El Gobierno Central quiere cerrar las sedes desplazadas, por lo que piden que la del Bajo Aragón sea una delegación oficial
La intención de la Dirección General de Tráfico de cerrar todos los centros desplazados, entre ellos el de Alcañiz se encontró ayer con el rechazo de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario. Todos los grupos votaron por unanimidad una Proposición no de Ley del PAR en la que las Cortes instan al Gobierno de Aragón a que, a su vez, traslade al Gobierno de España que no cierre el centro desplazado de Alcañiz y estudie seriamente la creación de una delegación de Tráfico en la capital bajoaragonesa. Según recalcó ayer la diputada aragonesista María Herrero, la población de referencia del Bajo Aragón Histórico, más de 70.000 personas, es muy parecida a la del área de Teruel, donde está ubicado el centro provincial, por lo que el territorio también merece una delegación.
La intención de Tráfico es eliminar de modo progresivo las pruebas en papel de aquí a finales de 2018. Desde el sector entienden que la parte teórica solo se podrá realizar exclusivamente en las 52 oficinas provinciales o de las 16 locales que pertenecen al organismo.
Por ello, en la proposición también se insta al Gobierno Central a que proporcione los medios informáticos y técnicos suficientes para que puedan realizarse los exámenes mediante ordenador, en igualdad de condiciones a otros centros.
Desde otras privincias sin pagar
También se pide que se incremente el número de examinadores en la provincia en activo para agilizar las pruebas realizadas tanto en Teruel como especialmente Alcañiz y se reconozca que se desplazan al Bajo Aragón un número considerable de desplazados de las provincias de Zaragoza y Tarragona. «Se deberá procurar que esta situación no se repita y, en el caso de no hacerlo, proporcionar los medios extraordinarios para atender esa demanda y que la tasa que se paga por este examen se revise con respecto de la tasa inicial para responder mejor a la realidad», afirma el texto que defendió ayer la diputada calandina. Estas personas se examinan en sus provincias de origen de la parte teórica y pagan allí la tasa inicial, cuya cuantía ronda los 90 euros. Después se presentan a la parte práctica en Alcañiz, lo que únicamente les supone un coste de 8 euros, cuando en realidad esa mínima cuantía no cubre ni de lejos el coste real, de tal forma que los recursos destinados los asume la provincia de Teruel sin obtener beneficios.
Todo ello ha generado retrasos en los prácticos de tres semanas y en momentos de gran demanda, hasta cinco. «Lo que en un principio fue un problema para los estudiantes en verano, dado que disponen de un tiempo limitado para la obtención del permiso, ahora afecta prácticamente a quienes se examinan durante todo el año», alertó Herrero.
