El nuevo reglamento ROTT obliga a más exigencias formativas pero no pone freno a las falsas cooperativas, el principal problema del sector
Más allá de la subida de los combustibles y la precariedad, actualmente el sector cuenta con tres problemas principales: las exigencia nacional de contar con el título de Bachillerato en el examen para obtener el Certificado de Competencia Profesional, las falsas cooperativas que «esclavizan» a los camioneros y las «empresas buzón», que operan en España pero están domiciliadas legalmente en países del este de Europa, con lo que se evitan las exigentes normativas españolas.
En la actualidad, el sector del transporte emplea a más de 2.500 trabajadores en la provincia según datos de la Asociación de Transportistas de Teruel, la entidad en la que están integradas la mayor parte de las empresas de transporte de mercancías de la provincia. En el último año se ha producido un incremento de la actividad de transporte y también del número de trabajadores empleados. En concreto, un 6,5% más, aunque se está empezando a notar una cierta ralentización en el ritmo de crecimiento.
Las empresas han incrementado su actividad pero sus márgenes de beneficio no lo han hecho. Según destaca el presidente de la Asociación de Transportistas de Teruel, César Soriano, el incremento del precio de los combustibles, de los costes asociados a la actividad y la enorme competencia existente ocasionan que resulte imposible trasladar los incrementos de actividad a la cuenta de resultados. Otra de las cuestiones que les preocupa es la falta de mano de obra. Existen muchas dificultades para encontrar conductores, una problemática común en todo el territorio nacional.
La provincia ya ha notado el cierre de las minas y que la Central Térmica de Andorra funciona a medio gas. Ha supuesto la desaparición de una rama especializada del transporte de carbón, una actividad que requiere de vehículos muy específicos y de difícil reconversión. Las empresas están buscando huecos del mercado en los que poder seguir dedicándose a la actividad del transporte. No obstante, en muchos casos, resulta complicado por las limitaciones propias del territorio, especialmente por la escasa industrialización y pocas salidas laborales.
«Las asociaciones de transportistas de Aragón, Asturias, Castilla León y Galicia ya expresamos, en su momento, nuestra preocupación por las consecuencias indirectas de las medidas de descarbonización y supresión de plantas térmicas en nuestro país y los efectos negativos que comportaría para el sector del transporte en nuestros territorios», recuerda Soriano. La asociación que preside se encarga de defender los intereses de las empresas del sector atendiendo las demandas que les planean y buscando soluciones a las problemáticas que les trasladan. También dispone de servicios específicos para los asociados: información actualizada, negociación del convenio colectivo, certificados de paralización, representación en juntas arbitrales y descuentos especiales en combustible, entre otros.
Tradime ha recurrido el ROTT
El principal handicap en materia normativa para el sector es el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que entró en vigor en febrero y ha supuesto una modificación sustancial en la actividad del transporte de mercancías por carretera. Inquieta especialmente el hecho de que una infracción pueda derivar en el cierre de una empresa de transporte. Por ello, el Comité Nacional de Transportes por Carretera ha impugnado este apartado de la norma.
A partir de ahora se necesita el Bachillerato, la FP media o superior o un título universitario en el examen para obtener el Certificado de Competencia Profesional (título de transportista) que es el que permite ser titular de una empresa de transporte. No para los conductores de camión. Para ello únicamente se pide tener la licencia de conducir correspondiente y contar con el título de CAP (Certificado de Aptitud Profesional) que, en ningún caso, exige nivel alguno de estudios.
La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, conocida por Tradime Aragón, es la única que ha recurrido la norma ante el Tribunal Supremo sin más apoyos y de forma independiente. El recurso ya ha sido admitido a trámite y en estos momentos está ultimando la redacción de demanda, incluyendo medidas cautelares de carácter urgente. Tradime aúna a 700 socios y alrededor de 2.000 camiones en toda la comunidad que el día 13 se reunirán para celebrar San Cristóbal en Zaragoza. Saldrán autobuses desde Alcañiz.
