La Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) ha valorado este viernes la fiscalización de las ayudas a la reactivación realizada por el Tribunal de Cuentas en lo que a las ayudas a Infraestructuras municipales se refiere.
«Si bien el informe emitido por el Tribunal de Cuentas se circunscribe al ámbito del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) como sujeto objeto de fiscalización, desde los municipios mineros, dada la repercusión mediática y la confusión que se puede generar, consideramos necesario hacer unas aclaraciones al respecto», ha explicado en rueda de prensa el presidente, Mario Rivas.
Ha especificado que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los convenios firmados en tres periodos (1998-2005, 2006-2012 y 2013-2018). Al respecto ha aclarado que del primer plan, finalizado hace 15 años, se ejecutó un máximo del 53% de las ayudas; del segundo apenas se llegó al 20% de ejecución y que del Plan 2013-18, «a fecha de hoy, no hay ningún convenio firmado»,
«Una primera y reveladora conclusión, por tanto, sería que el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado principalmente las ayudas del plan 1998-2005, finalizado hace ya 15 años, y que ha existido una escasa ejecución de los Planes Mineros, lo cual pone en tela de juicio la efectiva reactivación prometida con estos fondos en nuestros municipios», ha dicho. «No por no haber gestionado bien o mal las ayudas, sino porque las ayudas no llegaron para poder gestionarlas«, ha incidido. Ha defendido que «lo poco que llegó», se ha empleado para «dignificar nuestros territorios con la dotación de unos servicios básicos y actuaciones de mejora en las infraestructuras». Se ha referido a saneamientos, restauraciones medioambientales, aceras, depuradoras… «Fueron obras y servicios que mientras en otros municipios españoles se financiaban desde la CCAA con fondos propios, en nuestros municipios se han hecho con fondos mineros, no existiendo una adicionalidad en las ayudas en nuestros territorios, concepto que desafortunadamente no trata el Tribunal de Cuentas en su informe», ha lamentado.
Con respecto a que el Tribunal de Cuentas aprecia una falta de Planificación Estratégica en las actuaciones, desde los ayuntamientos mineros han defendido ser conscientes de ello. «Tal situación ha sido reiteradamente advertida por ACOM ante los organismos competentes en la gestión de las ayudas. En relación a esto, desde 2018 estamos colaborando estrechamente con el Ministerio para la Transición Ecológica y las Comunidades Autónomas, al objeto de planificar y redirigir la gestión de los fondos hacia nuevos modelos de gestión estratégica territorial que garanticen una mejor dinamización de las economías locales, tanto en términos de desarrollo sostenible como en términos de creación de empleo, partiendo como base de la elaboración de Planes Estratégicos comarcales donde se impliquen a todos los agentes sociales que interactúan con el territorio», ha explicado.
En lo que se refiere a la «falta de criterio para la priorización de actuaciones» objeto de financiación y menciona en concreto a Asturias y Aragón, ACOM alclara que en Asturias se empleó como indicador para el reparto de los fondos municipales la población municipal según datos INE, a partir de la cual se calculaba un porcentaje de ayudas a recibir por ayuntamiento que posteriormente se aprobaba por unanimidad entre todos los alcaldes en la Comisión Ejecutiva de Acom. En Aragón, la influencia de los ayuntamientos en las decisiones de las Mesas Regionales de Fondos Mineros, era inexistente.
ACOM comparte con El Tribunal de cuentas la detección de defectos en la tramitación de procedimientos administrativos. «Desde ACOM España compartimos estas apreciaciones hechas por Tribunal de Cuentas, las cuales hemos denunciado de forma continuada. Para solucionar estos errores de tramitación, en la actualidad estamos colaborando estrechamente las tres Administraciones Públicas implicadas», han dicho.
