Viento Alto pide «autonomía» para los ayuntamientos en la gestión de renovables

La Comisión de Medioambiente y Turismo del Parlamento aragonés inició este lunes las audiencias legislativas del proyecto de ley para la creación de impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, y por el que se modifica el impuesto sobre las instalaciones de transporte en energía eléctrica de alta tensión. Durante la jornada, participaron un total de catorce representantes especializados en materia medioambiental y del sector energético. Todos ellos expusieron sus consideraciones y opiniones sobre el texto legislativo. Cabe recordar que el impuesto espera recaudar al menos 33 millones anuales según las previsiones de la DGA.

Fernando Safont, presidente de Viento Alto y alcalde de La Iglesuela del Cid, defendió la necesidad de que el impuesto impacte en los municipios que albergan las instalaciones de renovables para «revertir parte de la riqueza al territorio donde se ubican, activar su economía y combatir el declive demográfico». Además, propuso la creación de un «fondo aragonés de solidaridad energética» para alcanzar este objetivo. «El impuesto no debe lastrar los planes de desarrollo de las empresas pero tiene que ser justo, acorde al impacto generado», incidió Safont, quien ve «carencias» en el proyecto de ley. Pidió que la compensación por el impacto recaiga «directamente sobre quien lo sufre» y que los ayuntamientos tengan la autonomía para decidir las actuaciones a ejecutar, con cargo al fondo aragonés de solidaridad. «Creemos que debe ser más ambicioso en cuanto a los beneficios que se deriven a los municipios», ratificó Safont.

Desde la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, su portavoz Javier Oquendo, celebró que «se reconozca el daño al medioambiente». Aún estando de acuerdo en gravar el perjuicio, entiendo «que no se puede aplicar a todos los niveles». Oquendo señaló que los tributos «no protegen ni conservan», sino que pueden «restaurar el daño». Asimismo, destacó que «no hay renovables buenas o malas», sino localizaciones «inocuas», y para ello hay que aplicar medidas como la Ley de Paisajes o un plan energético para Aragón «que aún no están».

En la misma línea se mantuvieron los representantes de la Plataforma 13 de marzo, Jesús Ruz y José Luis Ruiz, quienes transmitieron su posición favorable a «unos impuestos especiales para todo aquello que dañe el medioambiente». A su vez, solicitaron a las Cortes la aprobación de la Ley del Paisaje, un plan energético en Aragón y regular una moratoria «antes de que el daño esté hecho y sea irreversible».

Desde la Fundación para la conservación del Quebrantahuesos, -que inició un proyecto de recuperación en la comarca del Maestrazgo que ahora está paralizado-, su representante Juan Antonio Gil puso de manifiestó que las renovables «suponen una amenaza para la biodiversidad» porque «existe mortalidad por colisión en aerogeneradores, placas solares y tendidos eléctricos», así como «una pérdida y destrucción de hábitats». «Defendemos el principio de prevención», dijo Gil, quien dio datos. Más de 350 molinos están instalados en Red Natura 2000 y otros 100 están proyectados en zonas de especial protección, incidió.

La Comisión contó con la participación del sector energético. El presidente del Clúster de la Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín, exigió al Gobierno de España aumentar la demanda y el almacenamiento de energía porque la situación de este último «sigue igual que en 2010». Por otra parte Machín puso de relieve que «tampoco se ha trabajado en la electrificación de la economía» y solicitó  que el autoconsumo «esté exento de impuestos en todas sus modalidades».

En representación de Engie España, Daniel Fernández, trasladó que «hay margen de mejora en el diseño del impuesto», así como «otros mecanismos menos incisivos» que una imposición fiscal,  para apoyar al entorno y generar valor local, como son los de coparticipación en el territorio. Desde EDP Renovables España, la directora de Crecimiento Estratégico y Regulación, Silvia Encinas, puso en valor que Aragón «tiene una oportunidad indiscutible» de desarrollo de riqueza vinculada al desarrollo de renovables, que puede servir de modelo para otras administraciones y propuso una implantación «progresiva» de los impuestos para que las empresas puedan adaptar sus planes de negocio.

Por su parte, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, explicó que España tiene «por primera vez ventaja competitiva en el input de energía». «Si la estropeamos por impuestos y riesgos regulatorios, estaremos desperdiciando esta oportunidad histórica», destacó. No obstante, añadió que en caso de ponerlos en marcha, «deberían ser impuestos finalistas». Desde la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilia trasladó que estos impuestos «son mecanismos de polarización entre comunidades», considerando que «complican la estrategia de inversión y diferencian a territorios frente a otros». «Aragón ha sido una referencia hasta ahora, y el impuesto puede poner en peligro uno de los principales vectores de acción de la nueva riqueza del territorio», dijo Virgilia.

En la misma línea se mostró el delegado de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) en Aragón, Jorge Edo, quien defendió que este impuesto «afecta gravemente» a los pequeños productores y familias «porque no van a estar compensados». Edo propuso incluir una exención a las afecciones medioambientales derivadas de los parques de generación fotovoltaica inferior a cinco megavatios.

Entre los comparecientes también aportó su visión José Manuel Iglesias, profesor del Máster en Energía Renovables de la Universidad Santiago de Compostela, quien expuso que «un tributo ambiental debería tender a recaudar cero», puesto que «debe ser incentivado y no penalizado por los poderes públicos», teniendo en cuenta en el actual momento de transición energética. Por su parte, la catedrática del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza María Rosa Duarte explicó a través de su último estudio que, siendo Aragón uno de los líderes en energía eólica, la tendencia de los casos de éxito de energías renovables «están ligados a una orientación hacia la energía fotovoltaica, pequeñas instalaciones y a un gran cuidado por el impacto indirecto en el desarrollo rural».

Otro de los intervinientes, Ignacio Pérez-Soba, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, insistió en que para que estos impuestos estén justificados, «es imprescindible una real afectación de la recaudación a la mejora del medio natural, que es el principal afectado por estas instalaciones», y subrayó que «desde hace 19 años, «nuestros montes no han notado nada de las recaudaciones».

En esta materia, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmelo Pérez, afirmó que la transición energética en Aragón no puede realizarse «sin contar con el territorio» y que la seguridad jurídica es «el único elemento» capaz de garantizar la «credibilidad y la confianza» de los inversores para que sigan desarrollando su actividad.