Una representación de las asociaciones turolenses pertenecientes al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha realizado este lunes un sencillo acto en el exterior de la sede provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de Teruel con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de mayo.
En el acto, que ha contado con la participación de Miguel Villalta, director provincial del IASS, varias personas con discapacidad han leído un manifiesto en Lectura Fácil. Dicho manifiesto se ha centrado este año en el derecho a una vivienda accesible, asequible e inclusiva para las personas con discapacidad.
Cabe recordar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento jurídico creado en 2006 a instancias de la ONU y que España ratificó, por lo que este cuerpo normativo internacional forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español.
Vivienda accesible, asequible e inclusiva
Este colectivo reclama que «las obras de accesibilidad sean obligatorias en las comunidades cuando las pidan personas con discapacidad o mayores de 70 años, sin excepción y sin que la obra dependa de cuanto cueste». Además, solicitan que «el Registro de la Propiedad recoja información sobre la accesibilidad de todos los edificios y las viviendas». En el manifiesto también se pide que «las Administraciones creen una oferta pública de viviendas accesibles para las personas con discapacidad y las políticas públicas tengan en cuenta a las personas con discapacidad como grupo preferente para facilitarles la vivienda», ya que cuentan, generalmente, con menos recursos económicos, más gastos y mayores dificultades para encontrar un empleo.
También se reivindicó la necesidad de ayudas para la contratación de asistentes personales u otros apoyos necesarios para facilitar que las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo puedan seguir viviendo en su hogar habitual y evitar o retrasar su institucionalización. «Las personas con discapacidad tenemos derecho a elegir dónde, cómo y con quién vivir», apuntaron. Y «las políticas públicas deben facilitar el paso de la vida en instituciones a la vida en la comunidad».
Propuestas concretas
Para finalizar, el manifiesto recogió tres propuestas concretas. En primer lugar, la «creación de un fondo público de accesibilidad», según el cual las administraciones públicas «dediquen 1,5 euros de cada 100 euros de los presupuestos a la accesibilidad en edificios, transportes o tecnología».
La segunda propuesta consiste en que haya «dialogo civil en las políticas de vivienda», es decir, que «cuando se discutan políticas de vivienda debe haber entidades que representen a las personas con discapacidad y sus familias».
La tercera y última propuesta es la «protección judicial del derecho a la vivienda», de modo que la justicia contribuya a resolver problemas de desalojo de personas con discapacidad o reclamaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios, entre otras cuestiones.
Un año más, las asociaciones miembro del CERMI han conmemorado esta jornada para hacer un llamamiento a que los poderes públicos, agentes sociales, operadores económicos, medios de comunicación y toda la sociedad cumplan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A este acto realizado en Teruel se han sumado otros, como el realizado en la sede zaragozana del CERMI, al que ha asistido la Consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto; o la lectura del manifiesto que han hecho algunas asociaciones en sus propias sedes del Bajo Aragón.