La asociación considera que estos nuevos requisitos son «desproporcionados y contrarios al ordenamiento jurídico» al vulnerar la libre elección de profesión o la libertad de empresa, de ahí su decisión de acudir a la vía judicial. «El examen para la obtención de este certificado ya es bastante exigente de por sí y consideramos que es más que suficiente como filtro para entrar en esta profesión sin necesidad de exigir el Bachillerato», explica el presidente de Tradime, José Antonio Moliner. De este modo, critica que una persona que quiera dejar a su hijo su empresa de transporte y éste no tenga el Bachiller, no podrá heredarla. Algo que no sucede en «ningún otro sector». «Al hijo del dueño de una fundición no se le exige que sea ingeniero metalúrgico para heredar la empresa», apunta.
Entienden desde Tradime que deja abierta la puerta a las cooperativas de falsos autónomos que, según Tradime, tanto daño están causando al transporte, especialmente a la pequeña y mediana empresa. El título de transporte o certificado de competencia profesional es uno de los requisitos que permite a una empresa o autónomo obtener la autorización de transporte público de mercancías en vehículos de más de 3.500 kilos. Por ello, las personas o empresas interesadas en obtener esta autorización deben poseer este título de transportista o contratar a un gestor que lo tenga. Hasta ahora el certificado de competencia profesional se expedía a todos aquellos que tuviesen el título de Formación Profesional de Técnico Superior en Transporte y Logística o que superaran un examen para la obtención de este certificado y para el cual no se exigía ninguna titulación. «Tenemos casos de autónomos que no tienen esa formación y, por circunstancias, se ven obligados a sacarse ahora el título y no pueden optar a hacer el examen», señala el presidente de Tradime.
Desde la asociación inciden en que la norma, sin embargo, no pone freno a la competencia desleal. Entienden que se está dejando de lado uno de los principales problemas del sector actualmente: las falsas cooperativas de trabajo asociado y a las que el nuevo ROTT «no pone ningún impedimento».
En este sentido, Moliner explica que los «falsos transportistas que están en estas cooperativas, entran por la puerta de atrás del transporte». «Entran sin titulación, sin preparación, entran engañados, pensando que van a ser un transportista de verdad, cosa que no es cierta. Y cuando se dan cuenta de la realidad, han hecho ya una entrega de dinero que los tiene atados de pies y manos, y contra eso el ROTT no hace nada».
Para el presidente de Tradime, se ha creado «un limbo» en el cual estos transportistas de las falsas cooperativas «son esclavos de gente sin ningún tipo de escrúpulo». Además, ha remarcado que este tipo de cooperativas solo se dan en España, «no existen en ningún lugar de Europa»
Actualmente hay más de 11.000 camiones detectados en falsas cooperativas y Tradime ya ha denunciado a varias de ellas en Aragón. En nuestra comunidad calculan que existen entre 5.000 y 6.000 camiones. «Nadie ha comentado que con el nuevo ROTT las falsas cooperativas continúan sin ningún tipo de impedimento para que sigan con su competencia desleal y eso es lo que realmente nos importa desde Tradime, luchar contra estos fraudes», indica Moliner.
Desde Tradime también ponen el foco en las llamadas empresas buzón. Se trata de grandes operadores de transporte que trabajan en España pero tienen su sede social en países del este de Europa como Rumanía. Allí crean su empresa -en un mismo piso se han llegado a encontrar domiciliadas hasta cuatro- pero tan solo cuentan con un buzón, de ahí su nombre. Se benefician de las leyes más laxas e impuestos más bajos de estos países pero en cambio operan en España. «Aquí se paga entre 800 o 900 euros al mes de Seguridad Social y allí solo 50. La ITV la pasan por correo», especifica.
Piden que se palíe este problema al igual que ha hecho Francia con la llamada «Ley Macron». «Si realizas todo tu trabajo aquí tu chófer debe cobrar un sueldo español y contar con las oficinas en nuestro país para que se te exija lo mismo que a los camioneros españoles», apunta Moliner.