En 2016 se paralizó el Plan del que se investiga la gestión. Castelserás ya funcionará con el nuevo modelo
Hace dos años, en mayo de 2016, se hizo efectiva la renuncia del Instituto Aragonés del Agua (IAA) a los contratos de concesión de obra pública para la redacción de proyectos, construcción y explotación de las depuradoras de las zonas 10-B y 10-C. Se frenaba la licitación de la construcción de 11 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y las fórmulas público-privadas planteadas pasaban a revisión.
El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), que ahora se investiga en una comisión en las Cortes de Aragón, lo puso en marcha el ejecutivo autonómico. A finales de 2015, el entonces nuevo consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, anunció la paralización de estos contratos y que habían sido licitados ese mismo año tan solo unas semanas antes de las elecciones autonómicas. Salieron a concurso por 91 millones de euros. La zona 10-B (Aguaviva, Cantavieja, Castellote, Castelserás, La Iglesuela del Cid, Mas de las Matas y Valdealgorfa) salió por casi 45 millones y la C (Calaceite, Mazaleón, Nonaspe y Maella), por 46.
Pasados dos años estas once localidades, a las que se añaden Torrecilla y Alacón que se acogen al sistema de subvención, siguen a la espera de dejar de verter sus aguas sucias a los ríos. No obstante, llevan diferentes ritmos y algunas están más cerca de conseguirlo. Con la rescisión, el ejecutivo comenzó a trabajar en los nuevos proyectos «más ajustados a la realidad». De momento, hay seis redactados que están valorados en poco más de 7,7 millones de euros. Así, entre este año y comienzos del próximo, se prevé la puesta en marcha de tres, en junio, licitar otras tantas y durante el año, se quiere avanzar en trámites de cinco.
En este tiempo, a pesar de contar con proyectos planteados, los ayuntamientos recibían expedientes sancionadores de la CHE por verter sin depurar. Algunos fueron pagados y otros, recurridos. Las protestas de los ediles parece que surtieron efecto y estas sanciones se han paralizado.
Castelserás será la primera que empiece a funcionar y lo hará con una depuradora ejemplo del nuevo modelo que planteó la DGA tras la rescisión y que está basado en sostenibilidad tanto económica como medioambiental.
Está previsto que sigan las de Calaceite (1,7 millones) y Maella (2 millones). En ambos casos se reajustaron las construcciones según las necesidades y características propias. Están en obras desde finales de 2017 y esperan acabar a final de año para ponerlas a funcionar a comienzos de 2019. El alcalde de Maella, igual que no ocultó su enfado con la paralización de los proyectos hace tres años, no tiene problemas para expresar ahora su satisfacción por la buena marcha de las obras. Parte se centran en el entramado de tuberías. «Creo y espero que después de tantos años por fin tendremos la planta», deseó Jesús Zenón Gil.
Las que se encuentran en fase burocrática son las de Mas de las Matas (1,5 millones), Mazaleón (900.000 euros) y Castellote (800.000 euros). En los tres casos se prevé licitar sus obras en junio. «Desde el IAA ya nos han notificado que tenemos el proyecto para que comencemos con los trámites para disponer de los terrenos», dijo el alcalde masino, Pedro Pitarch.
En Mazaleón lo recibieron hace quince días en una gran caja pero continúan pendientes de una reunión con el Instituto. «La pedí cuando comenzó todo pero no me la concedieron. Ahora me dicen que sí y que me avisarán pero el proyecto está hecho, así que, espero que no haya problemas y que estemos todos de acuerdo», dijo la alcaldesa, Exa Sorolla.
Para la localidad se han destinado 897.363 euros que se invertirán en construir una instalación acorde a los terrenos disponibles ya que para el anterior proyecto, -que se echó para atrás en 2015-, las expropiaciones ya estaban hechas. Son estos antecedentes los que no ayudan a espantar la inquietud ante la proximidad de nuevas elecciones. «Imagino que no interferirá pero visto lo visto… Esperaremos a la reunión y a estudiar bien el proyecto», añadió.
2018 de trámites en cinco pueblos
Para Nonaspe, Valdealgorfa, Cantavieja, La Iglesuela del Cid y Aguaviva, 2018 será el año en el que se llevarán a cabo los trámites necesarios para obtener los terrenos. «Van saliendo todas pero no llega la nuestra», dijo Aitor Clemente.
El alcalde de Aguaviva, uno de los más reivindicativos con los modelos sostenibles, mostró cierto desconcierto, sobre todo, con el importe adelantado para la suya. «Se nos presentó un proyecto que se iba a un millón y nos parece muchísimo, espero que no sea así, pero no sabemos mucho más», dijo.
En este tiempo ha habido visitas a la zona por parte de los técnicos. De hecho, llegaron a un punto intermedio para la ubicación pues la que planteaba la administración requería de bombeo, y «no lo necesitamos». En este sentido, señaló otro punto a pulir. «Su propuesta lleva el agua limpia al río y creemos que se podría aprovechar porque antes pasa por campos y granjas».
Castelserás, la más inmediata
Las obras de construcción de la depuradora de Castelserás según el modelo extensivo de «Humedal artificial de flujo vertical», llaman la atención desde la carretera a Alcañiz. Comenzaron en octubre y se estableció un periodo de seis meses, por lo que la previsión de que en junio esté acabada es más que factible. La balsa almacena agua y solo bombea cuando llega a un determinado nivel por lo que la luz se activa de forma puntual. A la eficiencia ambiental se suma la económica.
