El consejero de Desarrollo Rural se compromete a dialogar para tratar de «alcanzar un acuerdo».
La plataforma Vialaz presentó este lunes sus reivindicaciones ante el Gobierno de Aragón. En concreto, ante el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y ante la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba.
Durante algo más de una hora, representantes de Vinaceite, Almochuel, Azaila, La Zaida y La Puebla de Híjar expusieron su exigencia de que el río Aguasvivas tenga caudal mínimo garantizado todo el año. El balance de la cita fue «positivo», sobre todo, por la «actitud receptiva» de los dirigentes que se comprometieron con el conflicto. La plataforma expresó su malestar porque el agua no corra más abajo de Belchite dejando los últimos 35 kilómetros secos durante buena parte del año.
«Nos dijeron que hablarían con la Confederación Hidrográfica del Ebro para tratar de conseguir que se alcance un acuerdo entre todas las partes», dijo el portavoz de la plataforma, Daniel Pequerul.
Con la inminente campaña de riegos avisaron de que «la insignificante» cantidad que ahora baja hasta el término de Vinaceite, «desaparecerá durante unos cuantos meses».
Siguiente paso en Madrid
La cita con el Ejecutivo Autonómico fue el paso que continuó al dado a comienzos de marzo cuando visitaron al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, que también adquirió el compromiso de dialogar con la Confederación. Cabe destacar que dirigentes municipales y regantes de Belchite, la otra parte implicada en el conflicto, también visitaron a Alcalde días después.
En apenas un mes, Vialaz ha llevado además la queja a la fiscalía de Zaragoza. Tras la cita en DGA, desde la plataforma recordaron que continuarán con el calendario pensado hace un mes y por ello, tras el estamento autonómico acudirán al nacional. Después de «un tiempo prudencial» de espera elevarán su queja al Ministerio de Medio Ambiente. «Ojalá se solucione a niveles autonómicos pero si hay que ir a Bruselas, iremos», añadió Pequerul.
De hecho, a la DGA le expusieron que, según lo dispuesto en el Artículo 27 del Decreto 317/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, «corresponde a la Dirección General de Sostenibilidad, entre otras competencias, la conservación de la biodiversidad, de los espacios protegidos y de la flora y fauna silvestres, así como la adopción de medidas adicionales de protección de los ecosistemas acuáticos».
Recordaron que todo lo que exigen está avalado con actas notariales, informes como prueba pericial, y sobre todo, «con la legislación actual totalmente en la línea de nuestra demanda».
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