto de guarderías no tuvieran suficientes plazas. «Apoyamos a la privada porque ofrece un servicio en cuanto a horarios que la pública no da pero el Ayuntamiento debe ser proactivo y garantizar la seguridad a las familias», apunta Urquizu.
Este medio se ha puesto en contacto con la consejería de Educación sin obtener respuesta. En su caso también debe hacer frente a la recogida de firmas iniciada por los afectados por la escasez de plazas de la escuela de la DGA, El Santo Ángel. Han elaborado un documento en el que se recogen firmas para hacer llegar al departamento de Educación. Tanto este centro como el municipal La Selveta cuentan con abultadas listas de espera, especialmente de los nacidos en 2018. En la carta de los padres, dirigida al servicio provincial de Educación, se expone claramente la gravedad del caso y se pide que cambien los baremos de adjudicación. Denuncian que solo han accedido con 5 puntos las familias numerosas de los nacidos en 2018 dejando fuera al resto de familias en las que trabajan los dos progenitores (4 puntos).
