La condenada debe devolver a DGA 22.090 euros y pagar una multa de 3.600 euros
La farmacéutica de Palomar de Arroyos, Amparo Armiñana, ha sido condenada a veinte meses de prisión, a pagar una multa de 3.600 euros y la devolución de 22.090 euros al Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón. La acusada por una trama de venta ilegal de medicamentos admitió los delitos de falsedad documental y estafa ayer en el juzgado de Instrucción número 3 de Teruel. El abogado ha pedido la suspensión de la pena de cárcel al no tener antecedentes y el juzgado lo estudiará.
Los otros dos acusados, la hermana médico de la boticaria y el socio de una parafarmacia de Enguera (Valencia) donde supuestamente se revendían los medicamentos, fueron absueltos.
La farmacéutica, que sigue regentando su establecimiento en la localidad de la comarca Cuencas Mineras, reconoció ante el juez que facturaba recetas al Gobierno de Aragón que no correspondían a ningún paciente y las cobraba como si así lo fuera. En total, la fiscalía detalló que había falseado 190 recetas electrónicas y 274 en papel. El juicio no llegó a celebrarse porque acusación fiscal e implicados llegaron a un acuerdo previo. Con esta pena concluyó la operación «Pharmakon» que investigaba una trama ilegal de reventa de medicamentos.
El caso «Pharmakón» saltó a la opinión pública en el mes de mayo de 2014 cuando la Guardia Civil precintó la farmacia de la localidad de Palomar de Arroyos por orden judicial. Su titular entró en presión de inmediato pero salió bajo fianza. No obstante, volvió a ingresar en la cárcel por quebrantamiento de medidas cautelares y obstrucción a la justicia cuando la descubrieron intentando llevarse documentación y medicamentos de su farmacia.
Del «Pharmakon» al «Convector»
Las investigaciones llevaron a la Guardia Civil a precintar hasta 15 farmacias en Aragón -entre ellas las de Alloza, Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda. Llegó a haber 25 imputados, entre farmacéuticos, médicos y empleados de distribuidoras de medicamentos y ocho de ellos pasaron por la cárcel. Entre ellos, la boticaria de Peñarroya de Tastavins que salió tras pagar una fianza de 50.000 euros, al igual que la hermana médico de Armiñana.
La magnitud de las investigaciones y la implicación de boticas y distribuidoras de todo el territorio nacional desembocaron en el caso «Convector». Entre otras cuestiones se investigaba un supuesto delito de distribución inversa de medicamentos, además de otros de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública u organización criminal. No obstante, la Audiencia Nacional acordó en febrero de este año el sobreseimiento del caso.
