El tiempo corre en contra de las comarcas bajoaragonesas para la gestión de una de sus competencias, la recogida y tratamiento de residuos urbanos para adaptarse a los estándares de reciclaje que exige la Unión Europea. De media, no llegan ni a la mitad de lo exigido salvo en las localidades del Matarraña en las que se implantó el programa Porta a Porta, que ha conseguido un 70% de residuos reciclados en los municipios en los que está implantado.
Sin embargo, la media en las comarcas bajoaragonesas, todas agrupadas en la Agrupación del Consorcio nº 7 salvo el Maestrazgo, es de entre el 15 y el 20% cuando están obligados, por normativa europea, a reciclar la materia orgánica, así como el resto de residuos, logrando como mínimo un 51% de tasa de reciclaje del Residuo Sólido Urbano (RSU). Esta norma ha entrado en vigor este año para los municipios de más de 5.000 habitantes y en 2023 para el resto. Los que ya deberían implantar la recogida de la fracción orgánica y cumplir a lo largo de este 2021, Alcañiz, Caspe y Andorra no llegan ni de lejos a estos estándares.
Cuando se está a punto de llegar a la mitad de 2023 lo que han decidido el Consorcio y sus integrantes, las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Martín, Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamiento de Alcañiz, en una reciente reunión es tomarse más tiempo para plantear una decisión y conocer en persona ejemplos de modelos que se están llevando a cabo en otras comunidades desde hace tiempo. Tanto cómo trabajan como el tipo de instalaciones que emplean y las inversiones que son necesarias. «Hemos extendido la invitación a DGA, la Diputación y al Consorcio nº8, el de la zona de Teruel, porque con los habitantes que somos en esta zona puede que no sea posible rentabilizar la inversión y tengamos que valorarlo a escala provincial. Es una posibilidad que está ahí», explica el presidente del Consorcio bajoaragonés, Aitor Clemente.
Durante el mes de junio se han programado tres visitas. La primera tendrá lugar la próxima semana a la planta de tratamiento de residuos urbanos de la Diputación de Castellón en Cervera (Baix Maestrat) a la que le seguirán las visitas a las experiencias de la Mancomunidad de Pamplona y la comarca del Solsonés (Lleida).
No es la europea la única norma a la que debe hacer frente el Consorcio ya que la exgencia de aumentar el reciclaje es cada vez mayor. El Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ahora debe ratificar el Congreso y que incluye, entre otros, dos nuevos impuestos dirigidos a «prevenir» la generación de residuos. Uno de ellos, una tasa de unos 40 euros por tonelada que ya está implantando en otras comunidades y que con la ley estatal se busca armonizar a todo el país.
Fija objetivos más ambiciosos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales: un incremento del 5% cada cinco años hasta alcanzar el 65% en 2035, y estable porcentajes específicos de preparación para la reutilización, dentro de cada uno de esos objetivos siendo del 15% en 2035.
A las normativas más exigentes con el reciclaje se suma que el Consorcio también debe tomar una decisión respecto a la explotación del vertedero y del punto limpio, cuya gestión externa termina a finales de año. Su gestión también dependerá en parte del modelo para la recogida de los residuos sólidos urbanos que se escoja y podría pasar por continuar con la gestión externa o por optar por medios propios.
Magníficos resultados en el Matarrraña
El presidente espera que con la implantación de la recogida de la fracción orgánica se disparará el reciclaje al igual que ha ocurrido en el Matarraña en las localidades que forman parte del Porta a Porta. En Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Torre de Arcas y Fuentespalda pasaron, en solo tres meses, de un 19,5% al 70% de residuos reciclados; y en la última localidad en la que se ha puesto en marcha, Fórnoles, ya se recicla en torno a un 65%.