El Ministerio se compromete a "promover el uso del carbón autóctono" después de 2018
Tras una dura negociación desde las once y media de la mañana hasta pasadas las ocho y media de la tarde, los sindicatos mineros y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, firmaban este martes un preacuerdo del próximo Plan del Carbón, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Después de más de nueve horas abordando el futuro del sector, las partes mostraron su "satisfacción" al haber podido rubricar un documento que, aunque seguirá desarrollándose en futuras reuniones, ya tiene un esqueleto pactado. El documento, establece las bases definitivas "para desarrollar una transición justa, donde no haya salidas traumáticas del sector y se tenga en cuenta una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación", destacaron al salir del encuentro los representantes sindicales.
"Ha sido larga pero hemos obtenido resultados. Hemos conseguido un plan global que enmarca todo y cerrar así un ciclo para comenzar otro en el que trabajar de una vez para dar tranquilidad a las zonas mineras", recalcó el representante de minería de UGT Aragón, Francisco Montull. "Estamos satisfechos, sí. Pero más lo estaremos cuando se empiecen a ver los resultados del plan firmado, con cuestiones importantes como el uso del carbón autóctono más allá de 2018", agregó Antonio Montoyo, su homólogo en CCOO.
En ese sentido, una de las cuestiones fundamentales es que el preacuerdo recoge el compromiso del Gobierno de "promover" más allá de 2018 el uso del carbón autóctono competitivo "como modo de favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería competitiva", dice el documento.
Asimismo, se acordaron los plazos de vigencia del Plan, se establece un marco hasta 2027 para las ayudas a la reactivación; hasta 2025 las medidas excepcionales para empresas; y hasta 2023 las medias para la restauración de minas.
En lo que respecta a la reactivación de las cuencas, el marco reconoce ayudas económicas que rondarán los 250 millones de euros destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras. Este contemplaría actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo.
Se acordó también un Plan social de prejubilaciones dirigido a trabajadores de edad equivalente avanzada de cuarenta y ocho años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, pudiendo también acceder al mismo algunos casos con 20 años trabajados.
Por su parte, los trabajadores afectados por el cierre de empresas que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31 de diciembre de 2018 y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las empresas mineras.
Para estos trabajadores excedentes se articularán con las Comunidades Autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas. En el caso de Aragón, un centenar de personas podrán acogerse al plan social, según estiman los representantes sindicales aragoneses.
El preacuerdo también contempla planes de formación. En este sentido, se acordó la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas.
El marco definitivo se firmará el próximo miércoles 24 de octubre a las ocho de la tarde en Madrid. Estará presente la Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. Una vez rubricado el Plan, una comisión de seguimiento formada por todos los miembros que ayer firmaron el documento se reunirá cada seis meses para valorar y analizar la efectividad del programa.
Las negociaciones entre sindicatos mineros y Ministerio de Transición Ecológica para aprobar el nuevo Plan del Carbón 2019-2027 habían avanzado la semana pasada más de lo previsto. En la reunión entre ambas partes, los representantes de los trabajadores ya detectaron un cambio de actitud por parte del ejecutivo así como la voluntad manifiesta de llegar a acuerdos. Se manifestó ayer definitivamente.
Ribera: "las térmicas de carbón tiene poco recorrido"
A este respecto, recordó que existe «un marco comunitario que me viene dado» que obliga a los titulares de las centrales a cumplir ciertas obligaciones medioambientales o a cerrar.
«Cada titular debe hacer sus cuentas y presentar sus propuestas», apuntó Ribera, quien señaló que el Gobierno, en función de aspectos como la seguridad de suministro, debe autorizar o no el cierre de dichas instalaciones.
En todo caso, expresó su compromiso de hablar con los alcaldes y trabajadores afectados por estos cierres que, según advirtió, suponen «un monocultivo» para algunas zonas, y de buscar soluciones que permitan «la recuperación de un futuro industrial y económico con actividades que permitan que la gente pueda seguir viviendo donde vive con condiciones adecuadas».
En cuanto al futuro de las centrales nucleares, señaló que la decisión programática del PSOE de no prolongar su vida útil, lo que supondría el cierre total de estas instalaciones en España en 2028, «es una referencia importante».
Sin embargo, apuntó que todavía no se puede tomar una decisión ya que falta información como la que aportarán los escenarios de descarbonización previstos para 2030 y 2050, que formarán parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno quiere aprobar antes de que concluya 2018.
En la misma línea, indicó que también es necesario, para determinar el futuro de las nucleares, contar con un Plan actualizado sobre las nuevas obligaciones de seguridad en la gestión de los residuos radioactivos.
En cuanto a la situación del sector del carbón, considero que debería tratarse con mayor profundidad las alternativas que se deben de poner en marcha, que contribuyan en gran medida a la supervivencia de nuestros pueblos, obviamente con la generación de empleo alternativo.
Respeto el pre acuerdo firmado, pero existen numerosas lagunas. Las alternativas generadas hasta la fecha, no han resuelto los problemas que tiene la zona
EL PREACUERDO NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LAS ZONAS MINERAS