En cuanto esté terminada será la empresa constructora, Tragsa, la que se ocupe de la explotación. Los gastos fijos son los de luz, que calcula en unos 12.000 euros anuales, y las sustituciones de lodos de la balsa que se realiza de forma puntual. En este sentido, cuando se acerque el momento, el Ayuntamiento organizará sesiones de sensibilización con los vecinos. «Cuanto mejor viertan en casa, más y mejor vida tendrán las instalaciones y el recambio de lodos será menos frecuente», dijo el alcalde, Javier García.
«En caso de que esta competencia vuelva a ser nuestra, el Ayuntamiento podrá hacerse cargo, algo que con el precio planteado para la anterior era imposible», analizó. Estiman un ahorro de un 30% en los costes de explotación respecto al anterior. Cabe destacar que en este caso concreto, se planteó una misma depuradora para Castelserás y Torrecilla de Alcañiz, población que ha optado por otra vía.
Autogestión en Torrecilla y Alacón
En julio del año pasado se autorizó el gasto plurianual de cinco millones de euros al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para convocar subvenciones a los ayuntamientos que serán los que gestionen la explotación y mantenimiento.
Se fijó en un 95% el porcentaje máximo de ayuda a conceder con un límite de 300.000 euros por solicitud. Esta opción es la más atractiva para localidades con menos habitantes. De hecho, las solicitudes aprobadas fueron las de Villar del Cobo (190 hab.), Griegos (150), Olba (250), Valdecuenca (35), Cuevas Labradas (125), Montalbán (1.250), Torrecilla de Alcañiz (420) y Alacón (280).
En el caso de Torrecilla, el proyecto se presentó a los vecinos en una reunión en enero. Está valorado en 354.408 euros de los que el IAA subvenciona 300.000, el máximo fijado. La previsión es tenerlo acabado a final de año y por ello se iniciaron ya los trámites administrativos. Acabado el periodo para que las empresas presentaran propuestas, el siguiente paso será abrirlas y adjudicar.
Se trata de una depuradora que funcionará a base de filtros de plantas macrófitas. Es decir, con un sistema extensivo por gravedad y que no requiere de energía. En este caso, y como se planteaba en Aguaviva, contemplan aprovechar el sobrante limpio. Se beneficiaría a dos de las tres acequias del pueblo y los regantes podrían hacer uso de ella antes de que acaben en el río Mezquín.
El alcalde, Joaquín Lorenzo, valoró la oportunidad de elección después de haberse desvinculado del proyecto de Castelserás. «Que haya variedad de modelos me parece muy interesante. Creo que los pueblos pequeños avanzamos más con esta opción porque se ajusta mucho más a la inversión que necesitamos y, además, es más sostenible también al bolsillo», dijo.
Respecto a los costes, señaló que al estar con Castelserás, los vecinos de Torrecilla ya pagaban el ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas) porque constaba como que tenían un proyecto en marcha. Por delante queda saber de qué manera quedará el acuerdo con el IAA. El ICA ocupa la agenda política constantemente y es difícil saber en qué quedará ya que desde DGA anunciaron una revisión. En Torrecilla, el nuevo sistema supondrá un ahorro económico respecto al pago del canon de vertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que actualmente es de 2.241,02 euros anuales y que podría reducirse a 448,20 en caso de que se reutilice el agua.
«Nos dijeron que si optamos por gestionarnos nuestra depuradora habrá una bonificación del ICA, pero lo que hay que hablar con el IAA es que este impuesto no se pague o que si se paga, revierta en el pueblo», añadió. «No obstante, de todas formas, esta opción es mucho más barata», añadió.
En Alacón los trámites no avanzan tan rápido. La localidad está enclavada en un paraje natural de la Sierra de Arcos envidiable. Sin embargo, estar rodeados de zonas LIC y ZEPA está siendo un freno para este menester. «Tenemos el proyecto pero en el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) porque una línea eléctrica que debe ir subterránea», dijo el alcalde, Raúl Lázaro. La depuradora está valorada en algo más de 299.000 euros de los que cuentan con un 95% de ayuda del IAA. Como el resto, ya han recibido la mitad, una cantidad a la que esperan dar salida más pronto que tarde.
Sin embargo, para que eso suceda el Ayuntamiento debe encargar un estudio paleontológico. «Tendríamos que estar ya con las obras pero estoy tramitando quien nos haga el estudio», dijo el primer edil quien, no obstante, confió en que una vez solventada la burocracia, todo lo demás avance sin complicaciones.
Plan de Depuración, en investigación
Paralelamente, continúa la polémica política en torno a los costes millonarios, el impuesto que se creó para sufragarlos (ICA) y los proyectos público-privados sobredimensionados que contemplaba en plan de depuración anterior. Este miércoles se celebró la segunda sesión de la Comisión de Investigación que se abrió en las Cortes de Aragón para tratar de despejar las responsabilidades políticas en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) de 2001.
Durante todo el día pasaron a declarar diez altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la administración autonómica desde 2003. Todos, relacionadas con el inicio y el desarrollo del Plan. Entre otros, pasaron José Luis Alonso, presidente de la CHE (2004-2008) y, seguidamente, varios cargos del IAA, entre otros, Alfredo Cajal, director en dos periodos (2003- 2007/2012-2015) que defendió la gestión que hizo el organismo, que «jamás actuó al margen de la ley».
Defendió la decisión política por la que se optó por un modelo concesional para la ejecución de las depuradoras. En su opinión, dijo, si se hubiera optado por el método tradicional de adjudicación de obra pública, se hubieran «necesitado 50 años para completar la depuración de todas las aguas de Aragón». Los motivos del fracaso los limitó a las dificultades que encontraron las empresas en la crisis.
Más de 80 personas pasarán a declarar por esta Comisión de Investigación durante los próximos meses.
