382 entidades de 16 Comunidades Autónomas entre las que se encuentran La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel reclaman a los partidos políticos en el Congreso que se supriman los artículos 6 y 7 del Real Decreto 6-2022 que facilitan la implantación "exprés" de macro industrias renovables sin atender al proceso de evaluación ambiental y estudio de impactos hasta ahora vigentes.
Dicho Real Decreto convalidado en el Congreso el pasado 28 de abril, está actualmente siendo tramitado como Proyecto de Ley urgente (Núm. expte. 121/000100), estando abierto el periodo de enmiendas hasta el 1 de junio. El capítulo III afectaría a los procesos de tramitación de los parques eólicos y fotovoltaicos, facilitándolos, ya que la norma reduce la tramitación ambiental en los proyectos de energías renovables de hasta 75 MW (eólicos) y 150 MW (fotovoltaicos) a un informe de determinación de afección ambiental que no estudia en detalle los diferentes impactos y al que no se podrá presentar recurso alguno.
Tal como denuncian desde la Plataforma de los Paisajes,el texto arrebata el derecho de los afectados y afectadas a señalar impactos no contemplados o subestimados así como errores técnicos y suprime la participación pública en el que supone una "clara" vulneración del Convenio de Aarhus del que España forma parte. "Deja en manos de las propias empresas promotoras la presentación de una memoria explicativa. Nos parece algo surrealista después de todo lo que llevamos trabajando a lo largo de dos años", destaca Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma de los Paisajes.
Ante la "gravedad" de las consecuencias de la eventual aprobación de dichos artículos, 382 entidades del estado español de 16 Comunidades Autónomas han redactado una propuesta de enmienda al mencionado Proyecto de Ley que están haciendo llegar a todos los grupos parlamentarios y a sus diputados como representantes de la ciudadanía en la cámara del Congreso: el objetivo es la retirada de los Artículos 6 y 7 y las disposiciones mencionadas. "Si esta norma sigue adelante sería dejar en manos del oligopolio el reto que supone la urgencia y el cambio climático. Parece como si la ministra de las autorizaciones energéticas hubiera atendido expresa y diligentemente a los promotores para resolver de un golpe maestro las trabas que muchas luchas ciudadanas estaban imponiendo para evitar atropellos a los intereses ambientales comunes y los derechos de la gente", denuncian desde la Plataforma.
El colectivo se suma a esta solicitud y advierte de que, según la experiencia de estos dos últimos años, visto que, aún exigiendo evaluación ambiental y estudio de impactos, se detectan múltiples incumplimientos de la legislación con las consiguientes afecciones negativas a la biodiversidad y al medio. "Si se suprime la evaluación ambiental, si se reduce todo estudio a una simple manifestación de la empresa sobre los posibles impactos que pueda provocar su proyecto, entonces las cosas irán a peor, los incumplimientos serán flagrantes y el daño será irremediable", aseveran.
Con la presentación de esta propuesta de enmienda al Real Decreto 6-2022 las entidades intentan evitar interponer un recurso al Tribunal Constitucional o entrar en largos pleitos. "Sería el ultimo camino. Creemos que esta Ley sería inconstitucional porque va contra las directivas europeas y contra el derecho que la Constitución proclama en cuanto a la protección del medio ambiente", concluyó el portavoz de la Plataforma.
TODO SEA X el cambio climático,, el famoso cajón de sastre ,,, pero no pasa nada ,, esto es lo mismo que lo de la central de Andorra ,, ect